El diputado federal, Jorge Argüelles Victorero, propició una declaración “estúpida” sobre los sucesos violentos de la colonia “Antonio Barona”, al vincular a los ultimados con el crimen organizado.
Así lo anunciaron desde la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso. Ésta adujo que la espiral violenta continúa, por lo que se debe fortalecer la estrategia de seguridad. Pidió no guardar silencio y denunciar ante las instancias correspondientes. De lo contrario, se genera “incertidumbre”.
Se opuso al vicealmirante de la Comisión Estatal de Seguridad, quien, recién, dijo que no se puede prevenir el plagio.
En otro orden, sobre el juicio político contra el exgobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, ponderó que el procedimiento sigue su curso. Éste no está detenido, pese al amparo que asumió. Asimismo, acontece la misma situación con Jorge Michel Luna, extitular de la Secretaría de Hacienda, y Adriana Flores Garza, de la Contraloría del estado. Ya fueron notificados y tendrán que responder. Se les acusa de “detener” recursos (consensuados en el Congreso) por el orden de los 120 millones de pesos (iban hacia el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y la Fiscalía General del Estado, en el 2018).
En ese caso, aclaró que la instancia (Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción) sigue indagando.
Por otro lado, y en las postrimerías de la recepción (en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública) de las leyes de ingresos de los 36 municipios y el Poder Ejecutivo, ponderó que harán un análisis “meticuloso”, para impedir nuevos gravámenes.
Comisión de Trabajo, en retraso de 10 años
Por otro lado, la Comisión del Trabajo en el Congreso 54 está sumergida en un atraso “grave” de 10 años. Hay trámites de jubilaciones varados desde hace ocho, por ejemplo.
Así lo denunciaron diputados de ese organismo. Éstos agregaron que se trata de evidenciar las anomalías. “La corrupción no es cuestión de género”.
Asimismo, dijeron que afuera existen “coyotes”, quienes ofrecen agilizar los procesos de pensiones, lo cual es ilegítimo. Por ende, se harán acciones de actualización dentro de los próximos seis meses. La pandemia, agregaron, agudizó el atraso.