Además, vislumbraron deficiencias en Temoac y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos
En 2014, el Colegio de Educación Profesional Técnica estuvo ante una eventual omisión de: 11 millones
El Congreso local (a través del ente auditor) detectó “eventuales” irregularidades financieras en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y otras instancias, que oscilan, en general, en 33 millones de pesos.
En el caso del árbitro comicial, la cifra es de: 243 mil 45 pesos, “… lo que traerá consigo otras afectaciones no confiables y transparentes para su modificación a la cuenta pública”, dijo la asambleísta Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, en el Salón de Plenos.
En el mismo periodo: 2016, se dio cuenta que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos presentó un presunto déficit de 73 mil 700 71 pesos.
Además, en el 2014, el Colegio de Educación Profesional Técnica estuvo ante una eventual omisión de: 11 millones 792 mil pesos, en el rubro de “servicios personales”.
De igual forma, la congresista expuso que en el sistema DIF de Jiutepec, en el 2018, “se podría incurrir en una posible responsabilidad” por (“eventual omisión”) la cantidad de un millón 155 mil 338 pesos.
Sobre esa misma línea, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el ejercicio presupuestal del primero de enero al 31 de diciembre de 2018, se detectó una posible “omisión” en el orden de los 19 millones 595 mil pesos. “No se presenta el detalle de la misma”.
En torno al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, en el marco del ejercicio respectivo del 2018, las observaciones revelaron una posible “omisión” de un millón 80 mil pesos
En lo tocante al municipio de Atlatlahucan, en el 2017, se podría incurrir en una “responsabilidad” por el excedente de un millón 64 mil. Esto todavía fue percibido por el entonces titular, Vicente Loredo Méndez.
En cuanto a Temoac, en 2017, por el “pago de recargos y actualizaciones”, se adujeron: “311 mil 886”; 95 mil 234, “respectivamente”, que no corresponden al gasto público y, por ende, deben ser pagados “con recursos del peculio del funcionamiento público por las inconsistencias sobre el estado analítico y de egresos sobre la balanza de comprobación…”.
Lo anterior se produjo dentro de la reciente sesión del recinto, en “Guillermo Gándara”, en las inmediaciones de la central de abasto de la capital.