La diplomacia estadounidense eleva la presión sobre el agua de río Bravo. En México crece la tensión entre los agricultores y el temor a posibles sanciones como baza electoral de Trump
El reparto de las aguas fronterizas entre México y EE UU ha abierto un nuevo frente diplomático entre los dos vecinos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, recibió este fin de semana una carta del gobernador de Texas donde le pedía mano dura con México para que cumpla con el volumen de agua que debe entregar según las obligaciones de un antiguo tratado binacional. El conflicto escala así un nuevo peldaño y entra de lleno en el terreno político, con las elecciones presidenciales en EE UU en el horizonte y después de los disturbios hace dos semanas en la presa de La Boquilla, en el Estado de Chihuahua. Un grupo agricultores, que denuncian la falta de agua para sus cultivos, tomaron por la fuerza el control del embalse. Los enfrentamientos con la Guardia Nacional se saldaron con al menos dos muertos y varios heridos.
A lo largo de los más de 3.000 kilómetro de frontera, México y EE UU comparten dos grandes ríos, el Colorado al oeste y el Bravo al este. Un tratado binacional de 1944 regula los derechos y obligaciones de ambos vecinos. Estados Unidos debe entregar cada año 1.800 millones de metros cúbicos de agua del Colorado, mientras el Gobierno mexicano debe ceder 2.200 millones de metros cúbicos del Bravo cada cinco años. Pese estar obligado a entregar menos volumen, tradicionalmente México ha tenido problemas para ir cumpliendo con sus compromisos a tiempo, acumulando retrasos y deudas, sin mayores consecuencias hasta ahora por parte de la Administración estadounidense.
Tras heredar la deuda acumulada durante el final del sexenio de Felipe Calderón y principio de Enrique Peña Nieto, México debe pagar antes del 24 de octubre todavía 319 millones metros cúbicos. Y esta vez, desde el norte le está apretando las tuercas. Antes de la carta del gobernador republicano de Texas, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dejado ver entre líneas que la presión es cada vez mayor.
En julio, las demandas de los productores de Chihuahua ya iban en aumento. El Gobierno mandó a la Guardia Nacional y el presidente mexicano se comprometió a garantizar el agua para sus cosechas durante este año. Además, López Obrador deslizó la importancia de no entrar en ninguna guerra diplomática con el vecino del norte: “Tenemos que cumplir en octubre el acuerdo, en noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Si uno toma de bandera que no cumplimos con los acuerdos, empiezan a exigir que haya represalias y nos cierren la frontera con aranceles”.
El presidente mexicano continúa así con su política de brazos abiertos hacia Trump como una medida de contención a la amenaza de que EE UU recupere la estrategia del palo y la zanahoria. “Desde la llegada de Trump a Casa Blanca en 2016, las demandas dentro de la Administración para que se endurezcan los términos del tratado de 1944 han ido creciendo. Hasta el punto de que ahora mismo han trascendido el ámbito local y se han convertido ya en un tema electoral al igual que la migración o el tráfico ilegal en la frontera”, apunta Jesús Gallegos Overa, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Las probabilidades de que Trump fuerce un endurecimientos de los términos del tratado son remotas. El propio texto legal establece que el siguiente plazo para su revisión es 2026, lejos incluso del horizonte de una reelección del magnate republicano. Pero lo que sí puede suceder es que utilice el conflicto de las aguas fronterizas como un nuevo ariete electoral, agitando el fantasma del victimismo y blandiendo castigos en forma de aranceles. No obstante, Texas es uno de sus graneros de voto y, en concreto, los empresarios blancos del campo sureño.
De seguir aumentando la presión diplomática, las aguas fronterizas podrían convertirse en un nuevo quebradero de cabeza para México, como ya sucedió con el verano pasado, cuando Trump consiguió que su vecino del sur blindara su política migratoria con la militarización de la frontera a cambio de que EE UU retirara la amenaza de imponer aranceles. Se acerca la batalla electoral por la Casa Blanca y México se prepara ya para intentar amortiguar los golpes que vendrán del bando republicano. El último amago fue el miércoles pasado, cuando Trump amenazó con sancionar a México sino “hace más” en la lucha con el narcotráfico.
La tensión creciente en Chihuahua también tiene una lectura en clave de política nacional. López Obrador ha acusado que detrás de los disturbios de los productores locales está el gobernador del Estado, Javier Corral, del derechista PAN. “La zona norte es panista y esto propicia que se mezclen intereses partidistas. Pero no se puede negar que existe un problema y una preocupación legítima por parte de los productores agrícolas chihuahuenses”, sostiene Víctor Quintana, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Entre los cuatro Estados norteños que deben ceder aguas del río Bravo, Chihuahua es el único que a su vez no recibe agua estadounidense vía el Río Colorado. Además, es el responsable de aportar más de la mitad del volumen total en un contexto de dura sequía -este verano ha registrado temperaturas de hasta 45 grados-, porque cuenta con el mayor afluente del Bravo, el río Conchos. “Esta cuenca es particularmente vulnerable por los graves problemas de deforestación que ha provocado la crecida del urbanismo. En 1944 no existía un crecimiento de las ciudades como el actual ni, sobre todo, la presión del cambio climático”, apunta Helena Cotler, investigadora del centro Geo, dependiente del Conacyt. Según un reciente informe de su centro de estudios, la cuenca del río Conchos sufrirá, en el escenario conservador, un aumento en la temperatura del aire de dos grados hacia finales del siglo XXI, así como un incremento en la evaporación potencial de hasta un 7%.
Los productores chihuahuenses temen no tanto por los cultivos de este año, ya que el presidente les garantizó el abasto de agua durante esta temporada, sino por los de los próximos años. La Guardia Nacional, a cargo provisionalmente de los tres embalses en la zona, está abriendo las puertas de las presas para ceder el agua a la parte estadounidense. “Esto está generando mucho nerviosismo entre los productores -añade Quintana- porque las entregas nunca se habían hecho así, sino por medio de agua pluvial. Temen al desabasto futuro, además de afirmar que ellos ya han pagado su cuota pero que Conagua [la entidad federal responsable] no ha utilizado ese agua para cargar la deuda con EE UU sino para las siembras de riego en Tamaulipas”.
Las reservas de agua en presas internacionales en México se encuentran en mínimos históricos según datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Muchas voces anticipan ya que México no será capaz de cumplir con su deberes de entrega el 24 de octubre. El escenario más probable parece ser un aplazamiento del pago, una variante permitida en el Convenio que ya ha sucedido en otras ocasiones y que concentra muchas de las quejas del lado estadounidense. Habrá que esperar también para confirmar si Trump, atado por los plazos legales, saca de nuevo el bazuca comercial para presionar a su vecino y sacar tajada en tiempos de elecciones.