A un año de su creación, esta corporación federal es cuestionada por su actuación en tareas de seguridad pública en el país, entre lo más reciente se encuentra su relación con la muerte de una civil en un enfrentamiento entre pobladores y guardias nacionales por el conflicto en la presa La Boquilla
A un año de su creación, la Guardia Nacional es cuestionada por su actuación en tareas de seguridad pública.
El encargo de la seguridad pública a militares y marinos en la por parte del Gobierno federal y administraciones anteriores sigue generando violaciones a los derechos humanos.
Cifras del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos muestran que durante el primer semestre de 2020 la CNDH recibió 484 denuncias sobre la actuación de las autoridades federales en materia de seguridad pública
Uno de los hechos más recientes en donde se reprueba el actuar de las Fuerzas Armadas ocurrió a inicios de septiembre cuando una mujer falleció en una riña con elementos de la Guardia Nacional en la presa La Boquilla, ubicada en Chihuahua.
El enfrentamiento entre civiles y elementos del cuerpo federal ocurrió por el control de la presa donde ganaderos y agricultores exigieron el cierre de las válvulas, y con ello impedir que continúe la entrega de agua a Estados Unidos.
La Guardia Nacional informó que el percance se suscitó mientras los elementos trasladaban a tres detenidos por tener granadas de gas lacrimógeno. Los guardias fueron interceptados por civiles armados en varios vehículos, quienes los agredieron con armas de fuego.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 18 de septiembre, el comandante de la Guardia, Luis Rodríguez Bucio, confirmó que uno de sus elementos disparó por accidente contra la mujer.
Bucio calificó el hecho como un “desgraciado, lamentable accidente”, y aseguró que se llevan a cabo las investigaciones para conocer a fondo lo sucedido a cargo de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua.
Sin embargo, lo sucedido en esa entidad del norte no es el primer hecho en el que se lamenta la actuación de la corporación.
A principios de año, la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM junto con el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y demás organizaciones defensoras de los derechos humanos de migrantes, le recordaron al Gobierno de México que la Guardia Nacional se creó para la seguridad pública y la persecución de delitos, no para realizar acciones que solo competen al Instituto Nacional de Migración (INM).
La exigencia de dichos organismos se dio luego de un operativo instrumentado por la Guardia para desarticular la caravana migrante en donde hubo “actos de intimidación, hostigamiento y persuasión”, así como “abuso de la fuerza” y “uso indiscriminado y dirigido de gas pimienta, sin considerar la presencia de niñas, niños y bebés”.
En entrevista, Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), explica que el abuso de derechos humanos que las Fuerzas Armadas ejercen contra la sociedad se debe a que están entrenadas para combatir La CNDH recibió 484 denuncias sobre la actuación de las autoridades federales en materia de seguridad pública durante el primer semestre de 2020 a un enemigo y no a la prevención e investigación del delito.
“Hay dos formas de hacer seguridad: ciudadana y nacional. En la primera las fuerzas como policías están al servicio de los ciudadanos y el objetivo es proteger la seguridad física y bienes de las personas. De la seguridad nacional se encargan Ejército y Marina porque están para repeler agresiones y asegurar los bienes del Estado, por ello los elementos castrenses están acostumbrados a hacer patrullaje y operativos que a veces son con uso de la fuerza”, explica.
De acuerdo con Bucio, en la actualidad 96 mil 567 elementos integran la Guardia Nacional, de los cuales el 85 por ciento están desplegados y 15 funcionan como apoyo en las operaciones que realiza.
“La Guardia es apoyada todavía por personal de la Sedena con mil 200 elementos, los cuales están desplegados principalmente en la Ciudad de México; Semar también continúa el apoyo con 231 elementos en labores de seguridad pública, principalmente en los puertos”, detalló el comandante.
En cuanto a reclutamiento, Bucio comentó que se tiene la misma meta de 2019 a 2021 que son 50 mil elementos. “Se cumplió la meta el año pasado y en el 2020 llevamos un 67 por ciento”, dijo.
Los riesgos de la participación castrense en la Guardia Nacional
Para Lisa Sánchez resulta preocupante que la mayoría de los elementos que conforman la Guardia sean militares y marinos y no policías civiles pues se corre el riesgo que operen con un uso de la fuerza excesiva.
Desde el colectivo Seguridad Sin Guerra se ha hecho hincapié en que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para hacer labores de policía adicionales a su trabajo, una de las razones es que son demasiado móviles, es decir que pueden estar en un territorio y dos meses después en otro y no hay necesariamente un arraigo y pertenencia a la comunidad, no logran conocer las dinámicas delictivas y por ende no pueden prevenir el delito de ciertas comunidades
- Lisa Sánchez
Directora general de MUCD
El segundo riesgo que detecta la directora de MUCD con una Guardia Nacional militarizada es que en materia de seguridad se les adjudicó 14 funciones que antes eran de la Policía Federal, entre ellas prevención del delito.
“Con base en la ley, no se le da las mismas competencias a soldados y marinos que están vestidos de Guardia contra los que no, por ejemplo, un marino adscrito a la Guardia sí puede detener y llevar al presunto delincuente ante el Ministerio Público pero si no lo está, estaría violando el debido proceso. Con esto se cae en una confusión de funciones y se termina mermando la efectividad de investigar, prevenir y sancionar el delito”, enfatiza.
El otro punto preocupante, de acuerdo con Sánchez, es que una Guardia con elementos castrenses puede mantener una estrategia de patrullajes y operativos permanentes contra la delincuencia lo cual podría aumentar la violencia homicida en las comunidades.
Para lograr que los militares dejen de hacer labores de seguridad pública y violaciones a derechos humanos, Lisa Sánchez insiste en la necesidad de contar con planes de profesionalización y desarrollo policial.
“Lo mínimo que se debe hacer es ocupar estos cuatro años que quedan del sexenio para formar policías profesionales, que sean efectivos y que cuenten con salarios adecuados para así poder hacer un retiro gradual de militares”, comenta.
Por último, la directora menciona la importancia de tener transparencia y rendición de cuentas en investigaciones contra dichos elementos como en el caso de Chihuahua y que se investigue en el fuero civil y no por autoridades castrenses al interior del propio Ejército para así evitar que se repitan los hechos.