El saqueo de joyas, los contratos leoninos y la corrupción colman la paciencia del director de una institución emblema para la Administración de López Obrador
¿Quién robó al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep)? Esa es la pregunta que ha provocado estupefacción y asombro en México. El órgano encargado de convertir en política social para los más pobres los antiguos despilfarros gubernamentales y los tesoros decomisados al narcotráfico es presa del saqueo de sus propios trabajadores, del desfalco por las malas gestiones y de contratos amañados que amenazan con llevarlo a la quiebra. El rosario de anomalías ha sido destapado por su propio director, Jaime Cárdenas, en una explosiva carta de renuncia que ha dinamitado esta semana el último escándalo en la Administración de Andrés Manuel López Obrador. Mientras el presidente ha desacreditado públicamente a uno de sus colaboradores más fieles, los ecos de joyas robadas, bóvedas arrasadas y subastas manipuladas manchan la reputación de una de las instituciones insignia del Gobierno.
Cárdenas expuso cómo se perpetraban los hurtos en su carta de dimisión. Tras el decomiso de joyas a la delincuencia, la Fiscalía General de la República (FGR) enviaba las piezas al Indep para ser resguardadas y eventualmente subastadas. Entraba un brazalete de oro blanco de 14 quilates con 37 incrustaciones de rubíes a la bóveda del Instituto y tiempo después salía otro con solo 33 incrustaciones. Llegaba un collar de oro blanco con chispas de diamante y aparecía roto y con falsificaciones de piedras preciosas, seis gramos más ligero que como se había entregado originalmente. En total son 23 joyas dañadas según una denuncia presentada a la Fiscalía y cuyos detalles se han filtrado a la prensa.
El director del Instituto, que dejará su cargo este mes y será sustituido por el director de la Lotería, Ernesto Priego, señaló que los robos pudieron haberse cometido por los propios empleados en contubernio con las empresas que resguardaban y alquilaban los almacenes. Las mismas compañías que, según Cárdenas, han cerrado contratos multianuales que amenazan las finanzas del Indep. El plan de adquisiciones, arrendamientos y servicios para 2020, elaborado por el predecesor de Cárdenas, Ricardo Rodríguez, da cuenta de un gasto proyectado de casi 1.803 millones de pesos (más de 80 millones de dólares). Prácticamente la mitad, 900 millones, se gastaba en contratos para resguardar bienes muebles como las joyas. “Todo esto puede entrañar actos de corrupción millonaria”, dijo Cárdenas en una entrevista con el periódico Reforma. “Este fue un hecho que debió haber sido denunciado por el anterior director”, agregó sobre el robo de joyería, aunque aseguró que “no tenía elementos” para señalar directamente a su predecesor.
“Automóviles, ranchos, residencias, dinero en efectivo, todo se le va a devolver a la gente”. Así anunció López Obrador la creación del organismo en mayo de 2019, que no se constituyó formalmente hasta enero de este año. La promesa del presidente fue transparentar las confiscaciones a la delincuencia y convertir las incautaciones en recursos para programas sociales.
En realidad, México ya tenía un organismo encargado de gestionar las incautaciones y subastarlas, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que dependía de la Secretaría de Hacienda. La oposición calificó de populista el cambio de membrete del SAE. El bloque gobernante defendió el cambio de nombre porque era mejor describir con claridad las funciones del instituto.
El Indep también administra varios tipos de bienes. Desde edificios gubernamentales hasta liquidaciones de empresas públicas. Esta herencia del antiguo SAE amenaza con llevarlo a la quiebra. Su constitución fue acompañada de una reforma a la extinción de dominio, el marco legal que permite al Gobierno apropiarse de las propiedades recuperadas por las fiscalías y las policías que después son subastadas. “La figura no quedó bien diseñada y en la práctica es inoperante para combatir a la corrupción”, afirma Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
Las confiscaciones al crimen antes tenían que destinarse a reparar el daño de las víctimas. Un cambio legal permite ahora que parte de los recursos sean canalizados a secretarías del Gobierno como Bienestar, Salud, Gobernación, Hacienda y Educación. El Gabinete Social tiene dos opciones para destinar el dinero: políticas sociales y políticas prioritarias. “Estamos hablando de un presupuesto paralelo que se gasta cómo les da la gana, sin pasar por el Congreso”, señala Miguel Alfonso Meza, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
“El problema más grande del Indep no solo es tener una administración poco aseada, sino la discrecionalidad en el destino de los recursos, si no hay total transparencia, se corre el riesgo de convertirse en una caja chica”, apunta Bohórquez. En 2019, el instituto recaudó en subastas 1.022 millones de pesos, lejos de la meta de 1.200 millones planteada por López Obrador y mucho menos de los 1.696 millones conseguidos en 2018. Según datos oficiales, tan solo en 2015, el Gobierno obtuvo casi ocho veces más que el año pasado: 8.075 millones de pesos. Para este año, el Indep ha reunido en subastas 542 millones de pesos hasta el 10 de mayo. A estos deberán sumarse casi 170 millones de cinco “subastas solidarias” que no entraron en el último corte.
De acuerdo con la versión de Cárdenas, López Obrador estuvo enterado de sus preocupaciones al menos desde julio, cuando le envió un primer informe mensual. “Me escuchaba y me decía 'adelante”, reveló el funcionario, que propuso el despido de 78 empleados como parte de una limpia a la institución. Su partida, sin embargo, ha retratado el estilo de López Obrador, con quien a menudo chocaba al calificarle de demasiado “académico” y por rehusarse a reestructurar el Indep sin apego a las leyes. “Ellos creían que yo iba a tener una obediencia total y ciega a lo que me dijeran”, aseguró Cárdenas.
“Es más que nada un tema politiquero”, aseguró el jueves López Obrador, que ha tundido a Cárdenas ante cada pregunta de la prensa. “Tiene razón, pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación (…) es lealtad al pueblo, no a mi persona”, dijo el mandatario. A ocho meses de su creación, el Indep ha tenido dos directores. Rodríguez, que dejó la institución en junio sin que se aclararan públicamente los motivos, ha dicho que las denuncias de Cárdenas se sustentan en suposiciones y que su gestión fue auditada. “Tengo las manos limpias”, aseguró.
La corta vida del instituto ha estado marcada por la teatralidad. En febrero, a la usanza de los programas de concurso, el fiscal general, Alejandro Gertz, entregó un cheque por 2.000 millones de pesos al Indep en una de las conferencias de prensa presidenciales. Lejos de un premio se trataba de una obligación de ley, aunque la institución todavía no ha podido ejercer los recursos. En mayo se anunció la venta en 49 millones de pesos de una mansión de 3.375 metros cuadrados de Amado Carrillo Fuentes, un famoso narcotraficante conocido como El señor de los cielos. El Instituto también financió el 15 de septiembre los premios de la rifa “simbólica” del avión presidencial.
El divorcio de Cárdenas con la Administración puede convertirse en el capítulo más recordado del instituto. Una decena de denuncias administrativas y “dos o tres” penales contra los empleados manchan la reputación de un emblema de la autodenominada Cuarta Transformación. “Es como en una pareja, donde una parte tiene una expectativa de la otra y esas expectativas al final no son satisfechas”, explicó el funcionario en una entrevista. “Me quiero ir como en los matrimonios, en paz”, concluyó.