CIUDAD DE MÉXICO.- Empresas fantasma que sirvieron al narco también ordeñaron programas gubernamentales en el sexenio de Enrique Peña.
Un ejemplo de ello son los fondos del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft) donde la red de empresas ilegales acaparó más de 150 millones de pesos, tan sólo en Nuevo León.
La operación incluyó compañías creadas al vapor, con prestanombres involuntarios, y algunas que desaparecieron una vez que recibieron los apoyos y otras que todavía figuran en las listas de empresas sospechosas del SAT.
De 2013 a 2018, el Prosoft -creado en el sexenio de Vicente Fox- repartió 3 mil 318.2 millones de pesos en 29 entidades de la República, incluyendo a personas físicas y morales, ya sea públicas o privadas.
Tan sólo en Nuevo León se distribuyeron 337.9 millones de pesos durante todo el sexenio de Peña Nieto, entre 122 empresas, 13 personas físicas y 14 asociaciones civiles e instituciones educativas, según listados obtenidos por Grupo REFORMA.
Varios de los prestanombres resultaron vecinos de colonias populares de Nuevo León, como Valle Verde, Ciudad Solidaridad y La Moderna, en Monterrey; Metroplex, en Apodaca, y Santa Martha, en Escobedo, quienes no sabían que figuraban como “accionistas” o representantes de las compañías.
REFORMA y MCCI publicaron ayer que el SAT investiga por defraudación fiscal y lavado de dinero a una red de al menos 45 empresas fantasma que fueron usadas por cabecillas de Los Zetas en Nuevo León, así como la Administración de Peña y varios Gobiernos estatales.
Dichas empresas fueron detectadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por operaciones sospechosas.
En Nuevo León, de acuerdo con una investigación realizada por Grupo REFORMA, existen al menos ocho redes de sociedades anónimas que acapararon 152.8 millones de pesos, equivalentes al 45 por ciento del total.
La más grande de esas redes incluye a 33 compañías que se van entrelazando unas con otras por medio de sus socios, representantes, apoderados, comisarios y familiares.
En otros casos se trata de grupos de entre dos y 11 firmas. Entre las empresas fantasma hay 13 que fueron liquidadas o disueltas después de la autorización de apoyos. Por ejemplo, SP Sultana se creó en el 2015, recibió 2.4 millones de pesos del Prosoft en el 2016 y ese mismo año fue disuelta.