Juicio a ex presidentes
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó constitucional la materia de la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, modificó la pregunta y los nombres de los cinco ex presidentes por “actores políticos”.
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Tras una discusión de más de dos horas y media, el ministro presidente Arturo Zaldívar y sus compañeros Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron a favor de la consulta.
Es decir, en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien propuso declarar inconstitucional el ejercicio ciudadano. En contraste, Fernando Franco Salas, Jorge Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña y Javier Laynez Potisek votaron a favor.
“La justicia no se consulta, los jueces no son nombrados para ganar popularidad. Yo no tengo duda de lo que significa la participación de la sociedad y creo que eso no está a discusión, hay muchas formas de consultar a los ciudadanos”, señaló Laynez Potisek al manifestarse contra declarar constitucional la consulta para enjuiciar a los ex presidentes.
Su par Norma Lucía Piña argumento en contra que la Corte no puede modificar el objeto de la consulta y que era una atribución exclusiva del Congreso: “Mi responsabilidad es no ceder a más presiones que las que provienen de mi mandato”.
Por su parte, el ministro presidente descartó que esta consulta ciudadana implique una “exposición mediática estigmatizante” y enfatizó que la Corte no puede coartar el derecho a la participación democrática “a la ligera”, por lo que pidió darle un sentido “verdaderamente democrático” al mecanismo de consulta.
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Destacó que la materia de la consulta no asume que las personas que menciona son responsables ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad, sino que busca conocer simplemente si la ciudadanía está de acuerdo con que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen su presunta responsabilidad en la comisión de delitos, conforme a las leyes y los procedimientos aplicables.
“Puede funcionar como un instrumento para acercar la política criminal a la sociedad, y con ello generar insumos que permitan a los órganos de la democracia representativa diseñar un derecho penal más democrático, incluyente y verdaderamente cercano a los intereses y preocupaciones de la ciudadanía.
“Esto no significa que la justicia penal deba quedar a merced de la opinión pública. Como en cualquier Estado democrático y constitucional de derecho, la voluntad popular —especialmente en el ámbito del derecho penal— tiene límites, y en ningún caso puede pasar por encima de los derechos fundamentales“, subrayó.
CAMBIO A PREGUNTA
De acuerdo con fuentes consultadas por MILENIO, la pregunta aprobada es tan abierta que incluye a todos los funcionarios electos por voto popular, como alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y presidentes de la República.
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Incluso secretarios y ex secretarios de Estado que, por no gozan de fuero, pueden ser juzgados en cualquier momento; quedarían fuera el fiscal general de la República, jueces, magistrados, ministros, autoridades judiciales y electorales.
La pregunta que definió la Corte quedó así: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”.
Mientras que la presentada por López Obrador fue: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
El ministro González Alcántara Carrancá advirtió que si el Presidente no está de acuerdo con la nueva redacción puede desistirse de la petición de dicha consulta popular.
PRIMER DOMINGO DE AGOSTO
El Senado iniciará la próxima semana el proceso legislativo una vez que la Corte le haga la notificación correspondiente, para la cual tiene una plazo de 24 horas, es decir este viernes.
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Se prevé que la consulta popular se lleve a cabo en agosto ya que el artículo 35 de la Constitución indica que estos ejercicios populares deben aplicarse el primer domingo de agosto, por lo que será el 1 de agosto de 2021.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que se actuará con sensatez y prudencia. “No les quede ninguna duda, la mayoría legislativa en el Senado actuará con sensatez y prudencia para continuar el trámite legislativo que la Constitución y la ley determinan”, expresó en un video difundido en redes sociales.
En tanto, Damián Zepeda, senador del PAN, señaló que la “la Corte se subordinó al presidente de la República... yo lo veo como una manipulación política a la cual se sumó la mayoría de la Suprema Corte, tristemente para este país”. El coordinador Mauricio Kuri señaló que “juzgadores deben atender el principio de que la aplicación de la ley no se somete ni a parecer ni a concurso ni a subasta”.
Con información de: Silvia Arellano, Jannet López y Eduardo de la Rosa.