El Ejecutivo anuncia un plan de infraestructura mientras el sector privado alerta de la parálisis en la concesión de permisos y de nuevas restricciones a la generación eléctrica
El plan de infraestructura presentado el lunes marcaba “un punto de inflexión” y un “mensaje de unidad” entre los sectores público y privado en medio de la peor crisis económica en décadas. El pacto fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tres secretarios de Gobierno y un nutrido grupo de empresarios. Un día después, sin embargo, las autoridades aprobaron nuevas restricciones a la generación eléctrica privada. La contradicción expone el corsé del talante pro inversor de la Administración, que ha buscado limitar la participación empresarial en el ámbito energético, clave para la economía mexicana, y ha entorpecido la entrada en operación de proyectos millonarios. El plan recién anunciado, dicen expertos y fuentes de tres grandes empresas del sector, es insuficiente para recuperar la confianza y animar una inversión que está prácticamente detenida.
El paquete, de casi 300.000 millones de pesos (14.000 millones de dólares), prevé el desarrollo de 39 proyectos de infraestructura. De estos, cinco son energéticos: obras de construcción y de rehabilitación por un monto de 99.000 millones de pesos, relacionadas principalmente con Pemex, la endeudada petrolera estatal. Hay, por ejemplo, una planta coquizadora para procesar el crudo pesado de la refinería de Tula, una obra que lleva años paralizada. En sentido opuesto, el Fondo Monetario Internacional aconsejó este martes al Gobierno posponer, hasta que sean rentables, los planes para aumentar el poder de refinación de Pemex y construir nuevas refinerías como la de Dos Bocas en el Estado de Tabasco.
La lista final de obras es relevante tanto por lo que incluye como por lo que no. El paquete no contempla generación eléctrica de parte de privados o inversión en energías limpias. Tampoco hay rastro de las subastas eléctricas de largo plazo, principal palanca del boom renovable en México. En las tres convocatorias organizadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se comprometió una inversión de unos 170.000 millones de pesos, más que el valor de los cinco proyectos recién anunciados, apunta el consultor Paul Alejandro Sánchez. “Todo lo que el Gobierno considera que pueda debilitar a las empresas del Estado queda fuera. Más que un plan de infraestructura es un programa de adquisiciones que responde a lo que necesita Pemex”, dice.
El contenido del paquete es coherente con la política de “soberanía energética” del Gobierno. Las autoridades quieren reforzar las empresas paraestatales, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar la participación privada al actual 46% de la producción eléctrica total. Lo están haciendo mediante una serie de cambios regulatorios, sin alterar el marco legal, aunque el presidente reconoció hace dos semanas que baraja la posibilidad de ir un paso más allá y reformar la Constitución para apuntalar el giro.
Apenas un día después del anuncio del plan de infraestructura, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un organismo del Gobierno con autonomía técnica, aprobó un cambio al esquema de autoabasto por el que decenas de plantas privadas abastecen a comercios y fábricas. Un 57% de la capacidad eólica del país, ya sea instalada o en construcción, forma parte de estas asociaciones, según datos de la industria. El Gobierno y la CRE consideran que la normativa anterior permitía la incorporación ilimitada de nuevos socios y centros de carga, lo que provocó “una distorsión en el mercado”. El regulador bloqueó el martes esa posibilidad. Es decir, si un socio decide abrir una nueva tienda o fábrica o necesita más energía en alguna de las ya existentes estas no podrán suministrarse a partir del esquema original.
La medida resta flexibilidad y rentabilidad a este mecanismo y refuerza la posición de CFE como alternativa de suministro. “La CRE aprueba nuevamente medidas instruidas por CFE que van contra la inversión privada”, escribió en su cuenta de Twitter Julio Valle, portavoz de la industria eólica. Esta acción motivará, señalan fuentes del sector, una nueva ronda de demandas de amparo ante los tribunales, que se sumarán a las más de 200 ya presentadas por acciones anteriores y que han llegado incluso a la Suprema Corte de Justicia.
La decisión de la CRE llega dos semanas después de una reunión con el Gobierno, en la que supuestamente se pidió a los reguladores del sector energético que no otorgaran más permisos a privados, según publicaron varios medios. El consultor Severo López-Mestre opina que el Ejecutivo manda mensajes contradictorios: “Es muy difícil que en una conferencia como la del plan de infraestructura se dé una señal de confianza si en dos días se vuelve a escuchar que hay demasiados permisos de generación. Muchas de las medidas violan los principios de competencia económica”. El responsable de una de las principales empresas renovables critica la falta de certidumbre. “El sector privado en energía no quiere listas de proyectos, sino un entorno de reglas claras y competencia económica”, apunta.
Inversiones millonarias paralizadas
La parálisis administrativa ha frenado la entrada en operación de varias plantas. Iberdrola tiene una central de ciclo combinado, con 1.000 millones de dólares de inversión, detenida por un desacuerdo con la CFE sobre el suministro de gas. Otra empresa líder, que ha hablado con este periódico a condición de no revelar su identidad, tenía previsto instalar 1.500 MW en los próximos años, ambición que ha mandado al congelador. Tres de sus plantas eólicas arrastran retrasos de carácter administrativo que frenan su entrada en operación. Están a la espera de la luz verde de la CRE. “Sí se han estado otorgando permisos a lo largo del año incluso con la covid. El órgano de gobierno ha sesionado vía remota”, responden fuentes del organismo.
Una de las centrales detenidas está ubicada en Tamaulipas y tiene una capacidad de 103 MW y 150 millones de dólares en inversión. Es producto de la segunda subasta eléctrica y puede cubrir las necesidades anuales de 85.000 hogares. Ha pasado todas las pruebas y tenía previsto entrar en operación en marzo, al inicio de la pandemia. La empresa pidió a las autoridades que se retrasara la fecha a septiembre por causas de “fuerza mayor”, una posibilidad contemplada en el contrato con la CFE. Medio año después de la solicitud, la CRE todavía no le ha aprobado la modificación. “Estamos en un limbo; no sabemos cuándo podríamos tener ese permiso”, dice un responsable de la compañía.
No es el único problema que enfrenta la empresa. Tres centrales que forman parte de un complejo eólico en Coahuila, con una inversión aproximada de 700 millones de dólares y 550 MW, se han topado con otros muros. Dos de ellas están detenidas por una aparente falta de coordinación entre dos ramas de la eléctrica paraestatal, según cuentan fuentes de la empresa. Como parte del contrato de interconexión con CFE Transmisión, la filial encargada de transportar la electricidad, la compañía tiene que hacer trabajos millonarios de refuerzo en infraestructura que está en terrenos de CFE Generación, la rama que produce energía. “No nos deja entrar a sus terrenos para ejecutar esas modificaciones porque dicen que somos competidores. Y no podemos iniciar operación porque no hemos terminado esas obras”, apuntan directivos de la empresa. “Llevamos un año y nueve meses tratando de reunirnos. No sabemos cómo lo vamos a resolver”