Durante su gestión como funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y dos de los más cercanos colaboradores de Rosario Robles, Emilio Zebadúa –quien con sus hermanos gastó 142 millones de pesos en pago a tarjetas de crédito y casinos– y Ramón Sosamontes se benefició con el otorgamiento de contratos a través de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual, por lo que ambos fueron denunciados ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019, las indagatorias realizadas en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Seido identificó un esquema elaborado por servidores públicos del gobierno federal a través del cual se fondearon cuentas de personas físicas sin razón aparente; en tal sentido, se conoció que Emilio Zebadúa, como servidor público adscrito a la Sedesol y posteriormente se desempeñó también en la Sedatu, en ambos casos como oficial mayor, bajo el mando de Rosario Robles Berlanga, fue beneficiado con recursos de manera indebida.
En ese contexto se descubrió que Zebadúa fue apoderado en dos cuentas concentradoras de la Sedatu, mediante las cuales se fondearon inversiones de personas físicas con al menos 16 millones 385 mil 899 pesos.
Se identificó que Emilio Zebadúa junto con sus hermanos José y Lourdes, "erogaron recursos que ascienden a aproximadamente 142 millones de pesos por concepto de tarjetas de crédito y gastos en casinos, lo cual sale de su perfil transaccional, por lo que se infiere que tales cantidades de activos pudieran provenir de actos de corrupción" realizados en Sedesol y Sedatu.
Se descubrió también que Ramón Sosamontes, quien se desempeñó como jefe de oficina de Rosario Robles Brelanga, al mismo tiempo era socio de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual, y a esa compañía el gobierno federal le adjudicó contratos cuando la ahora ex secretaria de Estado estuvo al frente de ambas dependencias.
Las auditorías detectaron depósitos por 76 millones 926 mil 68 pesos y retiros por 137 millones 708 mil 832 pesos, además de 470 mil 865 pesos, y ante esas circunstancias se presentó la denuncia de la UIF y la Seido desahogó la carpeta de investigación a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y ya se judicializó el expediente contra los involucrados.