Roberto Sandoval se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, se le ha visto en los estados de Jalisco y Nuevo León
El 4 de noviembre, un Juez de Control liberó una orden de aprehensión contra el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones; el exfuncionario se encuentra prófugo.
La Fiscalía General de Nayarit informó que ya se giró un oficio de colaboración a la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR); así como la emisión de alertas migratorias y una solicitud de ficha roja de Interpol para su búsqueda y detención.
El actual estatus de Sandoval Castañeda es de prófugo de la justicia, por los delitos cometidos en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES).
Según la Fiscalía, trabajos de inteligencia revelaron que el exfuncionario ya no se encuentra en Nayarit; y que en los últimos días fue visto en Jalisco y Nuevo León. Además, ya tiene conocimiento de la orden de aprehensión en su contra.
Según fuentes del gobierno del estado, Roberto Sandoval podría encontrarse en un penthouse de San Pedro Garza García, en Nuevo León.
Sus propiedades serán utilizadas como reparación del daño
En cumplimiento de un amparo, este viernes la Fiscalía reiteró el aseguramiento de los bienes inmuebles del acusado, de los que se manifestó dueño y se acreditó como destinatario final aunque están a nombre de testaferros.
Además, ordenó tomar la depositaría de los mismos para ponerlos a disposición del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Nayarit “para continuar la ruta legal y entregarlos a la hacienda pública y al pueblo de Nayarit como reparación del daño”.
En los próximos días, la Fiscalía terminará la investigación en diversas carpetas para reforzar los esfuerzos de captura y llevarlo ante un juez que dictamine su situación legal.
Por los delitos derivados en la orden de aprehensión vigente, Roberto Sandoval podría obtener una sanción de hasta veinte años en prisión, inhabilitación y reparación del daño por alrededor de 20 millones de pesos.