Los hechos ocurrieron tras la conferencia presidencial del 4 de marzo de este año, en la cual afloraron las diferencias entre quienes han ejercido el oficio periodístico desde hace muchos años y quienes recientemente se han presentado como tales, aunque en realidad son exfuncionarios públicos, y exempleados de políticos, líderes o grupos partidistas
Una “chicana” de los ministerios públicos Janet Chavarría Gutiérrez y Nahúm Pedro Zárate provocó que se pospusiera la audiencia inicial del caso en el cual el reportero de esta casa editorial: Daniel Blancas Madrigal, es acusado de “amenazas” por el exfuncionario público de la delegación Tláhuac: Hans Salazar Castañeda.
Al iniciar la audiencia, los MP citados, adscritos —de manera paradójica— a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión? (FEADLE), informaron al juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez que, de última hora, habían incorporado nuevas evidencias a la carpeta de investigación, sin haberlas compartido a la contraparte.
Este modo de operación había sido utilizado ya en otras partes del proceso, pues Blancas Madrigal jamás fue citado a declarar ni conoció del caso hasta la noche del 4 de noviembre, cinco días antes de la audiencia original pactada para el 10 de noviembre, y la cual se pospuso finalmente para el día 24, pues el MP jamás pudo acreditar ante el juez la notificación en tiempo y forma.
—¿Es mucha información? —preguntó el juzgador ayer.
—No, es poca —respondió Pedro Zárate, por lo cual Ramírez Benítez decidió decretar un receso de 20 minutos, ordenó al MP enviar las fojas aludidas y permitir así la revisión de los abogados defensores.
Sin embargo, Chavarría Gutiérrez y Pedro Zárate enviaron el archivo ya cuando había transcurrido el lapso del receso, sin oportunidad para su análisis.
Al reanudar la audiencia, un auxiliar del juzgado refirió que se trataban de 250 fojas, por lo cual el juez argumentó la importancia de conocer sus detalles y difirió la audiencia para el próximo 11 de diciembre.
La defensa de Blancas Madrigal se conforma de los connotados abogados Alberto Woolrich Ortiz, del despacho Woolrich y Asociados, y presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, así como Daniel Vergara, del despacho Vergara y Asociados, y miembro del Colegio Nacional de Abogados “Foro de México”.
“Nosotros estábamos listos para la audiencia, con argumentos jurídicos y evidencias muy sólidas. No había motivo para diferirla”, comentó el abogado Vergara tras revisar la información añadida, la cual se redujo a copias de constancias y oficios anteriores, sin nada sustancial para la averiguación.
Como parte de su labor de investigación, el reportero de Crónica ha padecido secuestros, amenazas y diversas violaciones a sus derechos humanos; en todos los casos presentó denuncias ante autoridades ministeriales federales y locales, pero todas fueron archivadas. Esta vez, por intentar arrebatar un celular con el cual el exfuncionario perredista Salazar Castañeda lo grababa: a él y a otros reporteros, fue enviado ante un juez.
Los hechos ocurrieron tras la conferencia presidencial del 4 de marzo de este año, en la cual afloraron las diferencias entre quienes han ejercido el oficio periodístico desde hace muchos años y quienes recientemente se han presentado como tales, aunque en realidad son exfuncionarios públicos, y exempleados de políticos, líderes o grupos partidistas.
Desde el año pasado, estas personas han sido insistentes en insultos a quienes trabajan en medios tradicionales como periódicos, canales de televisión y estaciones de radio, llamándolos “chayoteros (los que reciben dinero a cambio de publicaciones) y han recurrido a grabarlos para exhibirlos en sus redes sociales. Algunas comunicadoras han sido intimidadas y tachadas de “prostitutas de la información”.
La situación ha sido denunciada ya a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República.
Blancas Madrigal ha sido uno de los más críticos por la presencia en la mañanera de personas con este perfil, quienes ahora se unieron a la demanda en su contra, basada, asegura, “en declaraciones falsas que habrán de probarse en tribunales”. Por esta razón, ha pugnado por citar a declarar a reporteros acreditados de la fuente que atestiguaron los hechos y están dispuestos a hacerlo, así como a diversos representantes de Comunicación Social de Presidencia, también testigos directos de lo sucedido.