José Luis Vargas, actual Presidente del Trife, gastó, en 6 años, 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados, denunció la UIF.
CIUDAD DE MÉXICO.- El actual Presidente del Tribunal Electoral federal, José Luis Vargas, gastó, en 6 años, 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente, según denunció la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En su denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República el 21 de febrero pasado, el titular de la UIF, Santiago Nieto, solicita que se ordene el congelamiento de cinco cuentas bancarias que el magistrado Vargas tiene con tres entidades financieras, debido a la sospecha de que ha recibido y usado recursos de procedencia ilícita.
La denuncia recibida en la Fiscalía General de la República el 21 de febrero pasado, documenta en las cuentas de Vargas depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas no identificadas y las coteja con otros ingresos derivados de su actividad pública, y concluye que el funcionario ha gastado entre 2013 y 2018, 217.9 por ciento más de lo devengado.
“Esto de manera lógica y natural hace presumir que nos encontramos frente a movimientos de fondos inusuales para el perfil de ingresos que reportó ante la entidad fiscalizadora, lo que podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito”, dice en su denuncia ante la FGR, el titular de la UIF, Santiago Nieto.
El 28 de octubre de 2019 se publicó que la UIF tenía una investigación contra Vargas quien había cuadruplicado sus ingresos entre 2013 y 2017, a la vez que se le habían encontrado depósitos en efectivo. Asimismo, conforme la indagación, José Luis Vargas tuvo movimientos inusuales por 14 millones 96 478 pesos en una tarjeta American Express entre 2016 y 2018.
Vargas dijo que esos ingresos eran lícitos y obedecían a su actividad profesional.
Sin embargo, cuatro meses después de la revelación, la UIF presentó la denuncia penal ante la FGR.
Según la denuncia de la UIF, en sus declaraciones ante el SAT de 2013 a 2018 Vargas comprobó ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos; sin embargo sus gastos fueron por 36 millones 487 mil 433. 59 pesos.
La UIF descubrió que el magistrado electoral no declaró 6 depósitos en efectivo que recibió en 2012, 2016 y 2018 por un millón 370 mil pesos. Tres de ellos por 550 mil pesos fueron en 2012 cuando era titular de la Fiscalía Electoral (Fepade); otro por 400 mil los recibió en 2016 cuando era abogado litigante y dos más por 420 mil los recibió siendo ya magistrado electoral.
Además, entre 2013 y 2018 tuvo 56 depósitos en efectivo de SAIPEM, una empresa del ramo energético, filial de ENI, una firma italiana que según Nieto es investigada Milán por actos de corrupción cometidos en Argelia.
Los depósitos de SAIPEM fueron por un millón 244 mil pesos; de esos, 455 mil 204 pesos fueron depositados cuando ya era magistrado electoral.
Respecto a la tarjeta American Express, que según la documentación hasta 2017 registraba gastos de 14 millones de pesos, la UIF encontró que entre noviembre de 2013 y septiembre de 2019, con esa tarjeta José Luis Vargas gastó 29 millones 727 mil 572 pesos con 76 centavos.
“Resulta caricaturesco pensar que deviene lícito y creíble consumir solo con una tarjeta de crédito 29 millones 727 mil 572 pesos con 76 centavos mientras que se afirmó tener un ingreso real de 16 millones 744 mil 264 pesos”, expresa Santiago Nieto en su denuncia.
Al no declarar esos recursos la UIF establece que “provienen de actividades fuera de la licitud y que dicha estrategia se ejecuta a efecto de no enterar a la autoridad fiscal sobre las mismas”.
Con ello, dice Nieto, Vargas trata de evitar que la autoridad “ejecute sus funciones de fiscalización y pueda ser visible el verdadero y desconocido origen de los recursos”.
Nieto fortalece su denuncia con la documentación de gastos que supone extraordinarios de “Colegiaturas” por 346 mil 477 pesos con 83 centavos entre 2016 y 2019, además del pago adelantado de créditos por 5 millones 533 mil 383 pesos y la adquisición de un bien inmueble por 880 mil pesos en el lapso que recibió los recursos no declarados.