Incognitapro

Realizan campamento en el Congreso

Sindicalizados de los poderes se manifestaron, "ocuparon" prácticamente el edificio del congreso y expresaron su molestia por el actuar de los diputados.
 

 

Sindicalizados del Ejecutivo, Judicial, Legislativo, de Ayuntamientos y organizaciones del transporte montaron un campamento a las afueras del Congreso local con guardias las 24 horas del día donde se solidarizaron con los burócratas luego de las reformas a la Ley del Instituto de Crédito y de otras que ha llevado a cabo el legislativo; a pesar de que los diputados están de vacaciones, los ciudadanos "ocuparon" prácticamente el edificio del Congreso y manifestaron su molestia por el actuar de los diputados.

Al conformar un frente común, sindicalizados y transportistas llegaron ayer por la tarde frente al Congreso y arremetieron en contra de los diputados al advertir que las reformas que realizaron el día en que se fueron de vacaciones, atentan en contra de la clase trabajadora y sobre todo que provoca una eventual privatización del instituto al dar oportunidad de intervención de la banca.

Los sindicalizados cumplieron su advertencia que a pesar de la temporada vacacional en la que se encuentra el Congreso, sus acciones jurídicas de resistencia para evitar que las reformas se consumen irían de la mano de la movilización. Exigieron de los diputados una mesa de debate y pública y evaluar si en realidad el Instituto de Crédito agoniza o no es sostenible.

Es por eso que trabajadores sindicalizados se manifestaron debido a la actitud negligente y antisocial, al darle el tiro de gracia al Instituto de Crédito, que impulsó y socializó el entonces gobernador Lauro Ortega Martínez, para beneficio de los burócratas que está por ser privatizado por la pretendida intensión de Graco Ramírez.

Los manifestantes señalaron que el único responsable de los números rojos en el instituto, es precisamente la administración perredista de Graco Ramírez al solicitar 390 millones de pesos y que hoy con esta iniciativa impulsada por Jaime Álvarez Cisneros y diputados vendidos, pretende no pagar, en cambio sí dejar sin la oportunidad de un crédito social a por lo menos unos 40 mil burócratas.

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