Concesionarios carreteros confían en que el Senado valide sanciones aprobadas por diputados contra quienes lucran con el cobro de peaje
Empresarios han perdido siete mil millones de pesos de 2018 a la fecha por las actividades de boteo y extorsión a conductores en casetas.
Marcos Frías, presidente de la Asociación Nacional de Concesionarios de Infraestructura Vial, indicó que 99% de los grupos que toman plazas de peaje fue creado específicamente para lucrar con esa actividad ilícita.
Ante esto, dijo que la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación aprobada el martes en la Cámara de Diputados, que sanciona con cárcel y multas a los tomacasetas, es un alivio para concesionarios y usuarios de autopistas.
Para el empresario, lo anterior nada tiene que ver con el derecho a la protesta social, la cual es legítima, por lo que pidió reforzar la coordinación y homologación de criterios con el Poder Judicial para aplicar el mandato.
La minuta aprobada por los diputados, que pasó al Senado, precisa penas de hasta siete años de prisión a quienes tomen las plazas de cobro con fines de lucro.
La toma de plazas de cobro, señaló, es un bloqueo a las vías generales de comunicación, lo que afecta el derecho de terceros, como usuarios, concesionarios y operadores. Además, el Estado es el principal afectado porque el concesionario es el Fondo Nacional de Infraestructura y el operador más importante es Capufe.
Para Marcos Frías, de concretarse y entrar en vigor las modificaciones a la Ley de Vías Generales de Comunicación, uno de los grandes retos es que en verdad se ejecute el mandato.
Suman pérdidas de casetas 7 mil mdp
Afirman que 99% de los grupos que las toma es creado para ello; piden preservar el derecho a la protesta social.
Alrededor de 99% de los grupos que toman y bloquean casetas de cobro fue creado específicamente para lucrar con esa actividad ilícita y se estima que sus ganancias, por la vía del boteo y la extorsión a los usuarios, son similares a las pérdidas que los concesionarios registran desde 2018, por alrededor de 7 mil millones de pesos, explicó Marcos Frías, presidente de la Asociación Nacional de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV).
En charla con Excélsior, comentó que, por lo anterior, la aprobación de la iniciativa que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación en la Cámara de Diputados es un socavón menos para los concesionarios y usuarios de las autopistas. “Es un gran avance”, dijo.
Sin embargo, precisó que lo anterior nada tiene que ver con el derecho a la protesta social, la cual es legítima y por lo que será necesario realizar un intenso trabajo de coordinación y de homologación de criterios con el Poder Judicial para la debida aplicación del mandato, dado que se precisa que serán castigados con entre 3 meses y 7 años de prisión a quienes tomen las plazas de cobro con fines de lucro.
Observó que la toma de plazas de cobro es un bloqueo a las vías generales de comunicación, lo que afecta el derecho de terceros, entre éstos el de los usuarios de las autopistas, de los concesionarios y operadores, siendo el Estado el principal afectado, una vez que el principal concesionario es el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y el operador más importante es Caminos y Puentes Federales (Capufe), por lo que además de dejar de percibir los ingresos del peaje, se reducen las aportaciones de otros concesionarios por el pago de derechos y cargas impositivas.
Los números
Calculado el impacto por longitud de las autopistas, hay alrededor de 11 mil kilómetros concesionados, más de 5 mil al Fonadin, 5 mil más a particulares y el resto a Capufe y a gobiernos de los estados.
Frías precisó que el concesionario es aquel que tiene el derecho de construir, explotar y conservar o mantener la vía de comunicación, en tanto el operador es el encargado de ejecutar los trabajos de mantenimiento y cobro de peaje, entre otras actividades, por lo que Capufe, al ser operador y concesionario, tiene en sus manos alrededor de 5 mil kilómetros.
El entrevistado precisó que la iniciativa aún sigue su cauce legislativo en el Senado de la República y que de aprobarse y entrar en vigor las modificaciones a la Ley de Vías Generales de Comunicación uno de los grandes retos es que, en verdad, se ejecute el mandato.