En un cambio radical en su forma de operar contra el tráfico de armas, el gobierno de México comenzará a buscar la extradición desde Estados Unidos a traficantes de armamento, para que también paguen en territorio mexicano por introducir equipo bélico utilizado por los cárteles de la droga en miles de asesinatos a lo largo de los últimos años, confirmaron fuentes gubernamentales de alto nivel a MILENIO.
La intención, detallaron funcionarios federales consultados, es solicitar a la administración de Joe Biden que entregue a una decena de traficantes de armas mexicanos y estadunidenses libres o que aún compurgan sus sentencias en prisiones de ese país para que sean enjuiciados en México por su responsabilidad en la violencia que ha vivido el país.
Los funcionarios de primer nivel, plantearon que además se quiere sentar el precedente de que el gobierno mexicano planea perseguir vigorosamente a quienes trafiquen con armas, aun cuando hayan cometido el delito en territorio estadunidense, en donde la portación ilegal es castigada con sentencias laxas, que van de uno a 10 años de prisión. En México, el castigo es de 30 años.
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Acusados por "Rápido y furioso", en la mira
Entre los objetivos iniciales de esta petición se encuentran algunos de los acusados en el fallido “Rápido y Furioso” de 2011, se detalló. Ese operativo, que terminó con un agente de la Patrulla Fronteriza asesinado, fue iniciado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) bajo el plan de vender armas a presuntos criminales con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compra-venta ilegal de armamento en México.
Entre 2009 y 2011, bajo este plan, entraron a territorio nacional al menos 2 mil 500 armas. Con el tiempo terminaron en las manos de los asesinos de los cárteles tal como se planeó, pero sin que hubiera en contraparte la cascada de arrestos esperados.
Muchos involucrados han sido detenidos, pero al igual que otros casos relacionados con tráfico de armas en Estados Unidos, recibieron sentencias promedio entre los 5 y los 10 años, algunos incluso menores.
Uno de los traficantes que están en la mira del gobierno federal es Daniel Francisco Cruz Morones, quien en 2012 se declaró culpable de comprar armas de manera ilegal y con la intención de permitir su tráfico a México por una Corte en San Diego.
A manera de ejemplo de la laxitud con la que se persigue el delito en Estados Unidos, tan solo cuatro años después de haber participado en la entrega de armas al cártel de los Zetas, fue liberado.
Daniel Cruz, sentenciado a menos de 10 años de prisión por haber comprado parte de las armas usadas en "Rápido y Furioso". (Especial)
La lista de potenciales extraditables está bajo análisis en áreas de seguridad del gobierno mexicano, pero como Morones, hay una decena de casos de traficantes de alto perfil que en la última década introdujeron cientos de armas a territorio mexicano y de los que las autoridades estadunidenses tienen información detallada -incluso sus direcciones- al haber sido detenidos y sentenciados en uno u otro momento.
Por ejemplo, Efreín González, mexicoamericano relacionado con el cártel de Los Zetas, capturado luego de una investigación de tráfico de armas que se originó en Nuevo México en el 2011.
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Efreín González. Detenido por trafico de armas a México en 2014. (Especial)
Antes de caer en manos de la justicia estadunidense, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) lo incluyó en su lista de los más buscados y le puso una recompensa a su cabeza de 10 mil dólares. También era buscado por agresión sexual.
Otro ejemplo de traficantes internacionales de armas es el de los hermanos Ismael y Carlos Almada Castrillo, quienes compraban todo tipo de armamento para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluidas granadas y fusiles militares de alto poder, a través plataformas de comercio electrónico como e-Bay y PayPal como informó MILENIO a inicios de diciembre.
Carlos fue detenido en México en septiembre de 2019 y encontrado muerto en su celda de Puente Grande en marzo de este año. Mientras que Ismael se encuentra libre bajo fianza y a la espera de que la investigación en su contra fincada en Los Ángeles siga su curso.
Otro es Javier Reséndez, quien dirigía a una célula que, con dinero obtenido de la venta de drogas, compraba armas para un cártel no identificado y las introducía vía terrestre hacia México desde Texas. Fue detenido en 2014 y su sentencia a 7 años de prisión vence este año. Actualmente se halla encarcelado en una prisión federal de Virginia del Oeste, de acuerdo a datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Javier Reséndez coordinaba una célula de tráfico de armas a México. Será liberado en 2021. (Especial)
Como ese, otros casos dan una idea de la materia abundante de personajes contra los que el gobierno mexicano podría presentar cargos, como el del alcalde, el jefe de la policía y un político de Columbus en Nuevo México que en 2011 aprovecharon su posición en la administración para comprar 200 armas alegando que eran para su uso pero que planeaban vender a un cártel mexicano del otro lado de la frontera.
Luego de una investigación de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) tanto el alcalde Eddie Espinoza, el jefe de policía Ángelo Vega y Blas Gutiérrez, se enfrentaron a la justicia de su país.
Eddie Espinoza (IZQ) y Ángelo Vega aprovecharon sus cargos en Nuevo México para introducir armas a México.(Especial)
Junto a otras seis personas que formaban parte de su red de contrabando de armas, enfrentaron hasta 84 cargos por tráfico de armas. Se pudo comprobar que al menos 12 armas de esta célula criminal terminaron en México.
Espinoza sólo estuvo un año en prisión a pesar de haber sido sentenciado a cuatro años por los cargos que se le imputaron. Liberado en 2013 se mantuvo en libertad condicional los tres años siguientes.
Negocio redondo
Datos obtenidos por MILENIO muestran que entre 2006 y 2019, en México se aseguraron casi 223 mil armas, de las cuales 59 por ciento fueron largas, es decir, fusiles, carabinas, rifles y escopetas. El 41% fueron cortas, o sea pistolas y revólveres.
Los decomisos se dieron primordialmente en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Chihuahua. Entre los decomisos también se contabilizan 4 mil granadas y 5.6 millones de municiones en el mismo período de tiempo.
De acuerdo con cifras del Center of American Progress, cada año cruzan por la frontera norte más 230 mil armas hacia México procedentes de Estados Unidos.
De acuerdo con algunos expertos consultados, la circunstancia se agravó desde 2004 cuando en Estados Unidos expiró la prohibición de producir, transferir o poseer armas semiautomáticas de asalto para uso civil.
Con esto, los cárteles en México han podido disponer de un enorme poder de fuego, que afecta tanto a este país como a Estados Unidos. Algunos ejemplos son las ametralladoras Browning M2, capaces de disparar 550 proyectiles por minuto, que desfilaron en el llamado culiacanazo en manos del cártel de Sinaloa en octubre de 2019.
O los fusiles Barrett calibre .50, poderosa arma militar capaz de disparar a más de un kilómetro de distancia con condiciones óptimas, que el cártel Jalisco Nueva Generación utilizó en el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch en junio pasado.
JLMR
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por Taboola
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