Dirigentes de dos organizaciones señalan que es necesario que se digitalice y se ponga en marcha la administración de justicia.
La ampliación de la suspensión de labores en el Poder Judicial del Estado de Morelos agravó la preocupación entre los litigantes organizados e independientes, debido a que no sólo algunos despachos tuvieron que cerrar sus puertas y prescindir de personal, sino por el rezago acumulado a casi un año del que inicio de pandemia del covid-19 y por la indiferencia de los congresos federal y local, que han dado prioridad a temas políticos y electorales en lugar dar realizar reformas legislativas que permitan apresurar la digitalización de la administración de justicia.
Miguel Ángel Rosete Flores, presidente de una de las facciones en que se ha dividido la Barra de Abogados del Estado de Morelos, externó su preocupación porque al estar en semáforo rojo, los tribunales están fuera de servicio y solo hay personal de guardia para atender asuntos de emergencia.
Recordó que instó a los integrantes de los Congresos local y federal a establecer una mesa de trabajo y propuso, a nombre de los barristas, una serie de modificaciones al marco normativo que rige la administración de justicia, con el propósito de avanzar en la justicia digital, pero no hay respuestas concretas pese los llamados urgentes de los abogados a los legisladores.
“Considero que tanto el Congreso del Estado y los diputados federales, en lugar de andar pensando en campañas, tendrían que pensar en mecanismos para actualizar, reformar (tanto) los códigos procesales civiles como familiares. Es una grave afectación la paralización de la justicia en la entidad”, expresó al señalar que el gremio está muy preocupado porque muchos abogados han tenido que dejar momentáneamente el litigio para dedicarse al comercio o al transporte de pasajeros o paquetería.
“Muchos abogados están cerrando despachos, no pueden pagar la renta del despacho, no avanzan sus trámites, han tenido que buscar alternativas diferentes como (las) ventas de productos o poner sus autos en servicio de transporte digital, mientras los servidores públicos siguen cobrando sin buscar alternativas de funcionalidad para la apertura de la justicia digital”, recalcó.
Subrayó que persiste la violación grave al derecho de acceso a la justicia de cientos de justiciables, que ven afectado su patrimonio e integridad física y emocional, ante la falta de certeza y seguridad jurídica.
Estimó que solo en el área metropolitana de Cuernavaca por lo menos 800 demandas esperan trámite y atribuyó el crecimiento del rezago en la atención de los asuntos a que, en realidad, los funcionarios y trabajadores judiciales de los tribunales no están realizando trabajo en casa o home office.
URGE EMPUJAR REFORMAS
Norma Delgado Díaz, presidente del Colegio de Postulantes de Morelos, dijo que son comprensibles las medidas implementadas por el Poder Judicial local, ante el alto número de contagios y decesos por covid-19, que también alcanzó a los litigantes y sus familias.
Refrendó su disposición a colaborar con el Tribunal Superior de Justicia, pero también consideró que debe haber unión e interés tanto de las organizaciones de abogados como de las autoridades de todos los niveles para solucionar la parálisis en la administración de justicia, que afecta económicamente al gremio y trunca el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos.
Expresó que la organización que representa tuvo acercamientos con el diputado Alejandro Mojica Toledo y el senador Ángel García Yáñez y presentó propuestas para que el tema de reforma al marco normativo, encaminado a que la digitalización de la justicia avance en el Congreso de la Unión, y también para que el Congreso local haga lo propio conforme a su competencia.
Afirmó que debe ser prioritario para los congresos federal y local el tema de la administración de justicia, ante las fuertes afectaciones y la necesidad de que el Poder Judicial responda a los retos de la “nueva normalidad”.
Recordó que Morelos tiene un rezago de al menos 15 años en la modernización de la procuración y administración de justicia. Es decir, es de los estados más atrasados, al ubicarse en el penúltimo lugar del ranking nacional.
Insistió en que para acelerar las reformas al marco normativo es necesario que todos las organizaciones y los representantes populares, responsables de legislar, colaboren e impulsen este tema, en virtud de que la pandemia podría –según algunos pronósticos- prolongarse por un año más.