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Terrorismo, el cierre de Verificentros

 

 

"En Morelos vivimos un terrorismo empresarial como nunca se había visto en la entidad", reconocieron propietarios de verificentros, al rechazar el cierre de los 42 espacios de este tipo, bajo el pretexto de "mejorar la calidad del aire", medida que aseguraron, les ha dejado perdidas por 12 millones de pesos, más de 400 trabajadores desempleados y amparos diversos ante las instancias correspondientes.

Jesús Becerril, representante de la Asociación de Verificentros de Morelos, lamentó la decisión tomada el 30 de junio por el Gobierno y publicado el 1 de julio en el periódico Oficial del Estado, en el que se decreta la suspensión de funciones de los Centros de Verificación Vehicular.

Expuso que la Secretaría de Desarrollo Sustentable nunca les hizo saber de las medidas que asumirían para enfrentar los problemas de tipo ambiental que vivían seis estados del país integrados en la Megalópolis, lo que habla de la "temeridad" con la que se conducen las autoridades responsables del estado, una vez que ya se estaban emitiendo los hologramas "O" y "OO".

La suspensión de actividades en estos establecimientos afecta directamente a 400 personas y a sus familias, al quedarse sin empleo, sumado a la ola de desprestigio que se ha hecho en su contra, al advertir por parte del Gobierno que hay "corrupción" en los establecimientos cuando no existe ninguno clausurado.

El representante de los verificentros puso como ejemplo el trabajo realizado con un padrón de 400 mil automóviles registrados en el estado durante la administración anterior. Se llegó a verificar a poco más del 48 por ciento, mientras que en la actual gestión no se llega al 32 por ciento. Ello "porque la autoridad responsable no sanciona al respecto, ya que antes existían patrullas ecológicas que hacían su trabajo y hoy nadie lo hace".

Además, dijeron que se habla de lanzar una convocatoria para que se instalen y operen verificentros sin importarles los que ya están instalados, por lo que ante tal decisión, se tienen ya interpuestos varios amparos, a fin de defender lo que por derecho les corresponde, sobre todo porque cuentan con un documento que avala una concesión hasta el 31 de diciembre de este año.

Finalmente, indicaron que estos establecimientos están listos y dispuestos a aplicar la nueva norma oficial por medio de la compra de los equipos necesarios, previo financiamiento oficial.

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