Más de 84 mil millones de pesos que municipios y estados destinarán a la erradicación de la pobreza están en riesgo de ser mal invertidos, pues este dinero deberá utilizarse con base en un informe de la Secretaría de Bienestar que tiene datos de rezago social de 2015 y 2018, es decir, no toma en cuenta a las personas que han sido afectadas por el Covid-19.
A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), las autoridades estatales y municipales dispondrán de 84 mil 779 millones 409 mil 852 pesos para implementar obras y servicios en comunidades con pobreza extrema; sin embargo, por ley todos los proyectos se deberán orientar con un informe del gobierno federal que contiene información de rezago social del sexenio anterior.
Especialistas en políticas públicas y desigualdad consultados para este trabajo coincidieron en que ejercer esta cantidad de dinero sin un diagnóstico actualizado, donde se puedan ver las zonas más afectadas económicamente por el Covid-19, podría derivar en una mala inversión que no ayude a erradicar las actuales brechas socioeconómicas.
El documento que se deberá utilizar como referencia para gastar los recursos del FAIS es el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de las Entidades, Municipios y Demarcaciones Territoriales, el cual es elaborado cada año por la Secretaría de Bienestar y se publicó hace dos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Según la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos del FAIS, dicho informe anual tiene que ser elaborado con los datos disponibles del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En ese sentido, para la edición 2021 del estudio la dependencia dirigida por el secretario del Bienestar, Javier May, extrajo las cifras de rezago social por estado y municipio de 2015 del Coneval, además de la medición de la pobreza de 2018.
Los expertos consultados señalaron que aunque la utilización de datos rezagados no fue voluntad de la Secretaría del Bienestar, sino que se hizo por mandato de ley, esto podría tener como consecuencia una mala implementación de políticas públicas porque la realidad de 2021 es muy diferente a la de 2018.
“La información, aun si fuera de 2019, está desactualizada al 100% por el escenario catastrófico que se presentó el año pasado, cuando hubo una disminución de 50% en los ingresos, la gente no podía salir a trabajar y hay más de 12 millones de nuevos pobres al inicio de este 2021”, puntualizó Carlos Lascurain, doctor en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas.
Según el Coneval, en 2018 había 7.4 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema, pero en 2020 estimó que entre 6.1 y 10.7 millones de personas se podrían sumar a ese estrato económico por los efectos del coronavirus en el país.
Será a mediados de este año cuando el Coneval confirme o deseche su predicción al actualizar sus cifras de pobreza a nivel nacional, estatal y municipal.
“Datos actualizados son necesarios”
Los 84 mil millones de pesos del FAIS deberán ser utilizados para proyectos relacionados con agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, infraestructura básica de los sectores educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.
El gobierno federal, a través de la Secretaría del Bienestar (Sebien), repartirá los recursos del fondo a los estados y municipios con base en una fórmula donde se toma en consideración las cifras de rezago social que ya tiene publicadas el Coneval, es decir, el dinero se entregará y se ejercerá con el panorama de desigualdad que se tenía en 2015 y 2018.
Al respecto, Lascurain, quien también es director ejecutivo de la organización Signos Vitales, criticó que el gobierno federal no haya anticipado modificar el marco normativo que obliga a utilizar estadísticas atrasadas para la distribución y gasto de miles de millones de pesos destinados a erradicar la pobreza.
“Un gobierno debería estar siempre atento a los cambios en el ambiente y por el tema de la pandemia se requería una adaptabilidad de las autoridades. Si la ley ordenaba que se iban a utilizar datos de 2018, era importante que el gobierno previera lo que iba a pasar con esta política y actuara para tomar en cuenta la información de 2020; ahora el gobierno está faltando al ciclo de producción de una política pública efectiva”, aseveró Lascurain.
Y agregó: “La necesidad de tener información actualizada es importantísima en un momento en el que se pretende rescatar al sector más afectado, que infelizmente son los pobres”.
“La brújula está equivocada”
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es una de las instituciones que ha advertido sobre los efectos del Covid-19 en México. El organismo autónomo informó en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que en el tercer trimestre de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019, 4.2 millones de personas dejaron de trabajar.
De igual forma, indicó que el año pasado 4.4 millones de personas dejaron de percibir un ingreso superior a dos salarios mínimos —más de 7 mil 393 pesos al mes— y, en sentido contrario, hubo un incremento de 1.9 millones de ciudadanos que a lo mucho percibían esa misma cantidad de dinero.
Frente a este panorama, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, lamentó que los recursos del FAIS para atender la pobreza se orienten con el informe desactualizado de la Secretaría del Bienestar.
Consideró que ese documento tiene “una visión muy limitada, muy equivocada, de lo que puede ser la política social, y lamentablemente con eso se quiere orientar [el gasto del fondo], pero esto tiene que ver con las inercias burocráticas que vienen de hace muchos años, en concreto ésta viene de la Cruzada contra el Hambre [estrategia en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto]”.
Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presumido sus estrategias sociales para disminuir las desigualdades en el país, a través de la entrega de apoyos económicos directos a las personas, el especialista en programas sociales señaló que el FAIS es un ejemplo de que algunas políticas públicas aún no se ejecutan de manera correcta.
“Es muy rígido y tonto, por eso no tenemos resultados, porque estamos con una brújula de actuación muy limitada, muy equivocada y así no vamos a llegar a ningún lado”, concluyó Gómez Hermosillo.