No hay condiciones para un proceso transparente, aseguran representantes de litigantes
Reacciones adversas provocó entre el gremio de abogados la emisión de la convocatoria legislativa para la designación de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TJA) y dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), porque fue lanzada el plena crisis sanitaria, el plazo fijado para que los aspirantes cubran con los requisitos exigidos fue insuficiente y no previó mecanismos de transparencia, que garanticen que el proceso no es una simulación y que no hay “dados cargados”.
Entrevistados por separados, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello y el presidente de una de las organizaciones denominada Barra de Abogados del Estado de Morelos, Miguel Ángel Rosete Flores, coincidieron en que los diputados eligieron un mal momento para lanzar la convocatoria, porque la prioridad debe ser la atención de la pandemia.
Para Rosete Flores, líder de una de las facciones de los abogados barristas, la convocatoria debe ser cancelada, no sólo porque Morelos está en semáforo rojo por el alto riesgo de contagio de covid-19, sino porque también enfrenta una coyuntura electoral y no hay condiciones que garanticen que los legisladores harán designaciones con base en elementos objetivo e imparciales.
Consideró que la convocatoria fue precipitada y erróneamente emitida en medio de la crisis sanitaria, lo cual no sólo es un acto inmoral sino que abre la posibilidad de que ya están los “dados cargados” y que el proceso legislativo es solo una simulación.
“Considero que no hay condiciones para emitirla, la justicia no puede ser rehén de la política, son momentos electorales y no es correcto emitir una convocatoria para elegir magistrados. Además, en la convocatoria no se estipuló elaborar examen de conocimientos como lo solicitó la Barra de Abogados, cuya iniciativa se dejó en la congeladora, y pareciera que ya están concedidas las magistraturas”, recalcó.
Expresó sus suspicacias por el interés apresurado de los diputados para hacer designaciones de magistrados, cuando en este momento las prioridades deberían estar enfocadas al combate de la pandemia y en redireccionar recursos al sector salud, ante la falta de personal, infraestructura e insumos.
El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Bello Ocampo, también criticó la emisión de la convocatoria y expresó su inconformidad, porque hay visos de que la convocatoria pudiese estar amañada.
Por ejemplo, señaló, se dio a los aspirantes un plazo de siete días para cubrir todos los requisitos para competir por una las seis magistraturas del TSJ y TJA en concurso, como la presentación de la carta de antecedentes no penales, constancia de residencia, constancia expedida por la Contraloría del Estado que acredite no haber sido inhabilitado en la función pública.
Otros de los requisitos exigidos son la presentación de una constancia expedida por el Tribunal de Justicia Administrativa, que acredite no haber sido inhabilitado en la función pública, y copia certificada por notario público, o por la Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno, de título profesional, cédula profesional, credencial para votar y acta de nacimiento. Además, la presentación de un ensayo científico jurídico.
Indicó que, al estar Morelos en semáforo rojo por el alto riesgo de contagio de covid-19, la mayor parte de las oficinas de atención al público de las instituciones están cerradas y la tramitación de algunos documentos está sujeta a la disponibilidad de citas o la saturación de las plataformas digitales.
Señaló que tan solo en el TJA ya hay en fila más de un centenar de solicitudes de constancias de no inhabilitación, más las que se acumulen. También recalcó que la elaboración de un ensayo profesional y de calidad, llevaría por lo menos 15 días.
Estableció que el escaso tiempo para cubrir los requisitos siembra la sospecha de que la convocatoria pudiese estar amañada y que familiares, amigos, colaboradores o personajes asociados a los propios diputados u otros actores políticos pudieron ser beneficiados con información privilegiada, para darles ventaja y tener todo listo para su registro como aspirantes a una de las seis magistraturas en juego.
Resaltó la ausencia de mecanismos de transparencia y observación ciudadana para vigilar el desarrollo del proceso y garantizar que los aspirantes efectivamente cuenten con el perfil, el prestigio, la honorabilidad, la preparación y capacidad para ejercer el cargo judicial.
Expresó que convocará a otras organizaciones de abogados para analizar la convocatoria y fijar una postura conjunta, para evitar que se repitan las malas prácticas de legislaturas anteriores, donde se benefició a familiares y amigos en la designación de cargos públicos.