¿Ya se perdió Zacatecas?
“Urgentemente necesitamos de ustedes”, le dijo el gobernador priista de Zacatecas, Alejandro Tello, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, Tello resumió en una frase lo que se está viviendo en el estado que gobierna: “Ajustes de cuentas de manera permanente, desaparición de personas, enfrentamientos con daños colaterales, secuestro y extorsión…”.
Los cárteles, que en ese estado sostienen una lucha encarnizada por el control del territorio, tienen a las corporaciones estatales “al límite de sus capacidades”. Zacatecas se está hundiendo.
En junio del año pasado, un estrujante video precedió a la ola de sangre que ha llevado a Zacatecas a figurar entre las entidades más violentas y con mayor percepción de inseguridad del país:
“Ya estamos aquí, venimos a ayudarlos, venimos a limpiar”, se dirigía al pueblo zacatecano un sicario del Cártel de Sinaloa, rodeado de hombres armados y encapuchados. A sus pies había 15 hombres del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Estaban desnudos, algunos tenían la cara cubierta.
Comenzó el interrogatorio sobre los “levantones”, los asesinatos, las decapitaciones que los sicarios del CJNG habían cometido. Se les pidió el nombre del comandante de la policía estatal que los apoyaba, se les ordenó que detallaran la forma en que los estatales protegían sus actividades: “Nos dicen cuándo van a venir a Juan Aldama, a qué hora, a qué hora van a salir y por qué calles van a transitar…”.
Los cuerpos de los 15 hombres fueron abandonados, envueltos en cobijas, en la carretera federal 45, cerca de Cerro Gordo.
La espiral de muerte quedó reflejada en la tasa de homicidios dolosos: 62.6 por cada 100 mil habitantes en octubre.
78.3 en noviembre; 90.3 en diciembre; 111.8 en enero de 2021.
Zacatecas vive hoy el peor inicio de año desde 2015. En enero de 2020 se registraron 39 asesinatos. En enero de 2021 se contabilizaron 108. Hoy es la entidad con más asesinatos.
Hace seis años, en junio de 2015, el general Antelmo Rojas, comandante de la XI Zona Militar avisó que células del Cártel Jalisco se desplazaban en los límites entre Jalisco y Zacatecas, a lo largo de las zonas serranas. Al poco tiempo se halló cerca de Nochistlán un narcolaboratorio de “crystal” que pertenecía a ese cártel. No tardaron en suscitarse enfrentamientos con gatilleros de los Zetas y del Cártel del Golfo que dominaban la zona.
En cosa de tres años el CJNG se impuso sobre estas organizaciones y las desplazó de la mayor parte de los municipios. Estableció su control mediante la cooptación de las policías estatales y municipales.
En 2018 comenzó el desmantelamiento de la Policía Federal y la seguridad quedó en manos de fuerzas estatales, en su mayor parte comprometidas con el crimen. Según informes de inteligencia, el Cártel de Sinaloa aprovechó ese vacío para reforzar su presencia en el estado, a fin de impedir el avance del Cártel Jalisco hacia Durango, en donde El Mayo Zambada y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán mantienen un control absoluto, y estados como Nayarit y Coahuila.
Zacatecas es la llave de paso a San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León —y los ya citados, Durango, Nayarit y Colima.
La disputa se recrudeció. A principios de 2020 el Cártel Jalisco dejó narcomantas en 17 municipios. Ahí estaban, todas con el mismo mensaje, en calles de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Juan Aldama, Jalpa, Ojocaliente, Río Verde, Valparaíso…
En abril de ese año 80 hombres armados con fusiles Barret y AK-47 irrumpieron precisamente en Valparaíso: recorrieron las calles principales, se detuvieron frente al palacio municipal y ahí aclamaron al líder del Cártel Jalisco: Nemesio Oseguera, El Mencho.
Aunque los vecinos pidieron ayuda, la Guardia Nacional tardó tres horas en llegar. Los medios se quejaron de que el estado hubiera quedado en la indefensión.
Pasaron dos meses de violencia continua. En junio, el coordinador regional de la Guardia Nacional, Óscar Zavala Barrera, consideraba, sin embargo, “bastante exitoso” el despliegue de sus elementos y afirmaba que 2,500 gendarmes y 100 vehículos alcanzaban a cubrir 22 municipios críticos.
Los ciudadanos opinaban otra cosa. La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reveló que Fresnillo, por citar un ejemplo, se convirtió ya en el municipio con mayor percepción de inseguridad en el país (19 de cada 20 dicen sentirse inseguros): los asesinatos crecieron 117.4 por ciento más que en 2018.
En la entidad, han desaparecido mil personas en estos últimos dos años. Como una muestra de los niveles de violencia que se han alcanzado, en octubre del año pasado un enfrentamiento ocurrido en el municipio de Calera dejó 14 muertos y tres heridos.
A la pugna entre estas organizaciones, se agrega el hecho de que Evaristo Cruz, El Vaquero, el sanguinario líder del Cártel del Golfo, quien pelea en Tamaulipas con otras facciones, tuvo que bajar su centro de operaciones a San Luis Potosí y Nuevo León, y hoy quiere obtener el control de Zacatecas, a fin de establecer un corredor para el fentanilo.
En septiembre pasado llegó a la Secretaría de Seguridad Pública del estado Arturo López Bazán, exdirectivo de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), una de las pocas dependencias que han dado resultados en estos días negros. Lo recibió la peor hora de violencia, acompañada por el ajusticiamiento de policías comprometidos con el crimen organizado y el repunte de delitos de competencia federal.
Estamos perdiendo Zacatecas. Por desgracia, otra vez parece estar viva la idea de que la violencia se combate no nombrándola y, para colmo, ahora la prioridad es el proceso electoral.
Vienen días críticos para el estado.