Ciudad de México— México no puede concretar una reforma constitucional que frene la participación de la iniciativa privada en el sector energético porque iría contra de los compromisos adquiridos en el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), coincidieron abogados y exnegociadores del acuerdo.
El país puede hacer las modificaciones constitucionales, pero enfrentaría controversias, arbitrajes internacionales y demandas por daños también en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).
En ambos acuerdos existe un principio llamado ratchet, donde no se permite que una vez liberalizado un sector, como sucedió con el sector energético, se vuelva a cerrar o regresar al punto antes de su liberalización, detalló Mónica Lugo, exnegociadora de ambos pactos.
Keneth Smith, exjefe negociador del T-MEC, dijo que en el artículo 32.11 de este tratado, México se comprometió a no imponer medidas más restrictivas que las que se impusieron en los demás Acuerdos que México ha firmado, como el TIPAT.
En el TIPAT se otorgó el acceso que dio la reforma energética de 2013, apuntó.
“No puede echarse para atrás la reforma energética sin violar el T-MEC, TIPAT y la nueva versión del Tratado con la Unión Europea (que todavía no entra en vigor)”, advirtió Smith actual socio en Argon.
“Desde el punto de vista internacional, no puedes simplemente cambiar tu Constitución para darle vuelta a un compromiso del tratado”, agregó Juan Antonio Dorantes, socio director de Dorantes Advisors.
El presidente Andrés Manuel López Obrador citó en una de las conferencias mañaneras el artículo 8.1 del actual Tratado con EU y Canadá donde se reconoce el dominio y la propiedad inalineable de México sobre los hidrocarburos.
Al respecto, Juan Carlos Baker, exsubsecretario de comercio dijo que el capítulo 8 no tiene qué ver con la parte de electricidad, pues sólo aplica para temas de hidrocarburos, y tampoco alcanza para justificar la modificación a la ley de la industria eléctrica.
No hay impedimento para que México modifique su Constitución, pero el Estado mexicano tendría que hacer frente a las demandas y a las represalias que en su momento establecerán los socios, puntualizó Dorantes.
“Esas controversias podrían culminar en arbitrajes internacionales y cada afectado demandará que se le compense por lo que invirtió en el proyecto que no pudo continuar”, agregó Baker, actual académico de la Universidad Panamericana.