La postulación de candidatos LGBTI+ y de otras comunidades vulnerables ordenada a los partidos por el INE como parte de sus acciones afirmativas, tiene un valor simbólico importante, pero en la práctica carece de eficacia. Además, ha provocado reacciones negativas de parte de diversos grupos conservadores
Para cumplir con las acciones afirmativas implementadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el 6 de junio los partidos políticos presentarán candidatos de la comunidad LGBTI+ y de otros grupos que históricamente han sido rezagados como las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
A consideración de expertos y activistas entrevistados por Reporte Índigo, se trata más de un acto testimonial y simbólico que de un verdadero compromiso con los derechos de las personas.
En febrero de este año, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalaron una acción afirmativa para que, a la Cámara de Diputados, los partidos con registro federal presenten al menos tres candidaturas de la comunidad LGBTI+ en distritos de mayoría y una más por la vía plurinominal. Esto junto a representaciones de otras comunidades vulnerables.
Partidos como Morena, PRD, MC y RSP impulsan candidaturas LGBTI+ en elecciones locales, como la de Fernanda Perera Trejo, primera mujer trans en buscar una gubernatura
“Es muy importante, desde luego, sin embargo no basta esta acción afirmativa. Lo que estamos viendo es que los partidos políticos las están interpretando de la manera más cómoda y sin ponderar la importancia que tiene la defensa de los derechos”, dice Lol Kin Castañeda, activista por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI+ que en 2016 fue diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Aunado a los mandatos federales, en las contiendas estatales también se han abierto espacios para representantes de la diversidad sexual.
Además de la Ciudad de México, habrá candidaturas LGBTI+ en Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Morelos, Veracruz y Yucatán.
Destaca el caso de Zacatecas, en donde el partido Redes Sociales Progresistas postula a Fernanda Perera Trejo, primera mujer transgénero en buscar una gubernatura estatal.
Reconociendo que estas candidaturas abrirán el debate sobre los derechos LGBTI+ en lugares donde sigue habiendo un rezago en la materia, Castañeda opina que “no podemos estar pensando que esas campañas testimoniales en donde alguien sale a decir que es lesbiana y está buscando una candidatura transformen el quehacer político. Tendríamos que exigirles más a los partidos, no solamente que lleven espacios testimoniales”
A nivel local, el PRD postula a Jazz Bustamante, Harley Frida Barral y Uriana Gómez, mujeres trans, a los congresos de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, respectivamente. Así como a Naomi Arjona a la alcaldía de Progreso, Yucatán.
A las legislaturas de Zacatecas, Durango y Baja California, el sol azteca abandera a Raymundo Moreno, Tadeo Campagne y Víctor Aguirre. Este último parte del primer matrimonio gay en el estado y cuyo esposo, Fernando Urías, será candidato por un partido local.
De la mano de Movimiento Ciudadano, Juan Pablo Delgado aspira a ser el primer alcalde abiertamente gay de León, Guanajuato. Mismo estado en el que el partido postula a Rubí Araujo y a Alan Alcantar, cuyo suplente sería su esposo Daniel Vela, como los primeros diputados locales trans y gay.
Mientras que Morena impulsa la reelección de Temístocles Villanueva al Congreso de la Ciudad de México y la llegada de Tiago Ventura y Carlos Casillas a los de Sinaloa y Morelos.
De acuerdo con el informe 2020 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, México registró 209 de estos actos entre 2014 y mayo de 2020.
A esto se suma la violencia política que se detonó en 2018 y que para este proceso electoral ya suma 18 asesinatos de aspirantes a cargos públicos en distintos estados de la República. Por lo que los abanderados de la comunidad LGBTI+ podrían enfrentarse a un escenario doblemente riesgoso.
“Tomar la voz en primera persona y decir ‘soy lesbiana y voy a defender los derechos humanos’ por supuesto que es muy difícil porque lo que media es esa profunda discriminación que está permanentemente en los medios de comunicación, en las oficinas administrativas, en la familia, en la escuela, en la calle”, dice Castañeda al considerar esta una de las causas del amplio vacío de representación de la comunidad LGBTI+ en espacios gubernamentales y legislativos.
Jairo Antonio López, profesor de la Universidad Veracruzana y nivel I del Sistema Nacional de Investigadores, coincide en que las acciones afirmativas tienen un valor simbólico importante, más no una gran eficiencia en la práctica.
“Es simbólica en el sentido de que envía un mensaje de que, más allá de las posiciones que puedan tener frente a una agenda de derechos, se tiene que reconocer a esa población como parte de la amplia diversidad de México”.
A consideración de López, la medida dista de tener un valor en la práctica para avanzar en la agenda de derechos LGBTI+, más bien busca reconocer la discriminación histórica de la que esta comunidad ha sido objeto y de cómo los partidos políticos han ignorado a este sector de la población. Destacando que las candidaturas no garantizan mecanismos para que los representantes de la comunidad LGBTI+ accedan a puestos de decisión.
“En un contexto histórico, es muy importante que estas medidas simbólicas salgan a la luz. Tan es importante que han generado las reacciones que han generado”, agrega López.
En el caso particular de México, las acciones en contra de temas como los derechos LGBTI+ o la interrupción legal del embarazo provienen de sectores de facto conservadores.
“Grupos liderados por las jerarquías de las iglesias tanto católicas como pentecostales y neopentecostales, así como los partidos de corte conservador empezaron a generar estrategias de articulación a nivel nacional pero también con una gran presencia a nivel estatal”, dice López.