La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció a 25 personas físicas y morales, entre ellos a Emilio Lozoya, por su particpación en la Estafa maestra cometida en detrimento de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio pasado, lo que derivó en el desvío de recursos por más de 400 millones de pesos.
Entre los denunciados no sólo figuran exfuncionarios de Pemex, también están las empresas —y sus representantes legales— con las que la petrolera celebró los contratos a través de los cuales se ejecutaron los desvíos.
La investigación aún continúa en curso y la Fiscalía General de la República (FGR) todavía no judicializa el expediente, por lo que no hay órdenes de aprehensión derivada de ella.
De acuerdo con documentación a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, uno de los denunciados es Héctor Vera Argüelles, del área de Coordinación de Programación y Evaluación de Pemex-PEP, quien trabajó en la petrolera hasta octubre de 2010 y, posteriormente, se convirtió en representante legal de Maheca, empresa que también está denunciada.
En septiembre de 2019, El Gran Diario de México informó que Maheca consiguió dos contratos con Pemex por 127 millones de pesos, mediante una subcontratación con la Universidad Popular de la Chontalpa en Cárdenas, Tabasco, para el servicio de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos por 140 millones de pesos.
Sin embargo, los cálculos finales de la UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, llegaron a contratos por 468.5 millones de pesos por los servicios que no fueron ejecutados.
“Se localiza información de que la empresa objetivo [Maheca] realizó operaciones con la Universidad Popular de la Chontalpa de enero de 2013 a diciembre de 2014 por un monto total de 468.5 millones de pesos”, señala la documentación consultada.
“Hay dispersión de recursos con diversas empresas las cuales tienen alertas, porque rompen su perfil transaccional y presentan características de empresa fachada, adicional a que comparten teléfonos y algunas ya se encuentran en estatus de liquidación de activos desde 2013”, señala.
En los datos denunciados por la UIF se detectó triangulación de recursos, algunos de ellos dispuestos en efectivo, y se identificó a Vera Argüelles como uno de los accionistas de Maheca que anteriormente habían sido empleados de Pemex y que fueron reportados por operaciones en efectivo sin justificación aparente, así como por recibir recursos por 12 millones de pesos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Comercio, Industria y Servicios en General del Estado de Quintana Roo, al ser ubicado por fondear empresas fachada.
“En 2013 y 2014 presentó saldo en cuenta bancaria superior a los 100 millones de pesos, demostrando un enriquecimiento no comprobable”, indicó la UIF.
“Su esposa [Elvira Mustafá Pinete), hijo (Héctor Raúl Vera Mustafá] y nuera realizaron la adquisición de dos inmuebles por 6.3 millones de pesos en 2014 y recibieron recursos por 32 millones de pesos del mismo sindicato y de una empresa fachada”.
Esta compañía fachada es Pro Source, en la que aparece como representante legal Diana Beatriz Torres Gallardo, otra de las denunciadas.
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Torres Gallardo es una de las hijas de Silvano Torres Xolio, quien fue superintendente en la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial de Pemex-PEP hasta 2003, y se asoció con Williams Morfín Silva, quien fue funcionario en Pemex, para fundar Cantarell, S. A. de C. V., empresa cuyas acciones fueron transferidas a Flor Estefanía Torres Gallardo, hija de Torres Xolio.
Ni Flor Estefanía ni Morfín Silva fueron denunciados, pero Torres Xolio y su esposa María del Carmen Gallardo Bernal, sí.
Las otras denuncias
Además de los casos Odebrecht, Tochos y Agro Nitrogenados, en septiembre de 2019 la UIF presentó una denuncia contra Emilio Lozoya por el caso OHL.
Según las pesquisas, OHL México, S. A. B. de C. V., tiene dentro de sus accionistas a OBRASCÓN HUARTE LAIN, S. L., y ambas empresas han sido señaladas por supuestamente entregar sobornos a autoridades en los dos sexenios pasados para la asignación de contratos públicos.
En este caso, fueron denunciadas 10 personas físicas y morales, según la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM/CDMX/0001292/2019 y todavía no ha sido judicializada.
En octubre de 2019, luego de identificar la existencia de una red de personas físicas y morales vinculadas con Lozoya Austin y su esposa Marielle Helene Eckes, que realizaron operaciones con elevadas cantidades de recursos, probablemente derivadas de los sobornos pagados de Odebrecht y operaciones simuladas, la UIF denunció a 13 personas.
Este caso, conocido como Yacani, detalla la utilización de la empresa del mismo nombre, propiedad de Marielle Helene Eckes para realizar operaciones de lavado de dinero y la carpeta de investigación, radicada en la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la FGR, tampoco ha sido judicializada.