Aunque el Gobierno federal ha establecido como uno de sus objetivos prioritarios el combate a la evasión fiscal, el país no se encuentra considerado entre los más preparados para impedir esta fuga de ingresos tributarios que le cuesta miles de millones de pesos al año
A pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha establecido como uno de sus objetivos centrales el combate a la evasión fiscal, observadores internacionales e independientes siguen encontrando en el país los rasgos característicos de un “paraíso fiscal”, aunque no en su grado más extremo.
Las acciones que se han implementado durante la actual administración para garantizar el pago de los impuestos por parte de todos los contribuyentes, y particularmente de las grandes empresas tanto nacionales como trasnacionales, han abarcado desde el ámbito ejecutivo hasta el legislativo, con reformas que han agravado severamente los castigos para los evasores fiscales.
No obstante, en el más reciente “Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2021”, que elabora la organización Tax Justice Network, México no fue colocado entre los mejores combatientes de la evasión fiscal, sino a media tabla, en el lugar 31 de entre las 70 naciones evaluadas; considerando que el escaño 1 representa la peor calificación (Islas Vírgenes Británicas); y el 70 (Montserrat), la mejor.
La organización explica qué es lo que mide su estudio: “El Índice de Paraísos Fiscales Corporativos clasifica a cada país en función de la intensidad con la que los sistemas fiscales y financieros del país permiten que las empresas multinacionales transfieran sus beneficios fuera de los países en los que operan y, en consecuencia, paguen menos impuestos de los que deberían pagar allí”.
El lugar que ocupa cada nación en el estudio se define con base en dos variables: una calificación sobre su sistema fiscal y jurídico, y una estimación de la actividad financiera que aloja de compañías trasnacionales.
El índice evalúa el sistema fiscal y jurídico de cada país con una ‘puntuación de paraíso fiscal corporativo’ sobre 100, donde cero representa nulo margen para el fraude fiscal corporativo y 100 un margen incontrolado para el fraude fiscal corporativo (México obtuvo 54)
“Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2021”
Tax Justice Network
“La puntuación de paraíso fiscal corporativo del país se combina luego con el volumen de actividad financiera realizada en el país por parte de las empresas multinacionales a fin de calcular el grado de abuso fiscal corporativo transfronterizo facilitado por el país”.
De hecho, la evasión fiscal por parte de las empresas multinacionales a la que alude el “Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2021”, está bien identificada por las autoridades mexicanas como uno de los principales problemas que enfrenta la hacienda nacional, según puede corroborarse en el Segundo Informe de Gobierno de López Obrador, donde se señala en el apartado de “Bajar la Evasión y Elusión Fiscal”.
“A partir de las modificaciones realizadas a las disposiciones fiscales mexicanas a partir de 2020, encaminadas a combatir la evasión y elusión fiscal, en especial la generada por empresas multinacionales mediante el traslado artificioso de las ganancias obtenidas en México a lugares de escasa o nula tributación, lo que permite no pagar el impuesto sobre la renta corporativo en territorio nacional, se está implementando la siguiente acción:
“Preparación de las reglas administrativas e infraestructura tecnológica que permitirá el ágil cumplimiento por parte de los contribuyentes de la obligación de revelar los esquemas relativos a temas identificados de alto riesgo por las autoridades fiscales, a fin de contar de manera anticipada con información de esquemas de planeación fiscal potencialmente agresivos”.
Agujero negro de evasión fiscal
El 2 de marzo de 2019, el Senado de la República, dio a conocer una estimación sobre la evasión fiscal que se realiza en el país.
Tan solo en el año 2016 la tasa de evasión fiscal en México representó 2.6 por ciento del PIB, lo que significó que el gobierno no recaudó alrededor de 510 mil millones de pesos, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
Ese monto que el país dejó de recaudar por causa de la evasión fiscal, para ponerlo en perspectiva, habría sido suficiente para fondear casi cuatro (3.95) programas de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, que en el año 2020 se implementó por parte del Gobierno federal con un presupuesto anual modificado de 129 mil 020 millones de pesos.
Por ello, señaló también el Senado: “La investigación titulada “Evasión Fiscal en México” explica que este delito afecta a toda la nación, ya que los inculpados, al pretender ocultar sus ganancias, dejan de pagar impuestos que afectan las finanzas estatales y limita los recursos del gobierno para realizar políticas públicas o programas sociales”.
El Senado estima en 510 mil millones de pesos anuales lo perdido por evasión fiscal, suficiente para fondear 4 programas de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores
Entre los mayores logros reportados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Raquel Buenrostro Sánchez, en dicho apartado del Informe, denominado “Bajar la Evasión y Elusión Fiscal”, se incluyó la recuperación de adeudos que mantenían contribuyentes particularmente de grandes dimensiones.
Ahí se indica que “en apoyo al combate a la evasión y elusión fiscal que permita generar mayores recursos para atender las necesidades de la población (…) En el primer semestre de 2020, considerando cifras en efectivo y virtuales, fueron cobrados 219 mil 500 millones de pesos por actos de fiscalización y cobranza sin necesidad de judicialización, siendo éste el mayor monto que se ha recaudado durante este periodo en la historia”.
También se menciona la implementación del programa anual de fiscalización a Grandes Contribuyentes, que “tiene como objetivo eficientar el proceso de fiscalización” con cuatro ejes principales: I Programación de actos nuevos; II Fiscalización en proceso; III Análisis en los recursos de revocación; y IV Seguimiento al control de saldos; y que “tuvo como resultado una recaudación de 120.6 miles de millones de pesos”.