Los centros penitenciarios del estado arrastran, en los últimos años, las calificaciones más bajas con respecto al respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los penales locales en Nayarit tienen una calificación promedio de 4.11, la más baja de todo el país.

El Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza obtuvo 4.42, en él se detectaron condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, fallas en las condiciones de higiene de las instalaciones, deficiencias en la alimentación de los reos, personal insuficiente, ejercicio de funciones de autoridad por parte de los internos, entre otras.

Mientras que la Cárcel Pública Municipal de Bahía de Banderas, considerada la peor de todo el territorio nacional, sumó apenas 3.79 de calificación, ahí también se hallaron condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, fallas en los servicios de salud y alimentación, autogobierno, poco personal y con falta de capacitación, además de insuficiencia en programas de prevención de adicciones.

El diagnóstico de la CNDH evalúa el respeto a los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario: revisa las condiciones de estancia de los reclusos procesados y sentenciados, las incidencias sobre violencia al interior de las cárceles, si hay sobrepoblación, la atención médica, si se trabaja en la reinserción social del interno y cómo se trata a los internos con requerimientos específicos, como dispacacitados, índígenas, mujeres y enfermos.

En abril de 2016, cuando la CNDH emitió el resultado anual, en el que posiciona a Nayarit en el último lugar de los estados con las “peores prisiones”, el titular del Centro de Readaptación Social Venustiano Carranza, Rafael Gamboa Soto, explicó que pese a la calificación otorgada por la CNDH, el penal es de los menos violentos del país.

“Es algo increíble, pero el penal de Nayarit es uno de los menos violentos del país, por no decir que es el menos violento; esto está en los parámetros que utiliza la Comisión de los Derechos Humanos, (la calificación) se basa significativamente en la infraestructura y los servicios que ahí se prestan, el lugar de esparcimiento, techo, actividades de recreación, religión, educación, todas éstas son limitadas.”

Este penal tiene una extensión de dos hectáreas, se encuentra ubicado en la mancha urbana, y su construcción data de 1965; ubicándose a tan sólo 500 metros de la Universidad Autónoma de Nayarit y rodeado de viviendas  —lo que ha sido considerado como un riesgo latente para la población—.

En abril de 2015, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) en Nayarit emitió recomendaciones para autoridades de 17 municipios, respecto a las condiciones y vejaciones que padecen mujeres en las cárceles a su cargo.

Al respecto, el ombudsman en la entidad, Guillermo Huicot Rivas Álvarez, explicó que “además de la existencia de sobrepoblación, poca e inadecuada vigilancia, nula clasificación, entre otras violaciones, la situación de las mujeres que se encuentran privadas de libertad en estas cárceles es grave”.

Durante el proceso penal de las mujeres, ellas son obligadas a permanecer por meses en su dormitorio, lo que calificó como discriminatorio, a diferencia de los hombres quienes sí pueden acceder al patio casi todo el día.

En aquel entonces, señaló Rivas Álvarez, los municipios de Acaponeta, Del Nayar, San Blas, Tuxpan, Ruiz, Huajicori, Compostela, Ahuacatlán, La Yesca, Ixtlán del Río, Jala, Santa María del Oro, Rosamorada, Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla, San Pedro Lagunillas y Tecuala, fueron a quienes se les detectaron irregularidades en sus cárceles municipales.

Una de las formas de resolver la situación, fue creando un módulo exclusivo para mujeres en la capital, a través del cual se pudiera desahogar el hacinamiento en las cárceles municipales y mejorar las condiciones de las mujeres presas.

De acuerdo con autoridades locales, “el fenómeno Topo Chico”, (motín donde murieron 49 reos el 11 de febrero de 2016),  es un problema que alcanza a todo el sistema penitenciario nacional.

Según el director del penal estatal, a diferencia del penal de Topo Chico en Monterrey, el centro  Venustiano Carranza, con tan sólo dos hectáreas, y más de 3 mil 200 reclusos (el penal tiene capacidad para albergar tan sólo a 600 reos); en sus más de 50 años no ha tenido conato de motín.

“Topo Chico y Nayarit tenemos la misma población o muy similar, poco más de tres mil internos, pero la diferencia con Topo Chico está en una extensión de 100 hectáreas. Y tiene menos de 25 años de haber sido construido; recordemos que el Venustiano Carranza fue construido en 1965”, señaló.

El director del penal estatal, habló además del famoso “pozo”, lugar al que tanto presos como familiares de los mismos, se refieren como lo peor del penal pues, dicen, es el lugar de castigo.

“Se le llama El Pozo, porque se encuentra en una sección que está abajo del edificio de gobierno, que esa sección, es el área de apartado, donde se utilizaba como  de máxima seguridad; sin embargo, no es un área de castigo, sino que ahí llevamos a los reos más conflictivos del centro; pero en realidad es otra sección más”, explica el funcionario.