La iniciativa privada sigue de cerca el proyecto en el Senado y confía en que el Gobierno de López Obrador respete las concesiones otorgadas para explotar los yacimientos
Hace menos de tres años México recibía una noticia insólita: en medio de la Sierra Madre Occidental, en Sonora, casi en la frontera con Estados Unidos, una empresa encontraba el yacimiento de litio más grande del mundo. Este metal con el que se fabrican baterías para la mayoría de equipos electrónicos, desde un auto hasta un celular, también se utiliza para producir cerámica, medicamentos antidepresivos y es un insumo básico de la industria nuclear. La concesión minera en el pueblo de Bacadéhuachi (979 habitantes), en manos de la empresa inglesa Bacanora Lithium y la china Gangfeng, despertó el interés de los inversores y las promesas de futuro de los políticos. Mientras el litio se encumbra como “el nuevo petróleo”, las partes buscan sacar beneficio de un potencial negocio de miles de millones de dólares. El yacimiento de Sonora tiene reservas probables de 243 millones de toneladas de minerales, según la empresa. Todavía la distancia entre la realidad y las ambiciones es amplia.
En medio de la fiebre del litio, Morena, el partido en el poder, ha presentado una iniciativa en el Senado inspirada en el modelo boliviano de nacionalización para que los beneficios se queden en México. El senador Alejandro Armenta, impulsor del proyecto de ley, considera que la explotación podría ser muy ventajosa para el país ahora que los precios se han recuperado 88% en lo que va de año y rozan los 12.000 dólares la tonelada. “Lo que hoy vale el litio en México es 4,5 veces el valor de la deuda externa soberana, que asciende a 11 billones de pesos. Ahí está una respuesta para darle solución al desastre económico que tenemos en nuestro país”, dijo en declaraciones a la agencia EFE.
Aunque todavía no hay muchos detalles, la propuesta va en línea con el discurso de soberanía energética y nacionalismo que defiende el Gobierno del presidente López Obrador, reacio a la participación de empresas privadas y extranjeras en el sector. Los funcionarios del partido en el Gobierno a favor de la nacionalización del litio planean seguir los pasos de Bolivia en 2008, dos años después de la llegada de Evo Morales al poder. Armenta entregó al presidente boliviano Luis Arce una copia de la iniciativa sobre el litio, durante una visita del mandatario al Senado. También ha anunciado la creación de una Cámara Mexicana del Litio para el segundo semestre de 2021.
El país andino creó una empresa paraestatal (Yacimientos de Litio Bolivianos, YLB) que pese a los esfuerzos y los avances técnicos no ha conseguido producir a escala industrial litio de calidad para exportar al nivel que sus vecinos Argentina y Chile. “El método desarrollado en Bolivia no es lo suficientemente bueno para lograr una calidad aceptable en el mercado y han tenido que buscar socios extranjeros para la producción de hidróxido de litio, cosa que no estaba contemplada al inicio de la nacionalización”, explica Martín Obaya, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín. A este problema se suma el agujero que ha dejado el financiamiento del proyecto. La empresa del Estado debe al Banco Central de Bolivia más de 5.000 millones de pesos bolivianos (unos 700 millones de dólares).
La firma Bacanora Lithium, en declaraciones a este periódico, afirma que sigue de cerca la iniciativa en el Senado y confía en que López Obrador respete la concesión otorgada, en este caso durante 50 años. “Este es un proyecto ambicioso que ha requerido de 800 millones de pesos (40 millones de dólares) de inversión en los últimos tres años y posiblemente de 2.000 millones más en los próximos 10 años”, señala un vocero de la compañía.
La concesión a Bacanora y Gangfeng tiene el tamaño de unos 100.000 campos de fútbol y la empresa planea quedarse en México los próximos tres siglos: “Sonora es un proyecto que durará 300 años, con costos operativos bajos, en el que produciremos litio de alta calidad para la industria de las baterías para vehículos eléctricos”, explicaba a EL PAÍS Peter Secker, CEO de Bacanora Lithium. La idea de nacionalizar el litio en México revive la historia de la expropiación petrolera que realizó el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, un hito que cada año se celebra como una fiesta nacional. Armenta declaró que no se busca expropiar a las compañías sino más bien, “regular, adaptar y actualizar” los contratos que existen. Los especialistas consultados concuerdan en que México no cuenta ni con la tecnología ni el conocimiento suficientes para hacerse cargo de una industria propia. Las alianzas público-privadas o los impuestos sobre la producción podrían ser una opción de modelo mixto.
La Secretaría de Economía señala que todavía no existe producción de litio en México y que por el momento su principal función en este tema es la de “facilitar la gestión y acompañar a los proyectos mineros para que puedan aprovechar con oportunidad las inversiones”. La industria del litio aún es incipiente y se basa en tecnologías muy especializadas que solo dominan un reducido grupo de empresas. Bacanora en la extracción y Gangfeng en la elaboración de carbonato de litio estiman que arrancarán sus operaciones en 2023. La compañía calcula para el primer año una producción estimada de 17.500 toneladas que ya está comprometida con la empresa japonesa Hanwa.
México un país rico en recursos naturales ha visto cómo las empresas privadas y extranjeras se benefician del extractivismo con una Ley Minera muy ventajosa para sus intereses. A pesar de la escasa incidencia de la minería en las arcas del Estado –menos del 1% del PIB– es un sector concentrado en pocas manos y con una influencia política considerable. Gangfeng planea crear una planta de reciclaje de baterías en suelo mexicano que suministre minerales a Tesla Motors, dueña de la fábrica de autos eléctricos más grande del mundo, en Nevada, a 1.400 kilómetros de Sonora. “Debemos de tener toda la cadena productiva en nuestro país, que nos lleve del mineral de litio a las pilas de cadmio-litio o alguna otra que use el ion de litio como base para producir electricidad”, ha señalado la Secretaría de Economía.
Los legisladores inmersos en un exceso de optimismo por la nacionalización tendrán que valorar todas las alternativas más allá del discurso político para que la fiebre del litio en México no se convierta en un negocio lleno de problemas.