Con el fin de evitar que empresas fachada se infiltren en el proceso electoral en curso, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en la mira a dos mil de los proveedores registrados —que dan servicio a los partidos políticos—, de los cuales la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró mayores datos sobre su operación.
La consejera Carla Humphrey comenta en entrevista con EL UNIVERSAL que el padrón histórico de proveedores del INE consta de 61 mil 500 personas físicas y morales. Los que están activos en el actual proceso electoral son 22 mil 795, a los que la UIF ha indagado para conocer su giro o actividad. Al menos en 20 mil 369 se obtuvo la información, no así en 2 mil 426.
Detalla que se hace una revisión en todos los ámbitos pero se ha detectado que en campañas municipales se tiene mayor vulnerabilidad de infiltración de la delincuencia organizada por lo que son más vigiladas.
Subraya que el INE se enfrenta a barreras como la negación de información por parte de partidos y sus candidatos, sobre todo, reconoce, de las propias autoridades que no colaboran para detectar irregularidades en el financiamiento de las campañas.
El 8 de febrero, el INE y la UIF firmaron un convenio de colaboración para identificar financiamiento ilícito, en el marco del proceso del 6 de junio.
¿Cómo ha funcionado el acuerdo suscrito?
—Se han tenido sucesivas reuniones de trabajo, se ha solicitado información respecto al padrón de proveedores nuestro, que en el histórico concurren 61 mil 500 personas físicas y morales, y que integran este padrón. Revisamos los de este año, los que están activos son 22 mil 795, de esos hubo una coincidencia, es decir, la UIF encontró en sus registros, su información, a 20 mil 369 de estos proveedores, y no tuvo información de 2 mil 426. Lo que se hizo fue pedirle al INE que solicitara mayor información respecto de estos 2 mil 426.
los 20 mil proveedores del INE que sí tienen registro, ¿todos están en el sistema financiero nacional?
—Sí, todas están con distintas características, por ejemplo, 20% de ellas son agencias publicitarias; 17% asalariadas; 9% se dedican a la impresión; 9% a servicios de contabilidad y auditoría; 6% a servicios de consultoría en administración, comercio al por mayor, servicios profesionales, científicos y técnicos, y apoyo al negocio, y de éstas también claramente estamos revisando el padrón, también con la idea de detectar posibles empresas fachadas o factureras que no estuvieran enlistadas, con la finalidad de tener con mucha mayor claridad.
Es decir, cuáles son las empresas o personas físicas y morales con las que los partidos políticos están contratando durante las campañas electorales, y esto lo estaremos haciendo en conjunto con los informes que tienen obligación de presentarnos, en parcialidades, respecto a la información que suben al sistema de contabilidad del INE.
¿Ya detectaron alguna empresa fachada?
—Justamente estamos en esa revisión, porque hay que ver diversas variables: cuándo se constituyó, con qué objeto social, si el objeto social tiene coincidencia con el registro que hicieron en el INE respecto de la actividad que podían proveer a partidos políticos y candidaturas; montos de operaciones, estas empresas que empiezan a funcionar hace poco y en un año manejan, digamos, una contabilidad de millones de pesos, también se consideran con alertas importantes y eso es justamente lo que estamos rastreando.
¿Qué plano es el más vulnerable?
—Tiene que ver con varios factores. Hay que poner especial atención en las elecciones municipales, puesto que no es una cosa que esté comprobada todavía, que tengamos un dato, al final, como país todavía no estamos en ese momento de preocuparnos, pero creemos que podrían ser las más porosas respecto al financiamiento del crimen organizado.
¿Cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan para fiscalizar?
—Primero, que no nos entregan informes, porque aunque nosotros tenemos distintos mecanismos para que nos entreguen información, es importante saber qué nos están entregando: con quién contrataron, dónde, cuáles son los montos, para de ahí empezar con las técnicas y herramientas de auditoría a fin de comprobar la veracidad de lo reportado en los informes.
Segundo, claramente la comprobación; tercero, que no contraten con proveedores que están dentro de este catálogo, y cuarto, que nos hagan la notificación respecto a distintos eventos que van a realizar en los plazos establecidos en la ley, para que nosotros podamos acudir a fiscalizar esos eventos para ver realmente dónde se realizaron, cómo se realizaron, cuáles son los recursos que nosotros queremos que estén involucrados en estos eventos.
Finalmente, también la falta de atención en tiempo y forma de diversas autoridades de la información que solicita el INE. Claramente hay quejas que tienen varios años y el argumento que se nos da es que las autoridades no responden estos requerimientos del instituto y, por tanto, es difícil sustanciar una queja si no tienen todos los elementos.
Un tema que siempre se nos da es que confunden a la FGR con la Fiscalía [Especializada en] Delitos Electorales [FEDE], pero no. En el caso de las quejas, por ejemplo con Odebrecht, estamos hablando de la FGR, es a quien le solicitamos la información porque tiene esa investigación. Se nos pone el secreto ministerial, lo cual no es aplicable porque así ya lo ha dicho la Sala Superior [de la Suprema Corte], pero porque además somos autoridad y somos la única en el país que puede fiscalizar recursos de partidos y candidatos, así que nos dejan sin esta información.
El secreto ministerial no es suponible, cada vez hacemos en el Consejo General [del INE] estos exhortos a que colaboren, a que nos abran estas carpetas porque no se las están presentando o abriendo a un particular, sino a una autoridad en ejercicio de sus funciones.
Entonces, creo que ese es también otro de los retos que tenemos y de las dificultades que enfrentamos cuando estamos sustanciando y revisando todos los gastos e ingresos de partidos y candidatos en el país.
¿Les atan las manos con la negativa de información?
—Cada autoridad tiene su ámbito de competencia delimitado; por supuesto tiene incidencia en el ámbito electoral muchas actividades que realizan distintos sujetos que no son necesariamente en materia electoral o que trasciende el ámbito electoral.
Por tanto, para poder desahogar una queja o una denuncia sí necesitamos información de otras autoridades: de la UIF, del SAT, a lo mejor de la procuraduría fiscal, de la FGR, de autoridades estatales, y no es que nos ate de manos, pero sí obstaculiza, sí hace que no podamos resolver rápidamente, que tengamos que estar requiriendo información una y otra vez, que tengamos que pedir que sancionen a funcionarios que no nos entregan esta información y a la que están obligados por la Constitución.
A responder en tiempo y forma cualquier requerimiento del INE, y desafortunadamente no es la historia, así no son los hechos, no es la forma en que se han comportado muchas autoridades, otras sí, habría que decirlo, pero no es que nos ate las manos, pero no podemos tener acceso a información veraz, oportuna, probatoria, para resolver los casos que se someten a nuestra consideración o los que iniciamos de oficio.