En una jornada de victoria absoluta para el acosado Instituto Nacional Electoral (y para los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama), el TEPJF avaló su intención de evitar una superbancada del presidente en la Cámara de Diputados. Aún en discusión, todo apunta a una decisión unánime
La sobrerrepresentación que pretendía Morena en la Cámara de Diputados se vio frenada en definitiva, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió (por unanimidad) que enviar militantes de un partido a las listas plurinominales de otro grupo político rompe el principio constitucional de representación ciudadana en el Poder legislativo.
El INE había puesto trabas a esa intención con lineamientos que los convenios interpartidstas debían cumplir, lo que originó que el oficialismo de la 4T impugnara ante el Tribunal. El Instituto Nacional Electoral dispuso verificar que hubiera candidatos con militancia efectiva en los listados de representación proporcional de los partidos; esto implicaba que los morenistas no podrían estar en las listas del PES, PT u otros aliados.
La trampa electoral que se analizó había sido irrelevante hasta la última elección, cuando fue llevada al extremo por Morena y se firmaron acuerdos con otros partidos para brindarles votos (y que conservaran su registro), a cambio de que morenistas estuvieran en sus listas de candidatos de representación proporcional. El resultado era una superbancada morenista disfrazada de multipartidista.
El magistrado Felipe de la Mata fue el primero en hablar sobre el tema y señaló que el proyecto de su tocayo y colega Felipe Fuentes, al oponerse a la tramposa sobrerrepresentación, es un precedente “republicano e histórico”.
Mónica Soto, otrora apoyo del proamlista José Luis Vargas quien preside el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue la segunda en hacer uso de la palabra y quedó claro que la suerte ya estaba echada: la sobrerrepresentación que buscaba Morena no es bien vista por una mayoría amplia de los magistrados: “Nuestra Carta Magna mandata que ningún partido tendrá más de 300 legisladores y ningún partido tendrá una proporción ocho por ciento mayor a su votación real”. El propio presidente Vargas salió en quinto lugar, cuando la decisión ya estaba tomada, para aprobar en lo general el proyecto que elimina la sobrerrepresentación e incluso propuso conminar al congreso para que modifique la ley y que se evite de origen ese intento de sobrerrepresentación.
Por su parte, Mónica Soto indicó también que los convenios de coalición partidistas no pueden romper esa regla constitucional. Finalizó diciendo que esto no equivalía a limitar los derechos de los partidos, pero sí que los convenios terminarán por estar encima de la Carta Magna.
Si bien faltaban cinco magistrados en hacer uso de la palabra, quedaba claro que la intención del gobierno federal de lograr una superbancada con mayoría calificada iba a ser rechazada. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se sumó al proyecto, en términos prácticamente similares al de sus colegas. Igual pasó con Indalfer Infante.
Janine Otálora, quien se viera obligada a renunciar a la presidencia del Tribunal en 2019, como parte de la fuerza monolítica con la que llegó la 4T al poder, enfatizó que aprobar la militancia efectiva no es dotar al INE de nuevas facultades, sino que sencillamente se le reconoce su papel para garantizar la operatividad en el reparto de curules en el congreso, siempre respetando lo dispuesto en la Constitución. Esto fue un muy buen resumen de la victoria que logró el INE, particularmente los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, los actores principales de un solitario paso al frente ante la falta de respeto por reglas básicas por parte del Presidente de la República y su partido.