En cumplimiento al decreto que modifica la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en materia de declaración de intereses y de situación patrimonial, así como de obligaciones fiscales, por segunda ocasión en lo que va del año, el mandatario estatal dio a conocer ayer dicha información.
Agradeció a los diputados la aprobación y publicación de esta reforma que envió al Poder Legislativo en febrero del 2016, "esto es un avance, una muestra clara del compromiso de los diputados a favor del derecho de todos a la información y a la lucha contra la corrupción", indicó.
Además, afirmó que la reforma es un mecanismo que permite conocer y evaluar el patrimonio y los intereses de los servidores públicos y en su caso, detectar irregularidades.
Ante los miembros de su gabinete, señaló que es público que su sueldo anual neto es de un millón 239 mil 568 pesos y que por ley no percibe aguinaldo.
Asimismo, dio a conocer sus propiedades en bienes raíces y arte; aseguró que en toda su carrera como representante popular y gobernador no guarda intereses, ni relación privada con empresas y organizaciones, "ni obtengo ingreso alguno por otra vía que el servicio público, por lo que afirmo categóricamente que no tengo conflicto de intereses que influyan en la función de mis responsabilidades y obligaciones como titular del Poder Ejecutivo".
Destacó que cuenta con una casa en Cuernavaca, la cual adquirió hace 31 años, junto con su esposa Elena Cepeda, con un valor de ocho millones de pesos; un departamento en Ciudad de México, que adquirió a través de un crédito bancario, valuado en cinco millones 261 mil pesos, además de un departamento en Acapulco, de 282 metros cuadrados.
"Actualmente no poseo vehículo, utilizo los que pertenecen a la flotilla asignada al Poder Ejecutivo estatal, poseo un menaje de casa de tres millones de pesos y 700 mil pesos en obras de arte", indicó.
"Desde aquí convoco a todos los funcionarios de los poderes, de los municipios y organismos autónomos a cumplir con la obligación ética de transparentar sus ingresos, los posibles conflictos de intereses que su función pública genere, y den prueba del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¡No hay excusas!, el contribuyente debe saber todo", finalizó.