Se desatan enjuagues en la SCT. Clínicas recién autorizadas cobran hasta en 6,500 una prueba que vale 1,838 en canales oficiales. En la dependencia cuentan con al menos 370 doctores, 50 enfermeras y 50 psicólogos, “pero checan y se van a otros trabajos”
Rechazados. Médicos militares capacitados para exámenesa pilotos no son contratados
Un mes antes del relanzamiento del programa “Terceros Autorizados” en la Dirección de Medicina Preventiva de la SCT -oficializado el 26 de marzo-, comenzaron las ofertas clandestinas y los negocios sucios:
“¡Uno y hasta dos millones de pesos por una plaza exclusiva de médico dictaminador!”…
Los enjuagues se tradujeron pronto en denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, como la 19136/2021, presentada el 23 de febrero por un ciudadano de Chihuahua, y a la cual Crónica tuvo acceso:
“Recibí dos llamadas en las cuales me ofrecieron tramitar una autorización mediante el pago de 1 millón de pesos, lo cual incluía autorizarme cualquier médico y me garantizaban que la plaza que yo eligiera sería exclusivamente para mi empresa. Realizando algunas averiguaciones encontré que la SCT sí tiene planeado abrir el programa de Terceros, pero que sólo le ha dado información a los socios de quienes laboran ahí”, se señala en el escrito, el cual se encuentra ya en etapa de investigación.
“El personaje que está solicitando dinero por las autorizaciones de nombre José Holling es socio de José Arellano Duque, quien es director de Planeación de Medicina Preventiva. Son socios en un centro de capacitación de autotransporte federal acá en Chihuahua, con número 441. Ese centro sólo se dedica a vender las constancias sin realizar el curso obligatorio. Es increíble que el nuevo gobierno permita que burócratas como Arellano sigan trabajando a pesar del conflicto de interés y mal uso de la información a la que tiene acceso. El funcionario denunciado trabaja bajo las órdenes del doctor Nogueira”.
Se refiere a José Manuel Nogueira, quien apenas a comienzos de año fue nombrado director del área encargada del tema: DGMPT, y quien semanas después resucitó la privatización de los Exámenes Psicofísicos Integrales (EPI´s) a operadores de tráileres, camiones, trenes, aviones y embarcaciones para dictaminar si son aptos o no para transportar personas y carga.
La 4T había desaparecido el programa desde medianos de 2019 por malos manejos.
Consiste en autorizar a médicos privados (Terceros Autorizados) la realización de la prueba, necesaria para obtener o renovar la licencia federal. Sin embargo, en la mayoría de los casos estos doctores terminaban como subordinados de vivales (inversionistas o funcionarios públicos) y se dedicaban a maquilar exámenes o emitir certificados fantasma o alterados por los cuales operadores no aptos pagaban miles de pesos.
Entre los males ocultados, en perjuicio de la seguridad en el transporte, estaban deficiencias audiovisuales, obesidad, enfermedades crónico-degenerativas sin control, trastornos emocionales y uso de drogas.
Pese a los antecedentes sombríos, resurgieron los Terceros y, con ellos, el mal uso de recursos y las mordidas…
Crónica logró charlar con Maribel Ramírez Zúñiga, subdirectora de Evaluación a Terceros cuando comenzó el programa en la SCT, por allá de 2010, y quien salió de la institución por ventilar anomalías; desde entonces se ha dedicado a dar asesoría sobre el tema. Por medio de intermediarios, también ella conoció las propuestas de la venta de plazas.
“Un ingeniero de sistemas que trabajó en ese departamento me dijo: ´están vendiendo plazas en exclusividad, la que tú quieras por 2 millones de pesos´. Otra de las ofertas, dijo, era dar la autorización a cambio del 50 por ciento de las ganancias cuando ya se esté operando”.
-¿Qué es una plaza en exclusividad? -se le pregunta.
-Que no autoricen otro médico en una determina ciudad o zona, para que tú acapares todo el mercado.
-En algunas denuncias se menciona como una de las fuentes de corrupción a un funcionario de nombre José Arellano Duque…
-Sé que tiene más de una década en la SCT, que trabajó con los Terceros el gobierno pasado, que no tiene buena reputación en el medio y que hoy es Director del Área de Planeación, desde donde salen las citas para las unidades médicas de la Secretaría.
-¿Por qué tanto zopilote en torno a los exámenes?
-El costo de operación de un examen es cuando mucho de 500 pesos. Con que se dé a mil, se gana el doble. En la Secretaría vale mil 840 pesos, pero sabemos que los privados ya autorizados están abusando con precios exorbitantes, lo que no ocurría antes, cuando se ajustaban al costo oficial. Los grandes perjudicados son marinos, ferroviarios, pilotos y, sobre todo, operadores en carretera. El grueso del transporte es el hombre-camión.
-¿Es justificable el retorno de Terceros Autorizados?
-Sí es inmenso el rezago de exámenes pendientes por lo de la pandemia, pero hay otras maneras de abatirlo: que pongan a trabajar al personal de la SCT. Lo peor es que no se ve una estrategia sólida para hacerlo sin la corrupción de antes. Parece que lo rescataron para los cuates de siempre. ¿Por qué hubo grupos que se enteraron de la reapertura con semanas de anticipación?, ¿por qué se están montando consultorios en los mismos lugares de antes?, ¿por qué médicos especialistas, con grandes trayectorias pero sin palancas, están siendo rechazados?
-¿Quién está aplicando los exámenes?
-En Medicina Preventiva hay una dirección médica a cargo de Octavio González Ruiz, pero quien está operando todo es un funcionario que se llama José Manuel Mendoza. ¿Le dijeron acaso: vas a reprobar a todos, excepto a los amigos? Van médicos militares, actualizados, con especialidad en medicina de aviación y los reprueban. Y a una novata en Comalcalco la pasan con 10.
-¿Qué está en juego?
-La seguridad de todos los usuarios del transporte federal. Están autorizando a dictaminadores aéreos sin conocimiento en medicina de aviación, una especialidad que sólo ofrece el Ejército. Son exámenes de aptitud, no enchiladas. Si un trailero que suele usar drogas paga por el visto bueno o porque lo brinquen y cuando va en carretera se lleva a 25 coches, ¿de quién es la culpa?
Aunque en promedio las clínicas recién avaladas están cobrando el examen entre 2 mil 500 y 3 mil pesos, este reportero logró verificar lugares en los cuales el monto es de hasta 6 mil 500 pesos.
-¿Qué incluye? -se le preguntó al representante de una clínica en Tabasco con ese rango de precio.
-Todo: nosotros te sacamos la cita y te hacemos el examen.
-Pero en la Secretaría cuesta mil 838…
-Sí, pero aquí el servicio es más completo. No tienes que andar batallando con la burocracia, y es más seguro.
¿No puede la SCT, de una manera transparente y eficaz, hacerse cargo de los EPI´s?...
Según Nogueira Fernández, se carece de capacidad operativa. Sin embargo, este diario revisó a detalle la plataforma Nómina Transparente, para conocer los alcances del personal.
De acuerdo con los datos organizados por la Función Pública, la Secretaría cuenta con al menos 370 médicos, entre generales y especialistas, además de casi 50 enfermeras y 50 psicólogos clínicos especializados en el tópico de transporte.
“Sí se podría hacer, pero no quieren”, comentó a este reportero un ex médico de la dependencia.
-¿Quiénes no quieren?
-La mayoría de los médicos de ahí son sindicalizados, no están dispuestos a atender a 25 o 30 operadores al día. Prefieren trabajar en carrusel: uno se dedica a medir o pesar al examinado, otro checa la visión, otro el oído, otro hace el electrocardiograma y así se la llevan. No hay asignación de consultas por cada médico. También enfermeras y psicólogos son sindicalizados, trabajan a medio gas, checan y se salen a su consultorio particular u otro trabajo.
“No hay necesidad de los Terceros”, dice Rafael Gómez, dedicado al autotransporte desde hace más de 20 años.
“Ahora hay mucha demanda porque el año pasado estuvo paralizado todo, pero en 20 años de trabajo nunca me tocó ver atiborradas las unidades médicas de la Secretaría; si estaban solas y sin gente era porque muchos preferían los Terceros, porque allá los pasaban sin hacer los chequeos médicos. Los calificaban como aptos cuando no lo eran”…
LOS DATOS
En los últimos años, más del 70 por ciento de quienes buscan pasar el examen son operadores de autotransporte (tráilers y camiones); 14 por ciento son pilotos; 12 por ciento es personal marítimo y menos del 4 por ciento ferroviarios.
Los médicos que participaron en el programa en sexenios pasados o que demandaron a la SCT no pueden aspirar a ser dictaminadores en la 4T.
Hay alrededor de 9 mil operadores de autotransporte que cuentan con licencia federal modalidad internacional y quienes por mandato de la Administración Federal de Seguridad para Transportes (FMCSA, por sus siglas en inglés) tienen como fecha límite el 31 de mayo para cruzar la frontera, con documentación vencida. Es uno de los gremios más afectados por la parálisis de exámenes en México.