La investigación pone bajo la lupa al sinaloense Rubén Rocha y al potosino Ricardo Gallardo; también revisan vínculos de tres diputados ganadores.
Las áreas de inteligencia del gobierno federal rastrean presuntos vínculos de al menos seis candidatos a gubernaturas y diputaciones federales con el crimen organizado, entre los que destacan los gobernadores electos de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, además de tres diputados federales reelectos.
El Centro Nacional de Inteligencia comenzó una investigación de todos los candidatos y candidatas que participaron en el proceso electoral 2020-2021 para gubernaturas y la Cámara de Diputados con el objetivo de detectar la intervención del crimen organizado en este proceso, a la par de las indagatorias que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el mismo sentido.
Los datos, a los que MILENIO tuvo acceso, destacan que se indagan vínculos del crimen organizado con candidatos de al menos cinco partidos políticos nacionales, incluidos aspirantes a tres gubernaturas por Morena, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, así como de diputados federales de la coalición Morena-PT-PVEM y PAN.
De acuerdo con esta lista de carácter confidencial del CNI, a la cabeza se ubica Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y gobernador electo de Sinaloa. De él se tienen documentados presuntos nexos con el cártel de Pacífico (cártel de Sinaloa) de Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada. Rocha Moya nació en Badiraguato, tierra del Chapo Guzmán.
Su contrincante, el senador Mario Zamora, y el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, denunciaron la “evidente intervención” del crimen organizado en la elección de Sinaloa para respaldar a Morena con el “levantón” hasta de un millar de representantes de casilla y de supervisores de los partidos de la alianza Va por México.
En entrevista, Ávila sostuvo:
“Se puede intuir que algunos candidatos están inmiscuidos, fueron, son parte de o tienen relación con estos grupos del crimen organizado”, pues —añadió— operaron el 6 de junio para apoyar a candidatos de Morena e intimidar a los de la oposición.
“En Sinaloa lo ha denunciado el propio candidato Zamora: casi un millar de personas levantadas entre viernes, sábado y domingo; fueron liberadas la noche del domingo. Incluso fue levantado el secretario estatal de elecciones del PRI en Sinaloa y fue soltado el martes. Es evidente que el narcotráfico jugó, ninguna encuesta daba una diferencia tan amplia como la que resultó en la elección, lo que queda claro es que operó el crimen organizado para favorecer a los candidatos de Morena”, aseguró.
El segundo en la lista del CNI es Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México, a quien se vincula con Los Zetas y el cártel del Noroeste.
En su edición del 17 de mayo pasado, MILENIO reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Gallardo y su familia por orquestar una presunta red de defraudación fiscal y corrupción, al adquirir propiedades millonarias mientras reportan ingresos en cero o mucho menores a los que pagaron de contado por esas posesiones. Por ello se detectó posible lavado de dinero ante el aparente manejo de recursos de procedencia ilícita.
En 2015, Gallardo, entonces alcalde con licencia de Soledad de Graciano en San Luis Potosí, fue detenido por el delito de delincuencia organizada, pero terminó libre tras la determinación de un juez federal que consideró que no había pruebas suficientes en su contra. Pese a esa exoneración, actualmente la FGR mantiene abierta una carpeta de investigación por lavado de dinero.
Otro candidato a gubernatura al que se le indagan presuntos vínculos con grupos del crimen organizado es Alfredo Lozoya Santillán, ex presidente municipal de Parral —zona de influencia del cártel de Sinaloa— y aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Chihuahua. Sin embargo, en su caso la ficha no tiene mayores detalles de lo encontrado por las autoridades.
La lista del Centro Nacional de Inteligencia, que incluye decenas de nombres, tiene un análisis específico de cada candidato que participó en el proceso electoral, en el que se indica si se identificó nexo con algún grupo del crimen organizado y exactamente con cuál. En la gran mayoría de los casos, cabe destacar, las agencias de inteligencia no encontraron relaciones entre organizaciones delictivas y los aspirantes.
En casos en los que sí fue posible rastrear vínculos con bandas criminales, hay tres diputados federales que buscaron la reelección y resultaron ganadores bajo las siglas de la coalición Morena-PT-PVEM.
El primero es Emmanuel Reyes Carmona, quien ganó la reelección por el distrito 13 de Valle de Santiago, Guanajuato, con 47 mil 891 votos, que representa 32.46 por ciento del total de la votación. De acuerdo con las investigaciones de las áreas de inteligencia federal, existen presuntos vínculos con el cártel Santa Rosa de Lima, de José Antonio Yépez Ortiz 'El Marro', hoy preso en El Altiplano.
Reyes Carmona es originario de Villagrán, la tierra del Marro y fue colaborador de Hugo Estefanía, ex alcalde de Cortazar y ex líder del PRD en Guanajuato, asesinado en 2019, presuntamente por órdenes de Yépez Ortiz. Lo anterior luego de que se filtrara una conversación entre Estefanía y uno de los sicarios del Marro que planeaba negocios en la política y fuera del cártel.
Otro de los señalados es Francisco Javier Huacus Esquivel, quien ganó el distrito 12 de Apatzingán, Michoacán, con 57.26 por ciento de la votación, equivalente a 55 mil 901 votos, también por la coalición Morena-PT-PVEM, y a quien se vincula con la organización de Los Viagra, dominante en su región.
De igual manera, el CNI indagó a Miguel Pavel Jarero Velázquez, quien ganó la reelección por el distrito uno de Santiago Ixcuintla en Nayarit, con 73 mil 910 votos, 46.25 por ciento del total de los sufragios bajo la misma coalición Morena-PT-PVEM. Aunque en este caso su ficha señala que sí tiene vínculos con el crimen organizado, en la lista del grupo criminal específico aún aparece como “no identificado”.
Un séptimo caso es el del diputado federal Armando Tejeda Cid investigado inicialmente como aspirante a la gubernatura de Michoacán y quien finalmente solicitó licencia para participar como secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en giras por todo el país.
Tejada Cid fue investigado por presuntos vínculos con La Familia Michoacana sin que existan más detalles de estos nexos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló hace unos días que ya preparaba denuncias contra siete candidatos a gubernaturas, diputaciones federales y alcaldías de Ciudad de México, en quienes el sistema financiero detectó aparentes irregularidades y lavado de dinero, aunque hasta ahora no ha revelado más detalles.
Hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía General de la República por la información descubierta por el CNI.