La estrategia implementada por el Gobierno federal para combatir a los grupos de la delincuencia organizada y traer de vuelta la tranquilidad al país, gira en torno al fortalecimiento de las fuerzas federales y del Ejército, un camino que contrasta con el de otros países en donde se privilegia a las fuerzas civiles para estas tareas
Hay dos caminos para México en la búsqueda por recuperar la paz y la seguridad y ambos son largos y complicados: la construcción de policías locales eficaces o seguir con la militarización.
“Yo creo que la mejor idea sería construir policías profesionales, apostar al desarrollo de una carrera policial que no existe en México porque lamentablemente la propia Constitución establece que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales podrían ser libremente removidos si incumplen con lo que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, afirma Marcos Pablo Moloesnik, académico de la Universidad de Guadalajara.
El especialista dice que no podemos hablar en México de una carrera ministerial, pericial o policial, porque simplemente no existe un subsistema de garantías a pesar de que la seguridad, en sus tres vertientes, ya sea nacional, interior o pública, es una función a cargo del Estado.
La militarización de la seguridad pública ha afectado el fortalecimiento de las fuerzas estatales y de las policías locales, asegura Keyla Vargas, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE)
“La militarización de la seguridad pública viene acompañada de una tendencia a eliminar tanto en términos numéricos como técnicos el apoyo financiero a las policías municipales y estatales, ya que en términos operativos se han visto relegadas por fuerzas de seguridad federales y esto obliga a pensar si verdaderamente estas atribuciones que tienen estados y municipios para asegurar las condiciones óptimas para la convivencia y pacificación de territorios dentro de su jurisdicción cuentan con la capacidad de realizarlas o la única opción ha sido la militarización mal entendida como la incorporación de fuerzas castrenses en labores que tradicionalmente se le habían asignado a policías”, afirma la especialista.
Ambos expertos participaron en el Foro Hablemos de Seguridad organizado entre CASEDE y Reporte Índigo para hablar sobre la perspectiva de la militarización de la seguridad pública en el escenario mexicano.
En las últimas dos décadas, las Fuerzas Armadas se han destinado a combatir a la delincuencia organizada, generalmente referidos como los cárteles de las drogas que operan en el país y que buscan llevar sus productos a la zona norte para trasladarla a Estados Unidos, en donde existe un mercado importante.
El combate a estas organizaciones era una tarea que originalmente estaba destinada a las policías estatales y locales. A partir de 2006, cuando inició el sexenio de Felipe Calderón, se cambió la estrategia por un combate frontal contra estas organizaciones que ha desatado un alto nivel de violencia y el cual va en aumento.
En los sexenios siguientes, tanto Enrique Peña Nieto (PRI) como el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador (Morena), prometieron que poco a poco se generarían condiciones en los ámbitos locales hasta que los soldados no fueran necesarios en la calle y regresarían a los cuarteles.
Ante el incremento de la violencia en el territorio nacional, que actualmente registra una tasa de homicidio doloso de 29 muertes por cada 100 mil habitantes, los gobiernos han requerido de la utilización de los elementos de la Guardia Nacional, una corporación que surge como civil, pero cuya composición es mayormente militar; en los últimos días se ha anunciado que sería anexada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Mejor imagen de FA pese a militarización
La necesidad del uso de las Fuerzas Armadas en algunos estados del país se implementa porque las fuerzas policiacas estatales y municipales estaban rebasadas ante las necesidades para combatir a las organizaciones criminales locales.
“Esto se ha venido justificando por la parte doctrinal, en términos de seguridad pública y, bien se sabe, hay cuerpos de seguridad estatales y municipales donde no hay un control claro, no hay jerarquías, no hay un orden, de hecho es la justificación por la que en octubre de 2020 hubo una carta entre el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina señalando que la Guardia Nacional en términos operativos iba a pasar a estar de facto bajo la responsabilidad de la Sedena, precisamente para que hubiera una estructura, mayor vigilancia y, sobre todo, mayor orden en términos operativos”, explica Keyla Vargas.
Agrega que además existe una percepción de que en las Fuerzas Armadas tienen una formación que podría evitar incurrir en actos de corrupción, lo cual ha sido como un estandarte político de la administración actual y eso se combina con una percepción de desconfianza con respecto a otros cuerpos de seguridad, como las policías estatales, municipales y vecinales en algunos territorios de México.
El especialista Marcos Pablo Moloeznik, considera que a corto plazo es inviable un retiro de los militares de estas funciones encaminadas a la seguridad pública.
“La misma cabeza del Comando Norte en Estados Unidos (Glen VanHerk) ha dicho que ellos estiman que en el 35 por ciento del territorio nacional, el Estado mexicano no ejerce soberanía plena, por lo tanto son como espacios vacíos ocupados y dominados por el crimen organizado, particularmente por el narcotráfico. Aquí ya escalamos a una amenaza real a la seguridad nacional, que tiene que ver con el ejercicio pleno de la soberanía en espacios públicos en gran parte del territorio nacional”, explica Moloeznik.