El próximo domingo 1 de agosto los ciudadanos con credencial de elector en todo el país tendrán la oportunidad de votar en la consulta popular para decidir si están a favor o en contra de esclarecer las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos; 43.4% de las personas considera que es muy importante participar en este ejercicio de democracia.
La mayoría de los ciudadanos quiere que se investigue y se lleve a juicio a funcionarios públicos; los tres más mencionados por la población son los gobernadores, con 89.9%; los presidentes municipales, con 89.7%, y en tercer lugar se ubican los expresidentes de México, con 89.2%.
Al cuestionar a las personas sobre qué actores políticos deberían ser investigados y enjuiciados, nueve de cada 10 mencionó a Carlos Salinas de Gortari, exgobernadores, senadores, diputados, Enrique Peña Nieto y a los jueces; 89.2% dijo que el expresidente Felipe Calderón e, incluso, 72.4% hizo alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que es un indicador de que los ciudadanos quieren que todos los que participaron en la toma de decisiones sean escudriñados y, en su caso, enjuiciados.
El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la realización de la consulta popular.
Para ese suceso se redactó la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”; 70.9% de los entrevistados entiende el cuestionamiento que aparecerá impreso en la boleta. En octubre de 2020, EL UNIVERSAL realizó una encuesta telefónica para conocer la percepción de los ciudadanos respecto a la pregunta; en esa medición, 80.5% dijo que sí la entendía, lo que representa una disminución de 9.6%.
La Constitución menciona que se requiere la participación de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal para que el plebiscito pueda tener efectos vinculatorios.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), realizar la consulta tendría un costo aproximado de 528 millones de pesos y, ya que los expresidentes y exfuncionarios no cuentan con fuero político y pueden ser investigados y procesados en cualquier momento, 59% de las personas piensa que no es necesario llevarla a cabo, contra 38.5% que opina que sí.