Avanza el proceso de desafuero, a pesar de inconsistencias legales
La Primera Comisión de la Permanente, del Congreso de La Unión, mantiene su insistencia para que la Cámara de Diputados federal llame a un periodo extraordinario de sesiones a fin de debatir el dictamen de la Sección Instructora respecto al expediente de la Declaratoria de Procedencia contra Uriel Carmona Gándara, fiscal general de Morelos.
Es un tema que dicho ente legislativo ha estado posponiendo una y otra vez, como se informó nuevamente este lunes 26 de julio. El caso del funcionario morelense va en paquete junto con el dictamen relativo al Proyecto de Declaratoria de Procedencia en contra de los diputados federales Saúl Huerta Corona y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
Se trata de un asunto de contraposiciones jurídicas, entre quienes consideran que se puede proceder el arrebato del fuero para Carmona Gándara y aquéllos que saben de la imposibilidad jurídica de proceder en ese sentido.
El propio personaje ha expuesto la falta de fundamentos jurídicos para que sus detractores logren dicho objetivo.
Ayer mismo, y en entrevista con la radio nacional, Uriel Carmona recordó que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, lo acusa de no haber contado con los exámenes de control de confianza al momento de ser nombrado en su actual cargo, por el Congreso del estado de Morelos.
Empero, recordó que el marco constitucional vigente entonces y actualmente en la entidad no establece como una obligación que quien ocupa ese puesto deba contar con dichos exámenes al momento de la designación.
Cumplir con ese requisito es una obligación, pero ésta se puede cumplir en los meses posteriores a la designación. El fiscal Uriel Carmona, ya siendo titular de la Fiscalía General de Morelos, aprobó esas pruebas de confianza, justamente acreditadas ante la FGR, la cual le otorgó la documentación correspondiente.
"Por eso tengo la tranquilidad, pues los delitos de los que se me acusan no lo son", señaló.
Por otra parte, recordó que cuenta con una suspensión de un juzgado federal que, de entrada, tiene la duda de que se esté en realidad ante la comisión de un ilícito por parte de Carmona.
El perseguido por la FGR interpuso el pasado 27 de febrero un juicio de amparo contra la orden de aprehensión, detención, búsqueda, localización, presentación, comparecencia o cualquier otra privativa de la libertad y contra la negativa de las autoridades de permitirle el acceso a la carpeta de investigación.
Fue el juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, titular del Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Cuernavaca, Morelos, quien le concedió al servidor público la suspensión provisional para el efecto de que el titular del ministerio público morelense quede a disposición de ese juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere y no sea restringido de ésta.
Ante ello, la Cámara de Diputados federal no tiene la facultad de enjuiciar al fiscal, y ello es lo que está retrasando el tratamiento de dicho asunto, según han destacado diversos analistas que señalan alguna responsabilidad legal en la que incurrirían los legisladores que, pese a esa protección judicial, avanzaran en el procedimiento.
A decir ver fiscal morelense, no pueden hacerlo, sino hasta que judicialmente quedase determinada su responsabilidad por parte del juez federal.
El titular del Ministerio Público recordó que, desde 2018, cuando arribó la administración encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo, también se solicitó al Congreso del estado su remoción, exactamente por el mismo motivo. El acusado promovió, en ese momento, un primer amparo que le dio la razón, con lo que se detuvo esa intención de quitarlo del cargo.
Por ello, Carmona Gándara propone que se proteja a los fiscales estatales del país de ese tipo de procesos porque, como titulares de tales organismos autónomos, deben contar con la seguridad jurídica de poder realizar su labor. Esto, ante ataques de los que puedan ser objeto por parte de fuerzas gubernamentales o políticas que se sientan afectadas, en sus intereses, por la labor del Representante Social.