Ayer, el TEPJF tuvo tres presidentes: una decana, un expulsado y otro con nombramiento exprés. Y nadie tiene la absoluta certeza de cuál es el constitucional y cuál se quedará sólo como legítimo.
El "golpe de Estado" se consumó, y hoy, el Tribunal Electoral tiene dos presidentes. El magistrado José Luis Vargas Valdez fue destituido por una mayoría que lo acusó de traiciones y abusos, y él desconoció a Reyes Rodríguez Mondragón como su sustituto y alegó ejercicio indebido de funciones.
En el transcurso de este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo tres presidentes: una decana, un expulsado y otro con nombramiento exprés. Y nadie tiene la absoluta certeza de cuál es el constitucional y cuál se quedará sólo como legítimo.
Aún más, Vargas Valdez informo que recurrirá a la SCJN para que defina quién es el presidente del Tribunal electoral.
Magistrados piden analizar desempeño del presidente del Tribunal Electoral en público
Este diferendo entre los integrantes del TEPJF se da a semanas de que deban resolver en definitiva las impugnaciones de las elecciones de gobernador como Guerrero y Michoacán.
Después de que hace una semana Vargas Valdez acusó a sus compañeros de votar en manada, ayer por la tarde lo sorprendieron en sesión pública con la petición de Felipe de la Mata Pizaña de agregar en el orden del día el análisis de sus desempeño, lo que los llevó a un debate de una hora que el entonces magistrado presidente dio por concluido de manera unánime ordenando suspender la transmisión que cientos de personas veían como pocas veces, para analizar en privado si sometía a votación o no la petición.
“Les voy a pedir que no estén intentando o provocado un golpe de Estado porque sencillamente no tienen esa función y les recuerdo que ustedes me eligieron. La presidencia se separa solo por una situación de renuncia, y les notifico que no es mi intención renunciar”, dijo Vargas antes de retirarse.
En ese debate, la magistrada Mónica Soto se enfrentó con el bloque mayoritario del que no forma parte, alegando incluso discriminación por no haberla considerado en esta petición sorpresa, “no están en posibilidades de obligarme a votar un asunto que no conozco y que no tiene qué ver con nuestra responsabilidad constitucional”.
Tras el receso obligatorio, el magistrado Vargas nunca convocó a las y los magistrados a una sesión privada como dijo. Por lo que luego de esperarlo una hora, le enviaron un escrito emplazándolo a reanudar la sesión pública en 15 minutos. Vargas otra vez, los ignoró.
A las 15:29 horas, en su calidad de decana, Janine Otálora convocó a todo el pleno a reanudar la sesión pública argumentando “ausencia” del presidente. Por ministerio de ley asumió la presidencia y reanudó la sesión que comenzó destituyendo también al secretario General de Acuerdos, Carlos Vargas Baca por negarse a asistir a celebrarla. Luego, dieron paso a enlistar cada uno, los agravios y deficiencias consideradas suficientes para remover del cargo a José Luis Vargas Valdez.
Por buscar torcer sentencias, actuar con discrecionalidad para retrasar juicios como los de las candidaturas de Morena con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, “no dignarse” a responder a las inconformidades de los magistrados, instruir a sus subalternos a tomar actitudes poco institucionales, ordenar boletines institucionales acusando a los magistrados de obstrucciones y por llamarlos “manada”, fueron solo algunos de los argumentos que cayeron en cascada.
“Si uno omite la ética o no la tiene, estamos en graves problemas. No estamos aquí para beneficiar a grupos de interés o gobernantes. A mi juicio debe censurarse su desempeño en la presidencia por estos hechos y otros más, no es política, no son grillas, yo solo quiero el bien de la institución, de mi casa electorales de toda una vida, le dirijo frases con decencia pero con contundencia, porque ni su desempeño ni el mío serán olvidados, serán juzgados por la historia”, dijo el magistrado de la Mata, autor material de esta petición.
Después, el magistrado Felipe Fuentes quien fue uno de los principales impulsores para que Vargas Valdez llegara a la Presidencia, ahora se dijo inconforme de su desempeño y puso sobre la mesa que además, existe una investigación por enriquecimiento ilícito por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.
“Creo ciertamente en el principio de presunción de inocencia, pero no podemos comprometer la percepción ciudadana ni los principios y valores del servicio público”.
La magistrada Otálora lanzó un posicionamiento contundente en el que acusó que “traición a los principios y deberes” y “poner en riesgo la contienda electoral y el desarrollo de los resultados”, por lo que lo acusó de intereses personales y negarse a someterse al escrutinio social.
“No buscamos el aplauso ni huimos a la crítica, nos sometemos al escrutinio público de la ciudadanía. Nuestra única finalidad es garantizar una presidencia creíble y eficaz. Lo sucedido hoy debe entenderse como una declaración de principios, que la ética y la responsabilidad son la columna vertebral de este tribunal”.
Por unanimidad, los cinco presentes aprobaron destituir a Vargas y nombrar en su lugar a Reyes Rodríguez Mondragón quien llamó a la unidad “sin construir castillos en el aire y caminar en cambio, con los pies firmes en la tierra”.
Soy presidente en funciones: Vargas
Más tarde, en un video, Vargas Valdez se declaró presidente en funciones y acusó a Janine Otálora de ejercicio indebido de funciones, por lo que les advirtió que este jueves convocará a una sesión privada y a una pública pues lo aprobado este miércoles, dijo, no tenía validez.
“Lo sucedido constituye una ruptura constitucional y legal. Somos jueces y tenemos que actuar a la altura de la investidura, los albazos no son la forma en cómo en una democracia constitucional se solventan las diferencias. La elección de la presidencia de ese Tribunal es por periodo fijo y no existe la figura de revocación o destitución por el pleno de la Sala Superior”, más tarde informó que presentaría una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que defina quién es el presidente constitucional.