La Fiscalía General de la República tiene abiertas más de 300 indagatorias que derivan de denuncias interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera durante la actual administración, sin embargo, apenas dos casos se han logrado judicializar, lo que evidencia la poca coordinación entre ambas instituciones
A pesar de los múltiples desencuentros que han trascendido a la arena pública entre los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en la actualidad hay cientos de indagatorias en curso que la primera instancia abrió con insumos provistos por la segunda.
De acuerdo con registros proporcionados por la FGR vía transparencia, las denuncias penales que ha presentado la UIF de Nieto Castillo, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, han dado pie a la apertura de más de 300 expedientes por la vía penal, según el folio 0001700169021 respondido el 5 de julio de 2021.
“Atendiendo el universo estadístico institucional durante el período temporal que comprende 01 de diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2021, fue posible localizar durante el 1 de diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2021, un total de 338 carpetas de investigación iniciadas, derivadas de denuncias realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desglosadas por mes y año de inicio, tipo de delito, entidad federativa y estatus”.
Sin embargo, no todas esas carpetas de investigación continúan vivas, pues hay 30 que están clasificadas como “Archivo Temporal”, “Incompetencia”, “Incompetencia en Razón de la Materia”, “Incompetencia Interna” y “NEAP (No Ejercicio de la Acción Penal)”; las 308 restantes, por lo tanto, son las que continúan en su procesamiento.
No obstante, a decir de especialistas consultados por este diario, y que tuvieron oportunidad de analizar los datos proporcionados por la FGR, los resultados que está arrojando la dupla FGR-UIF son muy menores con respecto a las dimensiones del lavado de dinero en México y de las operaciones financieras que se atribuyen al crimen organizado y a la corrupción política.
Para Keyla H. Vargas Rojas, especialista en materia de lavado de dinero y miembro del equipo de investigación del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE A.C.), resulta de especial preocupación que la FGR de Gertz Manero reporte solamente dos expedientes judicializados dentro de este universo de indagatorias.
“Es realmente lamentable, y con estos números no se puede hablar de una eficiencia o por lo menos en términos de lo que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha señalado como una prioridad en el caso de México. (…)
“Es decir, si solamente en cuatro años (sic) has podido judicializar dos casos y el resto están en trámite qué te dice, que efectivamente el combate al lavado de dinero no es una prioridad”
Keyla H. Vargas Rojas
Especialista en materia de lavado de dinero y miembro del equipo de investigación del CASEDE A.C.
“Y esto obviamente implica el que al final este delito se siga viendo como un delito que no se persigue de manera autónoma (esto es, que suele perseguirse de forma accesoria a otros ilícitos, como narcotráfico)“.
Dinero ilícito en México, el objetivo de la UIF
En la “Evaluación Nacional de Riesgos 2020”, que publicó la UIF en septiembre de 2020, se incluyó una estimación del volumen de fondos ilícitos en México.
“Si bien es cierto que los flujos financieros ilícitos han aumentado considerablemente en los últimos años y que México no cuenta con una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos generados con plena exactitud, también lo es que, se logró obtener información referente al volumen de recursos ilícitos en diversas categorías.
“Se conocen los montos que se denunciaron por la UIF y el monto de los recursos bloqueados, y con ello se pudo esbozar un panorama del volumen de recursos que se manejan en las operaciones realizadas por los sujetos denunciados por LD (Lavado de Dinero)”.
El documento también revela que con esta información se pudo tener una aproximación más confiable del nivel de recursos ilícitos en el país. Aunque no es posible conocer el volumen de recursos ilícitos generados por 8 de las 21 categorías analizadas (21 categorías de delitos graves que el GAFI marca como delitos determinantes de LD).
Mientras que fue parcialmente posible conocer el monto generado por tres categorías: corrupción, contrabando y delitos de participación en un grupo delictivo organizado; el monto estimado generado por las 10 categorías restantes en las que si se cuenta con una estimación clara asciende a aproximadamente a un billón de pesos entre 2016 y 2018.
Para ponerlo en perspectiva, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 será un poco superior a los seis billones 295 mil millones de pesos; aunque sin olvidar que ese cálculo de fondos ilícitos dejó fuera diversas actividades que también deben generar grandes réditos ilegales en México, dice el estudio.
“De la investigación realizada no se logró obtener información que permitiera estimar el monto generado por las siguientes categorías de delitos: delitos de tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de migrantes, explotación sexual, incluyendo la explotación sexual de menores, tráfico de armas, delitos ambientales, falsificación (de documentos), piratería (marítima), uso indebido de información confidencial y privilegiada y manipulación del mercado, y terrorismo incluyendo financiamiento del terrorismo”.
Por su parte, la UIF informó vía transparencia que ha interpuesto un total de 354 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) durante la gestión de Nieto Castillo -al 24 de mayo de 2021-, “por conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, según el folio 0000600169521.
Con respecto a los montos involucrados en sus denuncias, agrega que es necesario señalar que solo se cuenta con el monto de las denuncias correspondiente del 3 de diciembre de 2018 al 24 de mayo de 2021, siendo los siguientes: Depósitos: 483,800,779,673.18 pesos. Retiros: 439,594,158,401.33 pesos”.