La Fiscalía no acreditó la legalidad de la detención de los inculpados; familiares analizan demandar a daños y perjuicios
En la sala seis de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en Xochitepec, el juez Ramón Villanueva determinó como ilegal la detención de los dos jóvenes capturados por agentes de investigación criminal durante la tarde del jueves pasado en la autopista México-Acapulco, acusados de haber atentado contra el convoy en el que viajaba el fiscal del estado Uriel Carmona Gándara.
Versión de los elementos
Al retomar la audiencia de control de detención, el Ministerio Público (MP) expuso que, de acuerdo con el testimonio de los escoltas del funcionario estatal, al salir de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicadas en avenida Apatlaco, en Temixco, los jóvenes comenzaron a seguirlos en un Volkswagen Vento.
Luego de unos instantes, mientras el convoy avanzaba con dirección a la autopista, los jóvenes les hicieron señas para que se detuvieran e incluso intentaron cerrarles el paso en diferentes ocasiones sin conseguirlo hasta que llegaron al kilómetro 97, donde realizaron “una maniobra” para cerrarles el paso y detenerlos.
Pero esa versión le generó varias incógnitas al juez, por ejemplo, cómo fue que durante todo el trayecto, de la FGE hasta el punto de la captura, los elementos no pidieron apoyo o comunicaron lo sucedió al C5. También, cómo es que dos jóvenes sin armas y semidesnudos, tratarían de atacar a un grupo de escoltas.
Argumentos de la defensa
El abogado de los jóvenes afirmó que ambos muchachos nunca estuvieron en el bulevar Apatlaco donde se encuentra la FGE en Temixco y que el auto en el que viajaban ambos presentaba varios impactos de arma de fuego de grueso calibre.
Además, planteó que Javier e Israel no representaban una amenaza para los guardaespaldas, pues primero viajaban sin armas y en segundo lugar, sólo vestían con un bóxer y calcetines.
“Entonces se calificó de ilegal la detención, obviamente porque las acusaciones no eran de acuerdo a la realidad respecto a los hechos que narraban los elementos de la Policía de Investigación Criminal (PIC), quienes eran los que daban la seguridad al Fiscal”, mencionó el abogado José Antonio.
Destacó que el juez del caso resolvió el asunto conforme a derecho basándose en las inconsistencias en las que incurrieron los escoltas al presentar una denuncia en contra de los dos estudiantes.
Una mala experiencia en Morelos
Al escuchar la determinación del juzgador, el semblante de Javier de 18 años de edad e Israel de 20, así como de sus familiares cambió de inmediato, tanto dentro de la sala como al exterior, sin embargo, después de haber pasado todo esto, ambos aseguraron que ya no quieren regresar a Morelos.
“Vamos a denunciarlos por el uso excesivo de fuerza, por la tortura y por todos los daños que nos hicieron. Ya no vamos a regresar a Morelos y pediré que paguen por mi vehículo porque quedó desecho y solamente quiero la reparación de los daños”, dijo el mayor de ellos.
El auto tenía 22 disparos
Fernando Rodríguez, padre de Israel, detalló que el auto ni siquiera era de ellos, pues lo trabaja su hijo como Uber y ahora debe responder por los daños causados.
“En la audiencia escuchamos que el coche tenia 22 impactos de bala, de arma larga. No sabemos si fue una agresión directa, pero escuchamos que hubo disparos de un arma calibre .223”.
Agradeció que ambos pudieran quedar en libertad a pesar de las heridas que les provocaron y señaló que consultarán con sus abogados la viabilidad de denunciar a los agentes por abuso de autoridad y daños.