Dennis Saylor es promotor de más controles y en varios casos que ha llevado en Massachusetts ha establecido que la portación no es un derecho ilimitad
El juez que analizará la demanda mexicana contra los fabricantes de armas más importantes de EU, F. Dennis Saylor, de Massachusetts, es cercano al Partido Republicano, pero ha dejado claro en sus fallos que la Segunda Enmienda de la Constitución estadunidense no implica derechos ilimitados para su portación.
Además, tiene a su cargo una demanda colectiva contra autoridades de Brookline, Boston y New Bedford, que negaron licencias de portar armas a ciudadanos para “cacería, deportes y trabajo”.
Mediante las redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard confirmó: “La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí. Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos”.
El pasado 4 de agosto, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, demandó a varios fabricantes de armas ante una corte de EU por comercio negligente e ilícito “que contribuye al tráfico de armas a México y ocasiona daño directo”.
El juez Dennis Saylor ha sido claro en calificar de delito la portación, venta y transferencia ilegal de armas de fuego en EU por las implicaciones en la seguridad nacional, especialmente si se le vincula con el tráfico de drogas.
Más aun: está de acuerdo en que la Segunda Enmienda de la Constitución estadunidense no representa derechos ilimitados para la portación de armas, uno de los principales argumentos de los fabricantes y cabilderos de la industria de armas de fuego y de los republicanos para mantener sin cambio las regulaciones a la venta de armas en su país.
De extracción republicana, fue propuesto por el ex presidente George W. Bush en 2003 y confirmado en 2004.
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Primera en su tipo
La demanda de México contra Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Century International Arms, Colt, Glock y Ruger & Co, es la primera en su tipo que llega a manos del juez Saylor.
Mientras ya fue admitida a trámite la demanda, quedará por ver si el juez encuentra responsabilidad en los fabricantes de armas en el tráfico hacia México y, particularmente, en el suministro a cárteles de la droga y organizaciones criminales.
Previamente, el juez Saylor asumió tres casos sobre portación ilegal, venta y tráfico de armas.
En 2005, el ciudadano afroamericano Samuel J. Lewis fue acusado con 21 cargos por la adquisición de varias pistolas y escopetas a su nombre, con una dirección falsa y, en algunos casos, como intermediario para otra persona.
Tras un largo juicio, en enero de 2007, fue sentenciado a 15 meses de prisión y a tres años de libertad supervisada. En su momento, la defensa de J. Lewis intentó que se desestimaran los casos, argumentando que se basaron en perfiles raciales y de religión para acusarlo, pues se había convertido al islam.
El juez determinó negar esa moción, recordando que es un delito la adquisición de armas de fuego con falsos testimonios y haciendo énfasis en que los procedimientos deben ser más detallados cuando se trate de “armas peligrosas.”
También dijo que “no es obligación que se ignoren posibles conexiones con el terrorismo o actividades antiestadunidenses”, cuando uno de los argumentos del gobierno mexicano es que los fabricantes de armas de manera deliberada deciden no rastrear las armas que venden y que muchas veces llegan a manos de narcotraficantes.
En 2006, el ciudadano estadunidense Ricardo Rodríguez fue acusado de seis cargos por posesión de escopetas y rifles modificados sin licencia.
Rodríguez llegó a un acuerdo de culpabilidad para asumir la condena a cuatro años de prisión. Sin embargo, en la decisión final el juez Saylor le impuso nueve años de prisión y otros tres de libertad bajo supervisión.
El juez justificó la decisión de no reducir en un nivel la ofensa cometida, debido a que la categoría criminal del caso, posesión ilegal de un arma y transferencia a una persona sin licencia, aumentó el historial criminal del hombre, quien había sido detenido previamente por posesión de mariguana.
La acción civil
Actualmente también es el juez asignado a una demanda colectiva civil de ciudadanos contra autoridades de las ciudades de Brookline, Boston y New Bedford.
Los demandantes aseguran que las autoridades de estas ciudades violaron la segunda enmienda de la Constitución de EU, que habla del derecho de los estadunidenses a portar armas, pues cuando estos solicitaron licencia para portar armas, las autoridades les restringieron el permiso para situaciones de “cacería, deportes y trabajo”.
En una opinión para una solicitud de juicio sumario por parte de los acusados, el juez Saylor se alineó con la Corte Suprema al decir que “como casi todos los derechos, la segunda enmienda no es ilimitada”.