La percepción de las empresas sobre actos corruptos realizados por funcionarios públicos en México disminuyó en los últimos años.
El costo de estos actos de corrupción representaron un total de 887.2 millones de pesos durante el año pasado. (Shutterstock)
La percepción de las empresas sobre actos de corrupción realizados por funcionarios públicos en México disminuyó en los últimos años, al mismo tiempo que mejoró la confianza en las instituciones del gobierno y públicas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) del INEGI, en 2020 el 71.5 por ciento de las unidades económicas en el país consideró que los actos de corrupción eran frecuentes, cifra inferior al 82.2 por ciento de 2016.
Los datos indican que el número de empresas que percibieron muy frecuentes y frecuentes los actos de corrupción fueron 2.9 millones en 2020, en comparación con los 3.7 millones de 2016.
En general, el costo de estos actos de corrupción representaron un total de 887.2 millones de pesos durante el año pasado. Es decir, que por unidad económica, el costo promedio por actos de corrupción fue de 7 mil 419 pesos.
“Esta reducción de la corrupción tiene que ver, por un lado, al incremento de la confianza de las empresas con los diferentes tipos de gobierno federal, estatal y municipal; y eso se vio reflejado en la frecuencia de actos de corrupción”, aseveró Ricardo Alvarado Andalón, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
El experto agregó que hay otros factores que pudieron influir en la reducción de la corrupción como “la pandemia y el avance tecnológico, los trámites que hicieron las empresas a través de Internet aumentaron, disminuyendo la posibilidad de corromper algún trámite dado que no se vio involucrado un funcionario público que puedo haber cometido una acción de corrupción”.
“Sí hay una disminución en cuanto a la percepción de la corrupción, pero los datos siguen siendo muy altos. El mayor problema son los trámites, que son percibidos como un freno para las empresas y muchas veces tienen que recurrir a participar en estos sistemas de corrupción para agilizar el papeleo”, dijo Pablo Montes, coordinador de anticorrupción para Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Sobre el nivel de confianza de las empresas en distintas instituciones, la peor percepción fue hacia la policía, donde el 65.3 por ciento percibió algo o mucha desconfianza; le siguieron los partidos políticos, con 60.8 por ciento y el Ministerio Público, con 47.7 por ciento.
Sin embargo, aumentó la confianza en general, en todas las instituciones: en la policía aumentó de 32.1 a 34.2 por ciento, entre 2016 y 2020; en los partidos políticos subió de 19.5 a 34 por ciento, y en la Cámara de Diputados subió de 20.4 a 46.3.
En el gobierno federal el aumento fue de 26.4 a 62.3 por ciento, y en los institutos electorales la cifra se elevó de 41.2 a 64.5; también destaco el alza en los gobiernos municipales, de 41.0 a 61.1 por ciento.
Corrupción (Especial)
Aumentan costos regulatorios
De acuerdo con la ENCRIGE, el gasto promedio de las unidades económicas por cargas administrativas se incrementó entre 2016 y 2020 al pasar de 58 mil 19 a 95 mil 760 pesos.
A nivel nacional, el costo por el cumplimiento de las regulaciones sumó 238.9 mil millones de pesos, equivalente a 1 por ciento del PIB.
En el caso de las microempresas el costo fue de 33 mil 956 pesos en promedio, cifra que se elevó a 287 mil pesos para las pequeñas empresas, un millón 33 mil para las medianas y 2.3 millones para las grandes.
El 28.2 por ciento de las empresas señaló que el marco regulatorio representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios.
No obstante, de acuerdo con los resultados de la encuesta, se redujo el porcentaje de unidades económicas con una opinión desfavorable sobre la evolución de las cargas administrativas, al pasar de 50.9 por ciento en 2016 a 45.7 en 2020.
“La buena noticia de esta encuesta es que en efecto la percepción de las empresas mejoró en términos de una opinión. Pero desafortunadamente se han vuelto más caras las cargas administrativas”, apuntó Manuel Guadarrama Coordinador de finanzas de IMCO.
“En este sentido, si no se realizan estos trámites se hace una carga en materia de competitividad y de materia económica, es decir, se genera la informalidad, riesgos de corrupción y externalidades negativas”, expuso el experto.
Según la encuesta del INEGI, el mayor problema para la operación de las empresas es la inseguridad, con 58.1 por ciento de respuestas. Le siguen la falta de apoyos del gobierno (37.1); el aumento en los precios de los insumos (32.9), la economía de la entidad (32.5) y el acceso al financiamiento (15.5).