Diferencias de criterio y falta de coordinación, retrasos e insuficientes recursos hicieron que Washington no previniera la masacre pese a las advertencias de la CIA
Arabia Saudí, país aliado y socio preferente de Estados Unidos, acapara todas las sospechas como rampa de lanzamiento, ideológica y material, del 11-S. Así lo creen los 1.800 familiares y amigos de víctimas del cuádruple atentado de 2001 en su reclamación de transparencia al presidente Joe Biden, mediante la desclasificación de material confidencial sobre la conexión saudí. Pero el compás de la duda traza un círculo más amplio, hasta abarcar a un sinfín de sospechosos habituales. Las preguntas alcanzan también al papel de las agencias de inteligencia a la hora de prever la masacre.
A muchos analistas les sorprende que los servicios de inteligencia de EE UU parecieran no reparar en lo que se tramaba en Egipto y Pakistán, otros dos países aliados como Arabia Saudí. No era ningún secreto la arraigada actividad islamista en El Cairo o la efervescencia en Peshawar, cuartel general de los llamados árabes afganos, la legión de voluntarios que en los años ochenta luchó junto a los muyahidines contra el invasor soviético y que, una vez terminada la guerra —si es que ha terminado alguna vez—, regresaron a sus países de origen y esparcieron la yihad globalmente. De Argelia a Irak, de Siria a los suburbios de Bruselas colonizados por la barbarie del ISIS, una derivada ulterior de la inestabilidad que la guerra contra el terrorismo de George W. Bush provocó en la región.
Desde la conclusión de la comisión oficial de investigación del 11-S, en 2004, “se han hallado muchas pruebas que demuestran el apoyo de funcionarios saudíes a los ataques”, explica la carta de los familiares a Biden, “pero el Departamento de Justicia y el FBI han intentado mantener esa información en secreto e impedir al pueblo americano saber toda la verdad”. La misiva, cuyo contenido fue revelado en agosto por la cadena televisiva NBC, hace referencia a otra investigación que se prolongó hasta 2016 y que apuntaría directamente a Riad, aún clasificada.
Intereses comerciales —petróleo; venta de armamento en un mercado muy competitivo...— alimentaban la fluida relación bilateral entre Washington y Riad, hasta que la presidencia de Joe Biden imprimió un giro, en febrero pasado, al desclasificar un informe de inteligencia sobre la implicación del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en el atroz asesinato y descuartizamiento del disidente Jamal Khashoggi, a la sazón correligionario y buen amigo de Bin Laden en sus años de juventud. El cambio de rumbo de la relación podría propiciar una mayor transparencia sobre la investigación, según distintas fuentes.
Los nombres de los sospechosos habituales, del caudillo saudí al egipcio Ayman al Zawahiri o Jalid Sheij Mohamed, presunto cerebro del 11-S, eran desde hacía años conocidos por los servicios de inteligencia de la zona, lo que parece corroborar la inicial desatención de EE UU. Un funcionario del FBI llamado Dan Coleman, cuenta Lawrence Wright en su libro La torre elevada, fue enviado a principios de los noventa a la sede de la CIA, donde encontró un amplio dosier sobre una red de financiación “de causas islámicas” liderada por Bin Laden. Para muchos analistas en esa época, el saudí era solo un financiero, como recuerdan fuentes de inteligencia en el documental Punto de inflexión: 11-S y la guerra contra el terrorismo, recién estrenado. Coleman avisó a sus superiores de que algo se urdía, pero su advertencia cayó en saco roto, hasta que se le encomendó liderar un equipo conjunto FBI-CIA en 1996 para seguir la pista al saudí.
Solo un año después Coleman propuso un plan para sacar por la fuerza a Bin Laden de Afganistán, pero la misión no fue aprobada por sus mandos, según la comisión oficial de investigación del 11-S. Por eso tampoco pudieron impedirse los salvajes atentados contra las Embajadas de EE UU en Kenia y Tanzania en 1998, atribuidos a Al Qaeda. El rastreo de las actividades de los yihadistas prosiguió con desiguales resultados, como demuestra la infinitud de cables desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional, de la Universidad George Washington.
Entre todos ellos destaca uno especialmente premonitorio. “Los documentos publicados por la CIA detallan la meticulosidad del complot de Al Qaeda contra EE UU y los intentos de la agencia de contrarrestar la creciente amenaza terrorista. Un informe de inteligencia que se convirtió en la base de la información transmitida el 4 de diciembre de 1998 al presidente [Bill Clinton], señala que cinco años antes del ataque real [del 11-S], operativos de Al Qaeda habían burlado con éxito la seguridad en un aeropuerto de Nueva York para probar su vulnerabilidad”, reza un documento de diciembre de 1998, publicado por el Archivo en 2012, y titulado “Planificación de Osama bin Laden para secuestrar un avión de EE UU y elusión exitosa de medidas de seguridad en el aeropuerto”.
En el mismo documento se explicaban las razones por las que las agencias de inteligencia de EE UU —18, no siempre bien coordinadas entre sí— no pudieron parar el golpe. “A pesar de las crecientes advertencias sobre Al Qaeda, los documentos publicados hoy ilustran cómo antes del 11 de septiembre, las unidades antiterroristas de la CIA carecían de fondos para perseguir agresivamente a Bin Laden”. El colofón a los errores de cálculo e interpretación cometidos antes de 2001 tuvo su demostración más palmaria este mismo año, ante la miopía sobre el vertiginoso avance de los talibanes en Afganistán, la primera —y última— consecuencia del 11-S.
Del decidido apoyo financiero de EE UU a los muyahidines afganos que combatieron a los soviéticos —el postrer conflicto enconado de la Guerra Fría— se infiere asimismo que la movilización radical no era un secreto para Washington. El tiempo perdido, las lagunas de información y coordinación, se volvieron como un bumerán contra Occidente. “Los errores del FBI y la CIA al no detectar y prevenir el complot del 11 de septiembre, a pesar de las amplias advertencias, alimentaron la desconfianza del público en las agencias de inteligencia. La información deficiente sobre armas de destrucción masiva inexistentes en Irak socavó la confianza pública no solo en los gobiernos que propalaron esas afirmaciones”, sostenía la analista Barbara Keys en un artículo publicado en 2018, en pleno apogeo de las fake news bajo el mandato de Trump. “El resultado ha sido un clima de desconfianza generalizada hacia la autoridad”, proclive al populismo, concluye.