Tras una denuncia de la directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, contra el Foro Consultivo Científico y Tecnológico —ente autónomo que se encargó de presentar propuestas de políticas públicas a tres expresidentes de México— la Fiscalía General de la República (FGR) alista una acción penal contra 31 exfuncionarios y exintegrantes de ese órgano.
En la causa penal 299/2021, el 24 de agosto pasado —siete días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Conacyt si podía entregar recursos al foro— la FGR solicitó a un juez de Control en el Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, Estado de México, las órdenes de captura, pero las negó por “considerar que la fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura”.
De acuerdo con exfuncionarios señalados por la FGR, que pidieron el anonimato, el juez otorgó 15 días a la FGR para subsanar deficiencias y fortalecer sus argumentos; “La investigación está en curso”, confirmaron a EL UNIVERSAL fuentes federales que detallaron que el Ministerio Público prepara una nueva acusación para solicitar otra vez las órdenes de aprehensión.
Esta semana, los periodistas Raymundo Riva Palacio, en El Financiero, y Roberto Rock, en EL UNIVERSAL, pusieron en la escena pública este tema.
Así, la FGR va por 25 exfuncionarios —administrativos e investigadores— del Conacyt de distintos niveles que firmaron las sesiones del Consejo Técnico de Administración donde se aprobaron recursos para el foro a lo largo del sexenio anterior, así como contra seis personas del Foro Consultivo, entre ellos, los últimos tres coordinadores, dos secretarias técnicas y un abogado.
La FGR busca imputarles a esas personas los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, porque los integrantes del Foro Consultivo supuestamente recibieron ilegalmente 50 millones de pesos por parte del Conacyt en la administración de Enrique Peña Nieto.
La acusación deriva de una denuncia presentada por Álvarez-Buylla Roces, quien afirmó que conforme a los reglamentos internos del Conacyt, no existe obligación alguna de transferir recursos al foro, pues consideró que incluso su existencia es ilegal.
Por esta denuncia, la FGR inició la carpeta de investigación FEM/ FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0 000222/2021 en la que coincidió con la denunciante en que fue ilegal que el Conacyt, entonces encabezado por Enrique Cabrero, transfiriera recursos a una asociación civil como el foro.
De acuerdo con los exfuncionarios señalados, se tiene conocimiento que hubo una carpeta de investigación: FED/SEIDF/UNAI- CDMX/0000770/2020, en la cual se investigaron hechos relativos al manejo de recursos por parte del foro; esta carpeta de investigación estuvo radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
El Ministerio Público de la Federación determinó que se debían indagar también los supuestos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por lo que en agosto la pesquisa fue remitida a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
De acuerdo con la primera acusación que la FGR planteó al juez, los delitos provienen de la existencia de una organización criminal integrada por 31 personas las cuales participaron de alguna forma en las operaciones para que el Foro Consultivo recibiera recursos del Conacyt.
A principios de junio de 2021 se presentaron agentes de la policía de investigación a los domicilios particulares de 25 de las 31 personas señaladas. Los investigadores y exfuncionarios, a los que la fiscalía ha intentado aprehender, solicitaron tener acceso a la carpeta de investigación pero no han recibido respuesta.
Desde mediados de 2019, al inicio de la administración de Álvarez-Buylla Roces, el Conacyt desconoció la relación jurídica con el foro y negó asignarle recursos para su operación.
Por ello, la mesa directiva del foro llevó el litigio a los juzgados federales, mismo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde en agosto pasado la Segunda Sala resolvió que, “conforme a la normativa vigente, el Conacyt sí podía transferir recursos a dicha asociación para su operación”, pero el 17 de febrero de 2020 se había reformado el estatuto orgánico del Conacyt para diluir su relación con ese ente.
Como parte de las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita se encuentra la adquisición que realizó el foro de una casa en Coyoacán. Sin embargo, las fuentes consultadas defendieron que la adquisición del inmueble se realizó de manera legal y consensuada en la mesa directiva y que la propiedad del mismo es de las 17 instituciones que la conforman.
La mesa directiva del foro está integrada por 17 entes públicos y privados, entre ellos la Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada, la Concamin, Canacintra, Coparmex, la Academia de Ingeniería, la UNAM, el IPN, el Cinvestav, el Consejo Nacional Agropecuario, la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexicana de la Lengua, y la Academia Nacional de Medicina de México.
Las personas que han dirigido el foro son científicos en activo de la UNAM y la UAM, reconocidos a nivel nacional e internacional, premios nacionales, miembros del Colegio Nacional, profesores distinguidos o eméritos de universidades, exdirectores de institutos de investigación, premiados en otros países, y coordinadores de redes internacionales de investigadores, entre otros.
Una nota técnica elaborada por los señalados detalla que entre los imputados por la FGR se encuentran científicos de gran prestigio nacional e internacional, jóvenes al inicio de su carrera, miembros de universidades públicas como la UNAM, la UAM, el IPN y estatales, centros públicos de investigación y de sociedades científicas.