Primero fueron los pueblos mayas del sur del país arrasados durante la colonización, luego la matanza de la comunidad china en Torreón (Coahuila). Y ahora llega el turno del pueblo yaqui de Sonora, víctima de casi dos siglos de represión y despojo. El presidente Andrés Manuel López Obrador culmina este martes su recorrido por tres de los territorios más estigmatizados de México para pedir un perdón histórico y simbólico en nombre del Estado. En el caso de la comunidad yaqui, las heridas del pasado se mezclan con las del presente. Este lunes, un día antes de la visita del presidente, fueron identificados los restos de cinco hombres de la comunidad que habían desparecido en julio en el sur del Estado, uno de los focos más rojos de la violencia del narcotráfico.
Los cadáveres aparecieron en una fosa común hallada hace dos semanas en una zona serrana a unos 70 kilómetros al norte de Loma de Bácum, la comunidad donde desapareció un grupo de 10 hombres yaquis. Tras la identificación pericial de este lunes, la fiscalía estatal aun busca a otros cinco miembros de la comunidad que fueron vistos por última vez el 14 de julio en los caminos de tierra que conectan varios ranchos del municipio, enclavado en el valle yaqui, en la periferia de Ciudad Obregón, foco del crimen organizado.
El suceso se enmarca en la ola de violencia que azota la zona sur de Sonora, frontera con Sinaloa y ruta del narcotráfico hacia las salidas mexicanas con EE UU por el noroeste. En mayo, semanas antes de las elecciones intermedias, el candidato a la alcaldía de Ciudad Obregón fue asesinado a balazos mientras pegaba carteles a las cuatro de la tarde en una de las avenidas principales. En junio, dos líderes comunitarios fueron también asesinados en la zona.
Ampliando el foco a nivel estatal, Sonora es uno los estados donde más aumentaron los homicidios en 2020. Y la tendencia continúa en lo que va de año. Días antes de la desaparición de los 10 hombres, la intervención de un dispositivo especial de Ejército y la Guardia Nacional en uno de los poblados de Bácum se saldó con el decomiso de casi 500 kilos de metanfetamina, según informó la Secretaria de la Defensa Nacional. La entrada del Ejército en territorio yaqui, gobernado por usos y costumbres, provocó encontronazos con los representantes de la comunidad, que denuncian el supuesto interés de las autoridades en preparar el terreno para avanzar en el desarrollo de varias concesiones a empresas privadas.
Distribuidos por el valle que abraza a la Ciudad Obregón, ocho pueblos yaqui —que agrupan a cerca de 40.000 miembros— están acostumbrados a dar la batalla por su territorio. Antes incluso de quedar atrapados en medio del fuego cruzado y la madeja de intereses no siempre clara entre autoridades locales y crimen organizado. Durante el siglo XIX, comenzaron los primeros roces por la defensa de su tierra y su autonomía. El dictador Porfirio Díaz, padre de las primeras grandes concesiones a empresas extranjeras, ordenó a finales del siglo la deportación de miles de yaquis a la península de Yucatán.
El Gobierno de Lázaro Cárdenas, uno de los más progresistas tras la revolución, firmó en 1940 un decreto que reconocía ciertos derechos a la comunidad sobre el territorio, como una cuota del 50% del agua existente en el caudal del dicho río que lleva su mismo nombre. En un territorio extremadamente seco, el reparto del agua del Río Yaqui ha sido uno de los principales caballos de batalla, provocando enfrentamientos y reclamaciones constantes entre la comunidad, empresas privadas y el Estado.
Sobre todo a partir de la construcción en la década de los 2000 del acueducto de la Independencia, una infraestructura que extrae agua de uno de los embalses que abastecen a los yaquis para llevarla a Hermosillo, la capital del Estado. La campaña de protesta se remite a los Gobiernos panistas de hace más de 10 años y llegó a provocar el encarcelamiento de algunos de sus líderes.
Además del gesto simbólico del perdón, López Obrador llegará este martes con un plan económico que busca apuntalar con hechos el discurso de la reconciliación. El llamado Plan de Justicia del Pueblo Yaqui contempla una inversión federal de alrededor de 580 millones de dólares. Aprobado por unanimidad por la junta de gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), las lineas generales del acuerdo incluyen la cesión de tierras, el derecho al agua, así como acciones para el desarrollo social en salud y educación. Un prolongación de lo acordado en su momento por Lázaro Cárdenas, una de los figuras históricas de referencia para López Obrador y de la que se siente heredero y continuador.