De acuerdo a información proporcionada por integrantes del bloque opositor al gobernador del estado, se menciona que los primeros acuerdos establecen que sea el 16 de agosto la primera acción de protesta, toda vez que es la fecha cuando los diputados locales convocaron a iniciar el periodo extraordinario de sesiones.
Una de las iniciativas que pretenden aprobar los legisladores tiene que ver con la reforma constitucional que convierte a la UAEM en un organismo público autónomo, lo que faculta al Congreso local para nombrar a un Auditor Externo e inmiscuirse en la vida universitaria.
Ante ello y las acciones irregulares de los legisladores, quienes han sesionado a media noche y resguardados por elementos de seguridad, los universitarios anunciaron que no lo permitirán y, además del diálogo al que han convocado, se habla de una megamarcha que partiría del campus Chamilpa, a la cual se sumarían diversas organizaciones civiles.
La aprobación a las nuevas leyes del Instituto de Crédito y de Modernización del Transporte por parte de los legisladores sumó la inconformidad de todos los sectores, cuyos representantes anunciaron que para el 16 efectuarían cierres carreteros para mostrar su rechazo a las reformas que dan entrada al Morebús y a la, dicen ellos, privatización del sistema en el estado.
Además, los mismos sindicatos de Trabajadores de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial mantienen "tomado" el Congreso del Estado y manifiestan que no lo dejarán ni permitirán que sesionen los diputados, hasta que echen abajo las reformas.
En el mismo sentido la iglesia católica, a través del obispo Ramón Castro dio a conocer que se sumará a las manifestaciones de protesta contra el gobierno actual, con el argumento de que la situación en Morelos ya es "insoportable" y es necesario un cambio de inmediato.
Los grupos opositores al gobierno de Graco Ramírez analizan solicitar la desaparición de poderes en Morelos, con los argumentos antes citados.
Cabe destacar que la desaparición de poderes es un proceso legal mediante el cual se declara que, por distintas causas, políticas o sociales, han dejado de existir como tales los poderes públicos de un estado de la Federación de México y, por lo tanto, el gobierno federal, en este caso el Senado de la República, interviene por sobre la soberanía del estado para designar nuevos poderes que sustituyan a los desaparecidos.