Yacen en tumbas clandestinas esparcidas por el desierto, mezcladas en fosas comunales o cortadas en pedazos y esparcidas en las laderas desecadas.
Enterradas sin un nombre, a menudo todo lo que queda una vez que sus cuerpos se han ido son las tripas vacías de una persona: una sudadera ensangrentada, una blusa con volantes, un vestido hecho jirones.
Por todo México, las madres deambulan bajo el sol abrasador, hurgando en la tierra y olfateando el olor delator de la carne en descomposición, esperando un fragmento que apunte hacia su hijo o hija desaparecidos.
México se está acercando a un hito sombrío: 100,000 personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de Búsqueda de México, que mantiene un registro que se remonta a 1964.
En un país asolado por una guerra contra las drogas sin fin, la muerte puede sentirse omnipresente. Las tasas de asesinatos aumentan inexorablemente, y ahora superan los 30.000 al año. Imágenes macabras de cadáveres colgados en puentes o arrojados al costado de las carreteras cuando aparecen advertencias en los noticieros. Las técnicas de tortura reciben apodos.
Pero la desaparición puede ser el golpe más cruel. Priva a las familias de un cuerpo para llorar, de respuestas, incluso de la simple certeza y el consuelo de la muerte.
Los desaparecidos persiguen la memoria colectiva de México, un testimonio aplastante de la incapacidad de un gobierno tras otro para detener el derramamiento de sangre y llevar a los criminales ante la justicia.
Los rostros de los desaparecidos se asoman, más grandes que la vida, en pancartas y carteles en plazas públicas de todo México, sobre mensajes de familiares que piden información sobre su destino.
Entre los ejemplos más conocidos: la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de un colegio de profesores rural en la localidad de Ayotzinapa. Una investigación dirigida por Enrique Peña Nieto, el presidente en ese momento, culpó a un cartel de la droga local y a la policía municipal. Pero esa explicación ha sido ampliamente condenada por expertos internacionales, incluidas las Naciones Unidas, que encontraron que el proceso había sido "empañado por torturas y encubrimientos".
Se cree que los estudiantes están muertos, pero nadie sabe dónde están sus cuerpos, quién lo hizo o por qué.
Bajo el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, las autoridades han tratado de enmendar tales atrocidades y ayudar a las familias a encontrar respuestas. Además de relanzar una investigación sobre la suerte corrida por los 43 estudiantes, López Obrador ha brindado su apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda para localizar a los desaparecidos.