Juez ve riesgo de fuga por la capacidad económica del exdirector de Pemex; su defensa busca librar delitos con un acuerdo de reparación por cinco mdd; exfuncionario rechaza responsabilidad en la compra a sobreprecio de planta de fertilizantes; dice que sólo cumplió con mandato impulsado por el Pacto por México
Luego de la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia determinó modificar la medida cautelar a prisión preventiva justificada para Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso Agronitrogenados.
Durante la audiencia, celebrada en Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, el agente del Ministerio Público alegó la necesidad de modificar la medida cautelar al exfuncionario federal, en virtud del alto riesgo de fuga derivado de su capacidad económica.
Al tener conocimiento de la medida cautelar impuesta desde la semana pasada contra Lozoya Austin, el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza consideró que sería ilógico aplicar otra, pues dejaría al acusado en el “limbo” jurídico, tiempo que se le podría descontar en caso de una sentencia condenatoria.
También ordenó que se le retirara el brazalete electrónico y que se le devolvieran sus documentos migratorios, porque dentro del penal no los podría utilizar. Por lo que su defensa expuso la imposibilidad material para poder cumplir con la medida cautelar.
En este caso, al exdirector de Pemex se le acusa de los delitos de cohecho y lavado de dinero, por recibir un soborno de 3.5 millones de dólares para la compra a sobreprecio de una planta del complejo de Pajaritos, Veracruz, propiedad de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).
Alonso Ancira, propietario de dicha compañía, se comprometió a pagar a Pemex 216 millones 664 mil dólares, gracias a lo cual abandonó el Reclusorio Norte, donde había permanecido encarcelado desde febrero pasado; Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, informó que insistirá en un acuerdo reparatorio por cinco millones de dólares, a cambio de que la Fiscalía retire las imputaciones.
La intención de la defensa era que sean cancelados los procesos contra su cliente por los casos Agronitrogenados y Odebrecht; sin embargo, Lozoya declaró que, independientemente de que está gestionando la reparación del daño, él no acepta responsabilidad sobre los hechos imputados.
La propuesta del acusado es entregar un inmueble con un valor de 3.4 millones de dólares para llegar al acuerdo reparatorio. La FGR mencionó que la compra provocó un daño a Pemex por casi ocho mil millones de pesos, porque la planta era obsoleta, pues tenía 14 años sin estar en funciones.
Sin embargo, durante la audiencia el exfuncionario alegó que sólo cumplió el mandato promovido por el Pacto por México para impulsar la producción de fertilizantes.
La denuncia fue presentada en julio de 2020 y Lozoya fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No obstante, el ahora recluso aseguró que fue asesor de un proyecto del Tren Toluca-México, desarrollado por AHMSA, de donde obtuvo un pago, que fue anterior a su designación como titular de Petróleos Mexicanos.
El abogado de Lozoya señaló que hay una “ilegitimidad” en la prisión preventiva justificada impuesta a su cliente, y solicitará que, en el marco de un acuerdo reparatorio, se proceda a la reparación del daño causado y se extinga la acción penal.
Durante la audiencia, también se dio a conocer que la parte acusada apeló ante un tribunal unitario la prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht, que le dictó un juez el pasado 4 de octubre.
El exdirector de Pemex fue detenido en Málaga, España, en febrero de 2020 y llegó a México el 17 de julio de ese mismo año. La Fiscalía General de la República logró su vinculación a proceso el 29 de julio, por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.
A su llegada a México, el exfuncionario fue trasladado a un hospital debido a que presentó problemas de salud importantes, lo que fue ratificado por un médico de la propia familia y, tras la pandemia de coronavirus, sus comparecencias en los juzgados fueron desahogado de manera virtual.
Recordar que apenas el pasado 10 de octubre, en redes sociales circularon fotografías que mostraban a Emilio Lozoya cenando con varias personas en el restaurante “Hunan” de la Lomas.
Por lo anterior, la comunicadora Lourdes Mendoza, quien publicó las fotos, apuntó que con estas imágenes “queda en evidencia el pacto de impunidad entre Emilio Lozoya y la Fiscalía General de la República. Señalan a gente inocente mientras él goza de la gran vida”.
El dato: Dos testigos citados por Emilio Lozoya se negaron a respaldar su versión, ante fiscales, de que Ricardo Anaya recibió sobornos de Odebrecht, reveló el Wall Street Journal el pasado lunes.