Bruselas.— Cuando se trata de asesinatos por encargo de figuras políticas, autoridades locales, cuerpos de seguridad, periodistas y representantes del sistema judicial y el sector privado, no hay quién le haga sombra a México.
El país aparece en lo alto de la base de datos sobre asesinatos a sueldo vinculados al hampa elaborada por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), institución independiente con sede en Ginebra, Suiza.
Entre 2019 y 2020, la instancia internacional contabilizó al menos 2 mil 700 casos en 84 países; aunque un puñado de naciones concentró 85%, de acuerdo con el análisis que expone los resultados de una investigación sobre el papel de la delincuencia en las ejecuciones por “contrato”.
México encabeza la lista con 545 casos, seguido por El Salvador, Colombia, Sudáfrica, Paquistán, Brasil, Filipinas, Kenia y Mozambique.
El informe, elaborado por Ana Paula Oliveira y Nina Kaysser, precisa que las cifras deben considerarse con cierto grado de cautela, debido a la cobertura limitada en medios de comunicación, fuente principal de la base de datos. Señala que México destaca por el “inusual” número de casos en donde la motivación es desconocida, 26% del total.
“Esto se debe en gran parte por el número de casos reportados sin identificar a la víctima. En varios casos, los perpetradores dejan mensajes en los cuerpos, acusando a las víctimas, no identificadas, de pertenecer a un grupo o cártel rival, de ser violadores, ladrones o extorsionadores”. De los acontecimientos identificados, el principal eje de las ejecuciones por paga es el delictivo, 51%, seguido por la política, 14%.
“En la práctica, los dos ejes conductores, la política y el crimen organizado, se entrecruzan en muchos casos en el contexto latinoamericano”. El principal blanco en México es el personal de seguridad, una de cada cinco víctimas. “Agentes de policía de todos los rangos son blanco frecuente de los grupos delictivos en México”. Señala que por lo regular, son atacados cuando están fuera de servicio, a menudo, por su trabajo de investigación, pero también por su participación en actividades delictivas.
“Los informes muestran que los policías en México son altamente vulnerables a la corrupción y a la asociación criminal, se ven atraídos por la oportunidad de obtener ingresos adicionales dadas las malas condiciones de trabajo, los bajos salarios, la falta de capacitación y los elevados niveles de impunidad (...) Se estima que más de un policía es asesinado cada día”.
Al igual que el resto de las naciones latinoamericanas que figuran en la lista negra, el método más usado es el arma de fuego, la cual fue utilizada en 86% de los incidentes. “Norteamérica ha contribuido en gran medida a los flujos ilícitos de armas de fuego a Centroamérica y Sudamérica. En México, por ejemplo, se estima que alrededor de 200 mil armas de fuego ingresan ilegalmente cada año, 70% por la frontera con Estados Unidos”.
El reporte indica que los asesinatos por encargo son usados por redes delictivas para hacer prevalecer sus intereses políticos, económicos y criminales.
Sostiene que es una táctica empleada para mantener el control de las comunidades en donde tienen presencia, con el fin de preservar sus mercados ilícitos o infiltrarse en las instituciones.
Es una práctica empleada para silenciar a sus opositores o intimidar a quienes intentan desafiar su status quo, los investigan o tratan de interrumpir sus actividades. El uso de sicarios debe verse como una actividad comercial que en ocasiones es empleada para financiar otras actividades ilícitas.