Piden 11 empresas a Corte de Massachusetts desechar caso, ven argumentos vagos; México no puede usar su ley para regularlos, sostienen; cancillería asegura que esperaba esa respuesta y por ahora “no se gana ni se pierde”; expertos consideran difícil que se pueda ganar el pleito
Los 11 fabricantes de armas estadunidenses que demandó el Gobierno federal pidieron este lunes a la Corte federal de Boston, Massachusetts desechar el caso porque consideran que viola las leyes de su país, además de que no tienen la obligación legal de proteger a nuestro país de los delincuentes mexicanos.
En respuesta, Alejandro Celorio Alcántara, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró que este lunes, no se gana, ni se pierde el litigio, porque “comienza la esgrima jurídica”, comentó en su cuenta de twitter.
También detalló que el equipo legal de la SRE analiza las respuestas de las empresas y destacó además que el Gobierno de México tiene hasta el 31 de enero de 2022 para contestar a los alegatos de las armerías.
“Inspirados, resueltos y comprometidos”, dijo Celorio Alcántara, frase que acompañó con una foto de la bandera de México en una oficina del gobierno federal.
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A través de iun comunicado, las empresas estadounidenses fabricantes de armas aseguraron que no tienen obligació legal sobre los criminales mexicanos que hacen mal uso de estas armas.
Fabricantes de armas estadounidenses piden a corte de Massachusetts desestimar demanda de México en su contra
El pasado 4 de agosto el gobierno mexicano presentó una demanda civil en la Corte de Estados Unidos de Massachusetts, en contra de 11 empresas privadas fabricantes de armas de fuego.
Dos semanas después, la Corte de la ciudad de Boston aprobó el litigio y notificó a fabricantes y proveedores acusados de saturar a propósito el mercado con armamento atractivo para los cárteles.
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Entre los alegatos presentados en conjunto por las armerías, están que “México no puede usar la ley mexicana para regular a las empresas estadounidenses fabricantes de armas”, y que “las empresas de armas no tienen la obligación legal de proteger al gobierno mexicano de los criminales mexicanos que hacen mal uso de estas armas”.
La empresa Sturm, Ruger & Company, Inc. (“Ruger”), que presentó por separado su defensa, estableció que “en un intento de fabricar una jurisdicción personal específica donde de otra manera no existe, el gobierno mexicano alega que esta empresa vendió armas de fuego a Witmer, luego a distribuidores minoristas no especificados en los Estados Unidos”.
“Esta altamente atenuada cadena de hechos fallidos es para establecer el vínculo necesario entre Massachusetts y las reclamaciones del gobierno mexicano contra Ruger”
“Ruger”
También remarcó en su alegato que “las alegaciones de México también demuestran que el ejercicio de la jurisdicción sería irrazonable. En consecuencia, la Corte debe rechazar el intento del Gobierno mexicano y aceptar la moción de "Ruger" de desestimarlo”.
La empresa fabricante argumentó en su defensa que “el gobierno mexicano se basa en una cadena de eventos vaga, sin fundamento y altamente atenuada descrita anteriormente que involucra a presuntos y múltiples actores no relacionados con Ruger, algunos de los cuales supuestamente actuaron de manera criminal”.
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“Para conectar las actividades legales de Ruger en Massachusetts con la violencia criminal en México, un tribunal no puede hacer valer la jurisdicción personal específica sobre un acusado basándose en alegaciones concluyentes, atenuadas e indirectas”, insistió.
La armería concluyó que “los contactos de "Ruger" con Massachusetts no están relacionados con las causas de acción del gobierno mexicano cuando alegan que es legalmente responsable de tráfico y uso delictivo de armas de fuego por terceros remotos en México”.
Las compañías fabricantes de armas demandadas son:
Smith & Wesson Brands Inc.
Barrett Firearms Manufacturing Inc.
Beretta USA Corp.
Beretta Holding S.P.A.
Century International Arms Inc.;
Colt’s Manufacturing Company LLC
Glock Inc.
Glock Ges M.B.H.
Sturm, Ruger & Co. Inc Witmer Public Safety Group Inc.
D/B/A Interstate Arms.
“La esgrima comienza”; responderá SRE
La SRE respondió posteriormente en un comunicado que como estaba previsto, las armerías presentaron sus alegatos para tratar de frenar el litigio, por lo que en coordinación con otras dependencias federales, van a preparar los argumentos y la evidencia para responder el 31 de enero de 2022 ante la Corte de Boston. Las armerías tendrán que entregar una contrarréplica a la Corte el 28 de febrero de ese mismo año, recordó la SRE.
“Tales señalamientos se atenderán de manera precisa en el escrito de réplica y ante la corte. De ninguna manera se litigará este caso en los medios de comunicación”, advirtió la cancillería.
Expertos ven difícil que se gane la demanda
La demanda que interpuso el Gobierno de México en contra de 11 empresas estadounidenses, a las cuales acusó de facilitar activamente el flujo de armas hacia los cárteles de la droga, no tiene mucho futuro para prosperar, aunque el tema de tráfico ilegal de los artefactos es fundamental en la agenda bilateral con Estados Unidos, señalaron expertos.
Alfredo Jalife-Rahme Barrios, escritor y experto en relaciones internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso a La Razón que aunque es muy difícil que México gane el juicio, esta petición ya influyó en la venta de armas, al caer 37 por ciento la cotización de éstas.
“Lo veo muy difícil, es casi imposible que un mexicano gane un juicio en Estados Unidos, porque también nos enfrentamos a la discriminación implícita jurídica”, señaló.
El especialista aseveró que Estados Unidos es uno de los principales responsables de la inseguridad que se vive desde hace años en el país, pero recalcó que el gobierno de Joe Biden se ve dispuesto a colaborar con este tema.
Gráfico
“Lo que está haciendo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le beneficia a los demócratas, porque Biden sí quiere disminuir el asunto de tráfico de armas ligeras”, dijo.
Jalife-Rahme Barrios también apuntó que “desde 2009, año en el que estaba al frente de la fiscalía Eric Holder, Estados Unidos es el que abastece de armas a los cárteles de droga en México, sin armas, estos no podían enfrentarse al ejército mexicano, así de sencillo”.
Cabe destacar que la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, acordaron durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, crear un grupo de trabajo sobre el tráfico de armas, los delitos relacionados a éste y la seguridad en la frontera.
Por su parte la politóloga del Tec de Monterrey, Arlene Ramírez Uresti, coincidió en que a la demanda interpuesta por México contra los armeros norteaméricanos no se le ve futuro para que México gane, pero destacó que el tráfico de armas es un tema muy importante en la agenda bilateral.
“Es un tema fundamental para la agenda bilateral entre Estados Unidos y México, pero también complejo, ya que el canciller Ebrard tendrá que destacar las políticas públicas que se llevan a cabo en el país, para en verdad poder lograr ponerle un freno al problema del tráfico de armas por parte de Estados Unidos”, subrayó.
Ramírez Uresti señaló en entrevista con este diario que México tiene que dejar de depender del gobierno de Joe Biden, para avanzar con los temas de violencia e inseguridad en el país, ya que si bien el tráfico ilegal de armas es un elemento negativo, no es el único culpable de la crisis que se vive.
“A México le corresponde tener una política clara de seguridad, el Gobierno mexicano no puede depender sólo de Estados Unidos para solucionar la violencia interna, esto tendría que ser parte prioritaria de la agenda del actual Gobierno”, puntualizó la politóloga.
Por su parte, Leopoldo Rodríguez Aranda, especialista en seguridad y director de la consultoría especializada en gerencia pública GESEC, está de acuerdo en que México no tiene posibilidades de ganar la demanda, pero no comparte la misma opinión de que las armas son la causa de la violencia.
“El Gobierno ha utilizado el problema de las armas como una bandera para señalar en la opinión pública que está haciendo cosas por la violencia que vivimos desde hace más de 15 años en el país, esto le permite mantener una buena imagen, pero esto sólo sirve de premio, ya que en realidad ésa no es la única razón de la violencia”, precisó el especialista.
Ebrard: 75% de crímenes en AL, por tráfico ilícito
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, llamó a los gobiernos del mundo y al sector privado a implementar medidas para evitar el tráfico de armas, ya que tan sólo en América Latina 75 por ciento de los homicidios y feminicidios ocurren con armas ligeras adquiridas de manera ilícita.
“En América Latina entre el 75 y 80 por ciento se llevan a cabo con armas del tráfico ilícito, y las empresas que distribuyen las armas participan en esto. Es un problema que ocurre en todo el mundo, a mayor disponibilidad de armas, menores posibilidades de reducir la violencia en el mundo”, aseguró.
Durante su participación en el consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que este mes preside México, el Canciller moderó el debate “El impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad”, donde aseguró que el tráfico ilícito de armas debe atenderse con acciones concretas.
“Muchos son los esfuerzos que desde las Naciones Unidas se han emprendido para fortalecer la cooperación y acción conjunta, que permitan prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras, así como sus terribles consecuencias. Sin embargo, nuestros esfuerzos han sido, debemos reconocerlo, insuficientes”, afirmó.
También dijo que México considera que los gobiernos y el sector privado deben de trabajar en conjunto para frenar el tráfico de armas y sus efectos nocivos en las poblaciones.
“Los actores privados deben contribuir con acciones decisivas de autorregulación y de monitoreo de sus cadenas de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse que las que fabrican bajo la ley, no lleguen a manos criminales”, aseveró.
Ebrard afirmó que “si no hubiera una disponibilidad casi ilimitada de armas, la mayoría de los conflictos armados bajo la agenda del Consejo tendrían más oportunidades de soluciones pacíficas. Mientras los actores en conflicto, especialmente aquellos grupos no estatales, mercenarios y criminales, mantengan su poderío militar y material, optarán por la vía de la fuerza por encima del diálogo, la política y la diplomacia”.