La industria automotriz mexicana no levanta cabeza. La producción en noviembre cayó por quinto mes consecutivo. El dato refleja la persistencia de problemas con el suministro de microchips, que el sector esperaba haber solucionado a estas alturas. No ha sido así. Junto con esta escasez de materiales, la propuesta de reforma energética en México y la amenaza del Gobierno de tomar represalias contra EE UU si aprueba incentivos a los autos eléctricos alejan la posibilidad de una pronta recuperación tras la pandemia y oscurecen el futuro de una industria clave.
Ha sido el peor noviembre en una década. Aunque la reapertura de la economía impulsó los números en un primer momento, desde julio el sector ha encadenado retrocesos. La producción en noviembre, de 248.960 vehículos, cayó un 20% respecto al mismo mes del año pasado, ha revelado este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El volumen es un 25% menor al de febrero de 2020, justo antes de los confinamientos por la pandemia en Norteamérica. Algunas armadores han tenido que entrar en paros técnicos ante la falta de materiales y encajado caídas abrumadoras, como el 69% de Mercedes Benz o el 42% de BMW.
Los datos desafían las esperanzas de la automotriz mexicana, que representa cerca del 4% del PIB y 19% del industrial, según la Secretaría de Economía. En agosto, el sector preveía que la escasez de microchips se resolviera para finales de 2021 y el presidente de la asociación automotriz AMIA, José Zozaya, se mostraba optimista sobre la producción de vehículos. “Quisiéramos superar los números de 2020 y ojalá alcanzar 2019″, señalaba a este periódico. El optimismo se ha ido desvaneciendo. La asociación ahora cree que la producción este año cerrará por debajo de la de 2020 y que no se recuperarán los niveles anteriores a la pandemia hasta 2024.
La escasez de microchips, también conocidos como semiconductores, está siendo un hueso duro de resolver. Durante la pandemia, cuando la demanda de vehículos se desplomó por las restricciones de movilidad, los fabricantes de microchips se concentraron en el sector de computadoras y dispositivos electrónicos, en pleno auge por el teletrabajo. Tras la reapertura, la industria automotriz mundial se topó con una oferta insuficiente de semiconductores. Un entuerto al que todavía no se ve salida inmediata.
“No tiene una solución de corto plazo”, ha asegurado este lunes en conferencia de prensa el director general de AMIA, Fausto Cuevas. “Ya hay avances, pero esto no es cuestión de una semana o un mes. Se va ir dando poco a poco”. El economista José Luis de la Cruz ve un cambio estructural. “El sector de los semiconductores se ha mudado hacia aquellos productos que son de mayor valor agregado. El automotriz ha sido relegado y solucionarlo no es fácil. Las inversiones para la instalación de nuevas fábricas de chips van a llevar entre uno y dos años”, afirma.
Más allá de los microchips
No es la única nube negra. El Gobierno de Joe Biden ha anunciado un programa de incentivos fiscales en EE UU para la compra de autos eléctricos como parte de un desembolso billonario frente a la crisis económica del coronavirus. De los 12.500 dólares que un comprador estadounidense podrá recibir, 4.500 se pagarán solo si los vehículos están ensamblados en fábricas de EE UU con contratos colectivos de trabajo y otros 500 dólares si utilizan baterías con al menos un 50% de componentes nacionales.
La iniciativa, pendiente de la aprobación en el Senado, ha encendido las alarmas al otro lado de la frontera. En lo que va de año, México ha destinado el 68% de su producción automovilística al vecino del norte. El incentivo colocaría a las exportaciones mexicanas, de combustión en su inmensa mayoría, en desventaja frente a los vehículos estadounidenses. Además, puede ahuyentar la inversión en autos eléctricos en México, un sector pequeño pero incipiente. Ford empezó a fabricar el año pasado un modelo en el país latinoamericano y General Motors contempla abrir una línea de producción en el Estado de Coahuila para 2023, según AMIA.
Espadas en alto. El Gobierno mexicano considera que la propuesta viola el T-MEC, el tratado de libre comercio de Norteamérica, y ha amenazado con tomar represalias y llevar el conflicto ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), un proceso que puede alargarse años. La industria automotriz ha respaldado este lunes la respuesta, aunque ha señalado los riesgos de una escalada. “Nos parece que la postura del Gobierno ha sido la adecuada”, ha dicho Fausto Cuevas. “Podría establecer aranceles, pero no creo que esa sea la solución. Nos llevaría a una guerra comercial que no beneficia a la integración regional de la industria que es lo que estamos buscando”.
La otra política que ensombrece el futuro del sector es doméstica. La iniciativa de reforma energética constitucional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador propone cancelar los contratos de centrales eléctricas privadas, muchas de ellas renovables, que abastecen a empresas a precios más baratos que los ofrecidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La industria automotriz es una de las grandes beneficiadas por este esquema y su cancelación provocaría, según AMIA, un incremento de las tarifas y una pérdida de competitividad.
Más allá del impacto sobre el bolsillo, la propuesta de reforma choca con los compromisos de algunas armadoras de suministrarse de electricidad a partir de fuentes renovables. El presidente para México de General Motors, Francisco Garza, advirtió a finales de noviembre de que la propuesta constitucional dificulta la capacidad de la empresa para cumplir con las metas. “Si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión, porque no van a estar estipuladas las condiciones para que nosotros cumplamos con nuestro objetivo de ser cero emisiones a largo plazo”, dijo Garza en un foro financiero.
Para retener el atractivo como destino de inversión, el economista José Luis de la Cruz afirma que el Gobierno debe calmar las aguas, en lugar de agitarlas. “Las decisiones corporativas de donde se van instalar las fábricas se van a tomar en Europa, Estados Unidos. México lo que puede hacer es generar las mejores condiciones para atraer las inversiones, un entorno fiscal y legal.. El tema energético es estratégico”, concluye.