La Consejería Jurídica de la Presidencia recurrió otra vez al argumento de riesgos para la seguridad nacional, ahora para ocultar informes de espionaje con el sistema Pegasus.
Se trata de reportes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) clasificó como reservados por cinco años y que el Instituto Nacional de Acceso a la Información había ordenado difundir.
La Consejería recurrió a la Corte para alegar que la UIF se vería en riesgo si se difunde información que recaba.
El 21 de julio, el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer detalles del contrato por 32 millones de dólares que la ex PGR adjudicó en 2014 a la empresa israelí NSO Group, para obtener Pegasus, y anunció el bloqueo de cuentas. Cuando particulares pidieron el expediente, la UIF se negó.
"La mínima acción de especificar o señalar los datos o información con los que se cuenta en nuestros archivos, implicaría revelar los datos específicos que esta Unidad analiza y utiliza para la generación de inteligencia para la seguridad nacional", respondió.