Intercambian acusaciones los diputados y reciben críticas de Ejecutivo y empresarios
A dos días de que concluya el plazo constitucional del que dispone el Congreso local para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022, la fractura entre diputados de la LV legislatura va en ascenso; aunque también ambos bloques se convocaron al diálogo.
Ayer, el G-9 desconoció primero la supuesta remoción aprobada por el G-11 (durante la noche del domingo) de la diputada Paola Cruz Torres de la presidencia de la Junta Política y de Gobierno, al ser violatoria del proceso legislativo, que marca entre otros aspectos que las sesiones deben convocarse con 24 horas de anticipación, además de que el acuerdo de remoción debió salir de la Junta Política.
Las diputadas aseguraron que la verdadera intención de G-11 es apoderarse del control de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), órgano que debe revisar la gestión de las recientes administraciones municipales de quienes actualmente son diputados, y por ello es que hace días los legisladores emprendieron una serie de acciones para coaccionarlas.
Respecto a la discusión del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2022, aseguraron que han realizado una serie de propuestas para fortalecer diversos sectores, como la salud y educación, aunque el otro bloque de diputados no les ha permitido conocer el dictamen.